Aunque el Ejecutivo intentó que a la Presidencia de esa célula legislativa llegara la representante Karyme Cotes, finalmente el pulso lo ganó el vallecaucano Leonardo Gallego. Katherine Miranda será vicepresidenta.
Pasados más de 15 días desde la instalación del nuevo periodo legislativo, y luego de dos aplazamientos, finalmente este martes la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes eligió a su mesa directiva. Se trata de una determinación de primer orden.
La disputa para presidir esta célula legislativa –que tramita las denuncias contra el presidente Gustavo Petro–, estaba zanjada entre los representantes liberales Leonardo Gallego (Valle del Cauca) y Karyme Cotes (Sucre). Si bien Cotes se consideraba más cercana al gobierno de Gustavo Petro y hubo reclamos por supuestos movimientos desde Palacio a su favor, finalmente la puja la ganó Gallego.
Por si fuera poco, como vicepresidenta fue elegida la representante de la Alianza Verde Katherine Miranda, quien venía de perder el pulso por la Presidencia de la Cámara y quien es considerada del ala independiente y crítica de los verdes frente al Ejecutivo.
La llegada de Gallego y Miranda a la mesa directiva representa un revés para el Gobierno Petro que –con miras a evitar un eventual juicio político–, habría intentado favorecer a través de llamadas y encuentros la llegada de la representante Cotes, quien es considerada más afín a las políticas del “Gobierno del Cambio”.
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Leonardo Gallego –a quien relacionan además con el expresidente César Gaviria, hoy director del Partido Liberal– reemplazará en la conducción de la Comisión al representante conservador Wadith Manzur. El congresista resultó salpicado por el exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López, como uno de los beneficiarios de la presunta corrupción en la entidad.
Actualmente, en la Comisión de Acusación reposan varias denuncias contra el mandatario, entre ellas, una por presunta violación de topes de campaña. Sin embargo, partidos de oposición como el Centro Democrático o Cambio Radical han reclamado que las investigaciones no avanzan.
Responsabilizan, entre otras, al triunvirato de representantes encargados del proceso. La tríada está conformada, además de Wilmer Carrillo (Partido de la U), por dos alfiles del Gobierno: Alirio Uribe y Gloria Arizabaleta. El primero es un petrista de antaño, mientras que la segunda llegó al Congreso con la bendición del partido Fuerza de la Paz, que lidera otro de los escuderos del mandatario: el exsenador y hoy embajador Roy Barreras.
Esa célula legislativa, por mandato constitucional, es la encargada de conocer sobre las denuncias penales o quejas disciplinarias contra altos dignatarios del Estado, entre ellos, el presidente de la República, el fiscal General y magistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura.
Justamente, se trata de la Comisión en la que reposan varias denuncias contra el presidente, entre ellas, algunas por el supuesto ingreso de recursos ilícitos a la campaña –como dejó entrever Daysuris Vásquez, exesposa de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente–, así como por violación de los topes de financiación, como habría quedado al descubierto tras los escandalosos audios del embajador Armando Benedetti en los que habló del aparente ingreso de $15.000 millones no reportados a la campaña en la Costa Atlántica.
Sin embargo, de los cinco casos, solo uno está en indagación preliminar por parte de la Comisión: el proceso relacionado con los $1.000 millones que habría recibido Petro Burgos a manos del exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra –mejor conocido como el Hombre Marlboro–, y del cuestionado empresario Alfonso “el Turco” Hilsaca.
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