La Procuraduría le solicitó a la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia que condene al excongresista Cesar Pérez por haber determinado el homicidio de Elkin de Jesús Pérez Martínez, alcalde electo de Remedios, Antioquia en 1988 antes de su posesión.
En los alegatos de conclusión, el delegado de la Procuraduría dijo que el juicio debe partir tras ser declarado de lesa humanidad, ya que el homicidio de Martínez fue de forma desarrollada y sistemática con la finalidad de asesinar a muchos militantes de la Unión Patriótica hasta su casi extinción.
Pérez fue acusado en el proceso por tener nexos con el grupo Muerte a Revolucionarios del Nordeste (MRN) quienes tenían la finalidad de recuperar la hegemonía y el espacio político perdido en las elecciones de 1988 a través de la eliminación de sus opositores.
El alcalde electo fue atacado a tiros de forma fulminante por un sicario, días antes de su posesión en el año de 1988. Además, se logró establecer que fue perpetrado en desarrollo de ese plan criminal de exterminio de miembros de la Unión Patriótica y por ende atribuible a César Augusto Pérez.
“El homicidio ocurrió dentro de ese contexto social, político y criminal que devino de manera sistemática en la muerte de muchos militantes de la UP a tal punto que se produjo su casi extinción, asunto que se ha conocido como el ‘Genocidio de la UP’”, dijo el delegado del ministerio público.
Otra de las pruebas viene del testimonio rendido por Alonso de Jesús Baquero, conocido con el alias de Vladimir, quien perteneció al grupo paramilitar. Este indicó que una vez el congresista Pérez García perdió la Alcaldía y el Concejo de Segovia, se comunicó con Fidel Castaño y posteriormente con Henry de Jesús Pérez, jefe de las autodefensas del Magdalena Medio, para pedirle expulsar la Unión Patriótica del nordeste antioqueño e incluso suministrarle algunos nombres de los militantes que se debía eliminar.
“Se extrae así el interés manifiesto de César Augusto Pérez García de acabar con el movimiento político UP y de recuperar todo el caudal político del cual era dueño”, expresó el delegado de la Procuraduría.
Cabe resaltar que el excongresista fue condenado a la pena de 30 años de prisión luego de ser encontrado responsable de lo que se conoce como la masacre de Segovia ocurrida el 11 noviembre 1988.
Con estos argumentos, el representante del Ministerio Público considera que están dadas las condiciones para que la sala especial de primera instancia de la corte suprema profiera una sentencia de carácter condenatorio en contra del procesado.
