El senador Julián Gallo –antiguo miembro del Secretariado de las extintas FARC– volvió a arremeter contra la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) e insistió en que ese tribunal se está “decarrilando”. Esta no es la primera vez que los excombatientes cuestionan el funcionamiento del tribunal que nación con el Acuerdo de Paz de 2016.
“Definitivamente, la JEP se descarriló, primero, se alejó del propósito de garantizar el cierre jurídico del conflicto, lanzándose por el atajo de la estigmatización y justicia punitiva; luego, queriendo sepultar el proyecto político de los firmantes de paz, decidió fabricar imputaciones y desvirtuar el carácter político del alzamiento armado que protagonizamos”, señaló el senador Gallo en sus redes sociales.
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El pronunciamiento del firmante de paz ocurre justo después de que esa Jurisdicción recibiera cuestionamientos en varios frentes. Desde el Gobierno, Otty Patiño –consejero comisionado de paz– entregó unas declaraciones en las que insinuaba que desde la Casa de Nariño se estaba analizando un posible cierre de esa justicia transicional.
Esta no es la primera vez que los excombatientes demuestran su desazón con el tribunal que ellos mismos ayudaron a crear. En abril pasado emitieron un comunicado en el que aseguraban que la JEP había “perdido el norte”.
Para entonces, la desazón de los exguerrilleros se originó con un Auto proferido por la Sección de Reconocimiento del 12 de abril. En el documento, la JEP afirmó no tener competencias en el caso que investiga a Rodrigo Granda por su posible participación en el secuestro y homicidio de Cecilia Cubas, hija del expresidente paraguayo, Raúl Cubas. Ese pronunciamiento abrió la posibilidad de una extradición.
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El último secretariado también se ha mostrado inconformes con una decisión que los llevará a juicio por no reconocer que cometieron el delito de “esclavitud” con las personas que mantuvieron secuestrados. En este punto, se la juegan por la reputación y el reconocimiento político de su partido: Comunes.
El antiguo Secretariado también criticó el hecho de que la JEP –después de siete años de la firma del Acuerdo– tenga cero sentencias y cero sustituciones sanción penal ejecutadas.
La JEP ha insistido –en medio de lo que se ha catalogado como un ataque– que un cierre prematuro de sus tribunales afectará los derechos de las víctimas a acceder a los principios de verdad, justicia y reparación y que también quedaría en el limbo los procesos judiciales de los excombatientes y militares que deben responder por los delitos cometidos durante el conflicto.
Gallo se opone a que la JEP tenga más recursos
El magistrado Carlos Roberto Vidal, presidente de la JEP, denunció el pasado 26 de septiembre que el Gobierno del presidente Gustavo Petro no ha cumplido con sus obligaciones de destinar recursos para el presupuesto del componente restaurativo y que debía estar en el Fondo Colombia en Paz.
De acuerdo con el presidente de la JEP, durante el año pasado sostuvieron encuentros con equipos técnicos del Ministerio de Hacienda y del Dapre y allí se acordó que el Ejecutivo destinaría 450.000 millones de pesos para el Fondo Colombia en Paz.
En este punto, el senador Gallo afirmó que la petición de recursos de la JEP es una muestra de su “burocratización”.
“En una muestra de su burocratización y pérdida del rumbo, sale a reclamar más presupuesto, argumentando que es para el sistema restaurativo, sistema que se inventaron ellos con el gobierno Duque, pero que a ellos no les correspondería manejar. Quieren crear su propio INPEC para manejar esos recursos”, puntualizó el senador de Comunes.
