Los 25 militares implicados en la muerte de 11 civiles durante un bazar pedían que fuera la Justicia Penal Militar quien asumiera la investigación.
La Sala Plena de la Corte Constitucional determinó que la Justicia Penal Militar no podrá continuar con la investigación a 25 militares por presuntamente haber provocado la muerte a 11 civiles en la vereda Alto Remanso, de Puerto Leguízamo (Putumayo), en marzo de 2022.
El alto tribunal se pronunció frente a un conflicto de jurisdicciones elevado por los 25 militares que hasta este martes eran investigados tanto por la Fiscalía General de la Nación, como por un juzgado de instrucción de las Fuerzas Militares. De acuerdo con la Corte, como se trata de un episodio que podría implicar graves violaciones de derechos humanos, “la jurisdicción ordinaria, en su especialidad penal, es competente”, pues no se trata de un hecho ligado al servicio militar.
Con ponencia del magistrado Vladimir Fernández Andrade, la corporación explicó que en los eventos en los que exista “duda de que los delitos tengan una relación directa, próxima y evidente con el servicio” la justicia ordinaria debe proceder.
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La Fiscalía tenía a mediados de 2023 todo listo para adelantar la imputación a 25 militares por el delito de homicidio en persona protegida, dado que un operativo contra el narcotráfico terminó con la muerte de la menos 11 personas.
Entre las víctimas se encontraba, de acuerdo con denuncias de la comunidad e investigaciones periodísticas, una autoridad indígena y un joven de 16 años. La escena del crimen, un bazar comunitario, luego fue alterada por los perpetradores. Sin embargo, el ente investigador no pudo continuar con el proceso penal debido a que la defensa de los investigados presentó un conflicto de competencias, aún cuando en 2022 la misma Justicia Militar se había negado a asumir el caso.
Además del proceso penal, que ya tiene luz verde, la Procuraduría General de la Nación tiene consigo un proceso disciplinario contra varios uniformados del Ejército, del Batallón contra el Narcotráfico Número 3, por las irregularidades del operativo.
Se trata del general Walther Adrián Giraldo Jiménez, el coronel Carlos Mauricio Salgado Romero, el teniente coronel Néstor Andrés Cadena Bautista, el capitán Jorge Erney Marroquín Cadena y el teniente Julián Ernesto Ávila Martínez. Entre los involucrados también se encuentra el sargento segundo Andrés Quiñonez Mendoza y los cabos primeros Wilson Santamaría Ramos y Wilmer Rodríguez Arango.
Todos ellos son procesados penal y disciplinariamente.
