La Justicia Especial para la Paz expresó públicamente su preocupación por la no aprobación en el presupuesto 2021 de una partida adicional que había solicitado al Gobierno Nacional en el Presupuesto General de la Nación de 2021, y que dice el tribunal es fundamental para la atención y protección a víctimas, testigos e intervinientes.
Los recursos adicionales que no fueron aprobados ascienden a $ 30.014 millones, de los cuales $19.613 millones se destinarían al programa de protección a víctimas, testigos e intervinientes en la JEP.
Otros $ 4.100 millones serían “para representación y atención a víctimas en los procesos judiciales y en el de acreditación, teniendo en cuenta que se amplió el plazo para la presentación de informes a la JEP y que hay macrocasos en curso que demandan la participación de las víctimas”, señaló el comunicado.
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Finalmente, el Tribunal manifestó que los $6.300 millones restantes de esos recursos que había solicitado iban a ser invertidos en “tecnología de la información, que le permiten a la JEP tener una justicia más digital, transparente y ágil, al servicio de las víctimas, de los intervinientes en los procesos y de la sociedad en general”, concluye.
Ante los reclamos de la JEP, el viceministro de Hacienda Juan Alberto Londoño, expresó que en el presupuesto aprobado no hay recorte de recursos para la Jurisdicción Especial para la Paz, y al contrario, tuvo “un crecimiento del 4 % y en inversión tiene un crecimiento del 8 %”.