El caso del exguerrillero de las Farc Seuxis Pausias Hernández Solarte, más conocido como Jesús Santrich, enfrentó a dos de los poderes judiciales más importantes del país: la JEP y la Fiscalía General de la Nación.
A través de un documento de 42 páginas, la Jurisdicción Especial para la Paz radicó una denuncia penal en la que señala a la Fiscalía de ocultar información y obstaculizar el proceso de los magistrados de la JEP en el caso de Jesús Santrich, un hecho que habría “impedido que la Jurisdicción tomara las decisiones que eran de su competencia”.
Esto último, según dijo el presidente de la JEP, Roberto Carlos Vidal, habría provocado un desprestigio de la entidad ante la opinión pública y habría impedido que la Jurisdicción actuara en ese cargo como le competía.
Pese a que la denuncia pide investigar a todo aquel que tuviera relación en ese caso y que hubiera podido participar de ese presunto ocultamiento de pruebas, el proceso penal va en contra de la entonces directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía, Ana Fabiola Castro Rivera.
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Según la JEP, “la autoría de tales conductas punibles se predica en principio de quien fungía como Directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación para ese momento, entre abril y diciembre de 2018, pero es muy probable que su actuar haya sido inducido, co-realizado o auxiliado conscientemente por otras personas a quienes también debe extenderse la investigación”.
Así las cosas, pidió que “dada la gravedad de los hechos”, la Fiscalía indague 9 puntos urgentes y los remita a la Jurisdicción Especial para la Paz.
Entre ellos, le solicita al ente acusador que “se reciba entrevista a los funcionarios que participaron en las diligencias de captura y allanamientos a la residencia y oficina de alias Jesús Santrich, para que expongan con base en qué órdenes judiciales procedieron, qué elementos recaudaron, a disposición de quién los pusieron, qué trámite de legalización se realizaron respecto de los mismos y qué destino se les dio”.
Sobre el presunto entrampamiento al Proceso de Paz del que han hablado varios funcionarios del Gobierno -entre ellos el presidente Gustavo Petro y su alto comisionado para la paz, Danilo Rueda- el presidente de la JEP dijo que este proceso judicial no tiene que ver con las decisiones ya tomadas en ese caso y que la figura de desertor armado manifiesto sigue en firme.
