La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) parece ser la Caja de Pandora de la corrupción que hoy tiene contra las cuerdas al gobierno de Gustavo Petro. A medida que organismos de control, congresistas y la propia prensa se adentran en el intríngulis de la contratación siguen apareciendo más hallazgos y muestras de presuntas irregularidades que no dejan de escandalizar al país. Justo este martes salieron a la luz nuevas denuncias sobre malos manejos y sobrecostos.
El nuevo capítulo de irregularidades tiene como foco –una vez más– a la región de La Guajira e involucra a los denominados jagüeyes: pozos de agua artificiales ideados para hacerle frente a la sequía. Según reveló durante un debate de control político la representante Catherine Juvinao (Alianza Verde), en contratos para la construcción y rehabilitación de estos pozos hay comprometidos recursos por el orden de los $75.000 millones.
Las presuntas irregularidades, según explicó la congresista a EL COLOMBIANO con documentos en mano, se remontan a agosto, septiembre y octubre del año pasado –en plena época electoral–, cuando la Unidad suscribió 16 contratos u órdenes de proveeduría para gestionar 1.626 jagüeyes en cinco municipios de La Guajira: Uribia, Maicao, Riohacha, Manaure y Albania.
Si bien inicialmente esos contratos eran por el orden de los $4.420 millones, “sin ninguna justificación aparente” –reclamó Juvinao–, terminaron ascendiendo a $75.000 millones: casi una quinta parte de los $380.000 millones que, según el exdirector Olmedo López, terminaron comprometidos en aparentes hechos de corrupción en la Ungrd y dos veces los presuntos sobrecostos en la adquisición de carrotanques que fueron la punta de los escándalos en la entidad.
Sin embargo, sumado a esos aparentes sobrecostos, al revisar la ejecución hay hallazgos escandalosos: “A corte de febrero de 2024, de esos 1.626 jagüeyes que había que hacer en las 16 órdenes de proveeduría, solo había terminados 209 y 1.417 pendientes. Es decir, un 12 % de la ejecución”, denunció Juvinao.
Allí no quedan los hallazgos. El equipo de la representante pudo determinar que, de los 1.626 jagüeyes, 1.376 –es decir, ocho de cada 10–, fueron construidos o rehabilitados en el municipio de Uribia, que se hizo a $62.000 millones del presupuesto. “¿Por qué esa población concentra tal cantidad de jagüeyes si apenas tiene 160.000 habitantes, mientras que los otros cinco municipios sumados tienen 438.000 habitantes?”, cuestionó Juvinao, quien alertó que la asignación se hizo sin ninguna justificación técnica.
Al parecer, según la congresista, detrás habría consideraciones políticas. En Uribia habría intereses de aliados del presidente Gustavo Petro, particularmente el actual senador paisa Carlos Andrés Trujillo, señalado de ser padrino político del actual alcalde Jaime Ruíz Buitrago y del exalcalde Bonifacio Henríquez.
“Buena parte de las inversiones en la Ungrd se han ido para Uribia, no solo lo de los jagüeyes, sino también para ollas comunitarias y el Fondo de Inversión Colectiva que firma la Unidad con los entes territoriales. A Uribia Sneyder (Pinilla) y Olmedo les firmaron un contrato con ese Fondo por $230.000 millones. Esa plata ya se la desembolsaron a Uribia y el director Carlos Carrillo salió a pedirle al alcalde de Uribia que por favor devolviera la plata. Vergonzoso. Esa plata ya se perdió”, agregó Juvinao.
Líos con la interventoría
A los presuntos sobrecostos, la aparente focalización irregular y la falta de ejecución se suma otro hallazgo. Según la congresista, la interventoría encargada de hacerle seguimiento a los 14 de los 16 contratos por valor de $4.664 millones sería una organización fantasma: se trata de la empresa Intraffic SAS.
De acuerdo con Juvinao, la empresa fue creada en 2019 y registrada en la Cámara de Comercio de Barranquilla con un capital de apenas $5 millones: $2,5 millones de patrimonio y otros $2,5 millones de activos. Además, su actividad económica, lejos de tener relación con gestión del riesgo u obras, corresponde al procesamiento de datos, alojamiento, hosting, y actividades relacionadas. Incluso, la representante determinó que sus oficinas no existen ni aparecen en Barranquilla.
“Desde que se creó a 2023 reportó cero ingresos y ninguna contratación con el Estado. Es grave porque el año pasado tuvieron ingresos de por lo menos $6.000 millones por obras de proveeduría. Contactamos a varios de los contratistas de los jagüeyes y encontramos que algunos ya los entregaron, pero no les han pagado. Es decir, la interventoría no les ha aprobado el pago. Y esta gente está parada porque dice ‘no voy a seguir si no me han pagado’”, agregó Juvinao.
Y por si fuera poco, detrás de esa interventoría se encuentran dos personas provenientes de Santander, de donde es oriundo el exsubdirector Sneyder Pinilla: “La gerente y la subgerente de la interventoría son dos contratistas de Santander cuya experiencia es en un hospital, en la E.S.E. del Magdalena Medio. Son profesionales de la salud, no tienen que ver con la gestión del riesgo”.
En su denuncia, Juvinao aseguró que a la empresa Intraffic también “le entregaron a dedo” cinco órdenes para el alquiler de carrotanques para La Guajira por valor de $1.314 millones. Inclusive, determinó que en 2019, cuando Sneyder Pinilla era alcalde del municipio de Sabana de Torres (Santander), contrató con Intraffic.
“En 2019 se realizó convenio entre la Alcaldía de Sabana de Torres con la empresa de tránsito y transporte de Sabana de Torres, que estaba compuesta por varias empresas, entre ellas, Intraffic. Este convenio recibió numerosas denuncias por posible desviación de dineros a través de la empresa”, precisó.
