Haber recibido, presuntamente, 4.000 millones pusieron el nombre de los presidentes del Congreso en el centro de la picota pública. El senador Iván Name, quien preside el Senado en este periodo legislativo, y el representante por Córdoba Andrés Calle, que está a cargo de dirigir las plenarias de la Cámara, fueron señalados por el ex subdirector de Gestión del Riesgo, Sneyder Pinilla, de haber recibido coimas para apoyar el trámite de las reformas del gobierno en el Capitolio.
Así lo dio a conocer el viernes de la semana pasada Pinilla en una entrevista con la revista Semana. De acuerdo con lo que dijo, él le habría entregado por medio de un mensajero 3.000 millones de pesos a Name, que pertenece al partido Alianza Verde, para que ayudara a acelerar el proceso de las reformas de la salud, pensional y laboral en las plenarias del S enado.
Por su parte, el hombre –quien dijo que lo que hizo fue cumpliendo una orden que le dio el exdirector de la Ungrd, Olmedo López– aseguró que le entregó 1.000 millones de pesos en efectivo, mano a mano, al presidente de la Cámara en su apartamento de Montería en fajos de billetes de 50.000 y 100.000 pesos.
Por la gravedad de las acusaciones, y debido a que este ha sido uno de los escándalos más grandes que han salpicado el Gobierno del presidente Gustavo Petro y a sus altos funcionarios, la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa contra los congresistas y todos los aforados que sean señalados en este presunto entramado de corrupción.
Le puede interesar: Carlos Ramón González, de sombra de Petro a faro de los escándalos en el ‘Gobierno del cambio’
El encargado de llevar a cabo el proceso será el magistrado Francisco Javier Farfán Molina, quien hace parte de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, encargada de investigar a los congresistas del país. Sin embargo, el nombramiento del jurista ha sido cuestionado, ya que este fue señalado de presunta filtración de información al clan Gnecco.
Pero volviendo al tema de los presidentes del Congreso, el hecho de que sus nombres se hayan visto salpicados en este caso de corrupción (aunque ellos lo han negado desde el primer momento), ha llevado a que muchas personas se pregunten si pueden seguir o no en sus cargos mientras se discuten las reformas del Gobierno.
Conozca: Plata “en rama” en el UNGRD no es un cuento nuevo: el año pasado encontraron una maleta llena de efectivo
Por un lado, no hay ninguna norma que haga que se aparten de su cargo. Sin embargo, varios sectores sí han apuntado que los legisladores involucrados en el tema deberían apartarse por un tema moral, ya que son señalados de que tienen que presionar para que los proyectos presentados por el Ejecutivo sean aprobados.
Por lo menos así lo considera la senadora del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), Aida Quilcúe Vivas, quien le dijo a este diario que “considero que los dos deberían apartarse del cargo mientras se concluye la investigación, porque pienso que si alguien tiene un escándalo y está en el marco de la justicia, debería, por lo que significa el Congreso de la República y por lo que significan estos procesos de reformas en Colombia, dar un paso al costado”.
En el mismo sentido se pronunció el excandidato a la Alcaldía de Medellín y ahora presidente de la Asociación Colombiana de las Micro, Medianas y Peuqeñas Empresas (Acopi), Rodolfo Correa, en un video publicado en la cuenta de X (antes Twitter) de la agremiación.
“En mi calidad de presidente de Acopi, convocaré a junta extraordinaria del gremio para proponer que desde el empresariado se le solicite al Gobierno y al Congreso que se suspenda el trámite de las reformas hasta que se aclare si es cierto o no lo que se está denunciando, pues reformas como esta no pueden ser fruto de la corrupción y descomposición ética de la clase política”, aseguró.
Correa agregó que las reformas que se discuten en el legislativo (pensional, de salud y laboral), impactan de manera directa al gremio de los empresario y que no han sido consultados, por lo que tienen que sentar una voz de protesta. Además, concluyó diciendo que la lucha contra la corrupción ha sido una de las banderas del presidente y ahora “llegó el momento de demostrar coherencia con la misma”.
Entre tanto, se espera que en los próximos días se profundice más en las denuncias relacionadas con el caso, pues el exdirector de la Ungrd, Olmedo López, quien está buscando llegar a un acuerdo de oportunidad con inmunidad total con la Fiscalía General de la Nación, aporte pruebas de todo lo que sabe con respecto al escándalo de corrupción que tiene en vilo al Gobierno Petro.
Siga leyendo: Caso Ungrd: ¿fiscal general Camargo está impedida para investigarlo?
