El nombre de Inocencio Meléndez está fijado como sobre cemento en la historia de Bogotá. Algunos aún lo recuerdan porque protagonizó las portadas de la prensa durante años, sin exagerar. Meléndez era el subsecretario técnico del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) cuando en la administración de Samuel Moreno se contrataba la troncal de TransMilenio por la calle 26. Los contratistas eran los Nule, primos y familiares que elaboraron uno de los entramados más memorables de la historia de la corrupción en Colombia. Meléndez era un abogado brillante que se formó en Bogotá tras llegar de los Montes de María, en Sucre, para estudiar y encontrar oportunidades. Un voraz lector de la teoría del derecho y las sanciones disciplinarias que rápidamente ganó reconocimiento académico y como autor de libros académicos.
Hasta que hubo un incumplimiento de los Nule en la obra de la 26. A partir de allí, la historia de Meléndez pasó de ser la de un lector incansable con una carrera prometedora, a la del testigo estrella contra uno de los políticos más poderosos del país, nieto de un presidente, y no cualquiera: de Gustavo Rojas Pinilla, el militar que gobernó a Colombia en la década del 50.
Samuel Moreno Rojas inició su calvario con las declaraciones de Meléndez. Pasó buena parte de su vida en la cárcel y su historia terminó en una repentina muerte en 2023 en la ciudad que le cumplió sus sueños y sus pesadillas. Los Nule, los contratistas —entre ellos Emilio Tapia— y los funcionarios que recibieron coimas a cambio de facilitar los multimillonarios contratos al grupo, temblaban cada vez que Meléndez se paraba ante los estrados de la Corte Suprema y de la Fiscalía para declarar. Él fue el primer condenado luego de lograr un preacuerdo con la Fiscalía para aceptar cargos por la firma de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales y sin estudios. Lo sabía todo de la historia de corrupción, en la que participó, y lo contó todo también a la justicia.
Tras cuatro años de prisión, de una condena de siete, Meléndez recuperó su libertad en 2015 por buen comportamiento y adelantar estudios. En 2021 fue mencionada en el escándalo de Centros Poblados porque su nombre apareció como el defensor de uno de los implicados, Luis Fernando Duque. Meléndez envió un correo a la Procuraduría notificando su defensa. Él explicó que estaba prestando sus servicios jurídicos en asuntos disciplinarios luego de pagar su condena y que lo habían consultado con ese propósito. Pero su verdadero resurgimiento es hasta ahora con el actual gobernador de San Andrés, Nicolás Gallardo.
EL COLOMBIANO conoció un proceso de contratación que la Gobernación empezó a alistar el pasado 16 de agosto con la firma jurídica de Meléndez IRM Consultoría contractual por 1.500 millones de pesos por 4 meses, para ejecutarlo en 75 días hábiles.
El objeto del contrato es “la prestación de servicios profesionales de acompañamiento y apoyo para la revisión y análisis de los componentes jurídico, técnico, operativo y financiero de las etapas precontractual, celebración y de ejecución del contrato de concesión portuaria No 189, celebrado el 05 de noviembre de 2004, entre la Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, como entidad contratante y la sociedad portuaria San Andrés Port Society S.A”. Aunque no se ha firmado, todo está listo para que se dé.
La familia Gallardo tiene una larga historia de propiedades y relevancia en la isla. De acuerdo con un documento de la Gobernación conocido por este periódico, los tíos del gobernador Gallardo son propietarios de un muelle llamado Toninos, por el que en varios casos ante tribunales los funcionarios y el propio mandatario local se han tenido que declarar impedidos en una controversia jurídica con el hotel Sirenis por los límites de una playa.
El contrato pretende revisar la concesión que le entregó la Gobernación a la San Andrés Port Society en 2004 por 20 años. Esto para revisar si hay lugar a alguna reclamación por las etapas originarias del contrato y de su ejecución. Pero la historia tiene un desenlace y punto de giro adicional. Otro documento clave encontrado por este diario señala que en 2017 Emilio Tapia hacía parte de la junta de socios de San Andrés Port Society y le correspondían unos dividendos por cobrar de 2007 a 2017. El documento, que publica unos valores de los dividendos por persona, no detalla si se trata de Emilio Tapia hijo, o Emilio Tapia padre, quien vivió varios años en la isla y fue director de la DIAN. Extrañamente, los caminos de Meléndez se encontraron en la historia del carrusel, Centros Poblados, y ahora en el puerto principal de San Andrés.
Aunque Inocencio Meléndez no es el representante legal de IRM y no aparece en el Registro Mercantil (allí firma su hermana Celidet Meléndez Julio como presidente y suplente del presidente) está claro que quien está detrás de la consultora es el abogado extestigo del carrusel. La página web de la empresa lo menciona como director jurídico y allí publicita todos sus libros jurídicos para la venta. La imagen del perfil de Whatsapp de Meléndez, buscado por este diario, es una fotografía que dice: 10 años grupo IRM consultoría contractual.
El abogado ha asegurado que luego de pagar su condena lo único que sabe hacer es el litigio y a eso se dedica tras cumplir con la justicia. Sin embargo, fuentes dentro de la Isla aseguran que el valor del contrato podría ser exagerado para el objeto con el que se buscó y también hablan de relaciones del gobernador con Tapia, responsable de todo el caso Centros Poblados en el que participó a través de empresas fantasma y se ganó un contrato por un billón de pesos con una garantía bancaria falsa del Banco Itaú. Nadie explica por qué el nombre de Tapia aparece otra vez relacionado en la sociedad portuaria.
La isla tiene numerosos problemas que no han sido resueltos, varios de ellos exacerbados tras el paso del huracán Iota. En los últimos meses, el sector turismo expuso una caída perjudicial de los viajes y la ocupación. Pero además preocupan la inseguridad por la actividad de bandas criminales, la sobrepoblación, el uso de su territorio para el tráfico ilegal de migrantes. Y, según varios habitantes consultados, la corrupción.
EL COLOMBIANO buscó tanto al gobernador Gallardo como a Inocencio Meléndez, a quienes les envió las mismas preguntas. El gobernador no respondió todos los cuestionamientos, pero afirmó: “No he suscrito el contrato, no conozco al señor Tapia, no tengo ninguna sociedad relacionada con el puerto”. El abogado Meléndez también contestó insistiendo en que su mención en Centros Poblados se debió a que uno de los partícipes lo buscó para que lo definiera en asuntos disciplinarios. Dijo también que “no tiene contacto con Emilio Tapia” y que no trabaja con él ni tiene ninguna relación. Agregó que la firma IRM “es una compañía de abogados que le da trabajo en temas de litigio. Así como también muchas otras firmas me dan trabajo en temas de similares”. Esto a pesar de que la firma es de su hermana, él aparece como jefe jurídico, y todo en la página web gira entorno a sus publicaciones y casos anteriores.
Mientras tanto, los habitantes de San Andrés se preguntan si 1.500 millones para la revisión de un contrato con el puerto, en el que aparece Tapia, no es demasiado dinero en una isla agobiada por otros problemas actuales.
