El documento fue elaborado por la Secretaría de la Transparencia de la Presidencia. En el listado figuran 526 candidatos a concejos y 57 a alcaldías.
Un informe del gobierno de Gustavo Petro, revelado a casi 10 días para las elecciones regionales del próximo 29 de octubre, indica que al menos 553 candidatos a alcaldías y concejos estarían inhabilitados para participar en los comicios. Llama la atención que el documento no fue elaborado por la Procuraduría General o el Consejo Nacional Electoral (CNE), organismos que por mandato legal son los llamados a generar este tipo de alertas.
El informe, divulgado este lunes por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, es fruto de un análisis en la plataforma de contratación Secop II, en el que se advierte que los 553 aspirantes habrían celebrado contratos con entidades en el año anterior, lo que se configura como una causal de inhabilidad.
“Esta situación nos pone a pensar si hay una relación entre dichas contrataciones y las campañas políticas”, expresó el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga.
Ante la suspicacia por la revelación del informe por parte del Ejecutivo y a poco más de 10 días para los comicios, Idárraga explicó que su competencia únicamente abarca denunciar esta situación y que le corresponderá a las entidades competentes hacer las respectivas investigaciones y tomar decisiones.
Según el informe, los concejos municipales presentan el panorama más crítico, pues hay registro de 526 de sus candidatos en riesgo de inhabilidad por cuenta de 769 contratos que ascienden a un monto de $50.170 millones.
En el listado de presuntos inhabilitados figuran Jorge Julián Osorio Gómez, del Centro Democrático, quien aspira al Concejo de Medellín. De acuerdo con la Secretaría de Transparencia, celebró cinco contratos con el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación que suman más de $16.000 millones.
Justamente, Antioquia es el que tiene un mayor número de candidatos con riesgo de inhabilidad (92). Le sigue Santander (91), Cundinamarca (50), Quindío (36) y Valle del Cauca (35).
En el caso de las alcaldías, 27 candidatos están en esta situación. Quien ocupa el primer lugar es Rodrigo Hernández Lozano, quien aspira a la Alcaldía de Melgar (Tolima), por la coalición del Partido Conservador, Alianza Democrática Amplia, AICO y Cambio Radical.
“Este candidato contrató más de $5.000 millones, a través de nueve contratos con la Alcaldía y el comando aéreo”, puntualizó Idárraga.
Las suspicacias
Ante la revelación del informe con tanta proximidad a las elecciones, el secretario de Transparencia defendió que “no están a destiempo”, puesto que el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene la responsabilidad de ejercer sus funciones hasta el último día de los comicios.
“Esto no puede ser culpa del denunciante. En el caso de Villavicencio, tiene 22 candidatos que podrían verse incursos”, reconoció, al tiempo que dijo que las decisiones del organismo electoral podrían darse muy pronto.
“Ayer hablé con el presidente del CNE e iniciarán las investigaciones. De lograrse, esta misma semana se podrían tomar decisiones”, puntualizó.
Por lo pronto, se presume la legalidad en las contrataciones, pero se hace hincapié en la necesidad de investigar teniendo en cuenta que distintos partidos se verían salpicados.
“Si ustedes ven a detalle, casi no se salva ninguno. Desde el Centro Democrático, Partido Liberal y Cambio Radical, hasta los que están en la coalición del Pacto Histórico”, aparecen en esta alerta de la Secretaría de Transparencia, indicó Idárraga.
Piden a la Procuraduría investigar supuesta participación en política del Gobierno
En respuesta a la supuesta inhabilidad contra el candidato al Concejo de Medellín, Jorge Julián Osorio, el Centro Democrático emitió un comunicado de prensa en el que alertó que los datos que presenta sobre candidatos del partido “son totalmente tendenciosos e inexactos”.
En esa línea, la colectividad se declaró sorprendida de que, a 13 días de las elecciones, la Secretaría de Transparencia del Gobierno Nacional publique este informe que, entre otras cosas, “desborda su competencia de acuerdo con la Constitución y la Ley, por cuanto las únicas entidades encargadas de determinar si un ciudadano se encuentra inhabilitado para aspirar a un cargo de elección popular son el Consejo Nacional Electoral, la Procuraduría General de la Nación y los jueces de la República”.
El partido defendió que cuenta con “un riguroso y estricto” proceso de evaluación para escoger a sus candidatos. “Se pudo verificar en la información que reposa tanto en el Secpo como en los antecedentes especiales de la Procuraduría, con absoluta claridad que el candidato mencionado en dicho informe no tuvo este año contrato alguno con el Estado, ni reporta inhabilidad de acuerdo con el certificado especial de la Procuraduría”.
En esa línea, el Centro Democrático instó al Ministerio Público para que adelante las investigaciones correspondientes, ya que con dicho informe “se estaría incurriendo en una supuesta participación en política y la comisión de presuntos delitos electorales”.
“Extraña que las entidades llamadas a ser los guardianes de la transparencia hoy produzcan informes turbios que aparentemente están persiguiendo fines electorales y pretenden engañar al electorado. Exigimos reglas de juego claras y transparentes para que sean los ciudadanos quienes elijan a los mejores candidatos”, precisó la colectividad.
