Ya están en alerta, porque son varias las bombas que le estallarían a Gustavo Petro una vez tome posesión en la Casa de Nariño. Es tal el nivel de atención que el presidente electo le está poniendo a esos asuntos que entre él y su equipo de empalme hay comunicación directa para identificar los puntos frágiles de la agenda del país y –de una vez– tener listo un plan de acción para implementarlo el 7 de agosto.
La inflación y su impacto en los precios de los alimentos y combustibles –un rubro que termina tocando todos los ámbitos de la economía–, los descontentos en gremios como el de los camioneros o Fecode (que pueden amenazar con duros paros), la devaluación del peso frente al dólar, el orden público y cumplir las promesas en salud y educación hacen parte de ese catálogo de temas a revisar.
En un país que hace dos años vio banderas rojas colgadas en las fachadas de las casas por la falta de comida en el plato en medio de la pandemia, una carencia que detonó en protestas en medio del covid-19, fuentes cercanas al presidente electo apuntaron a este diario que en la agenda urgente están el hambre y la pobreza.
Desde su viaje de descanso por España, Francia e Italia ha mantenido comunicación directa con sus 23 delegaciones del equipo de empalme, quienes en Colombia sostienen reuniones diarias con los funcionarios de la administración saliente de Iván Duque para tejer la información de los 18 ministerios, cuatro direcciones administrativas y demás entidades del gobierno.
Inclusive, se reunió el sábado en Florencia (Italia) con el jefe del Partido Liberal, César Gaviria, y con el copresidente de la Alianza Verde, Carlos Ramón González, el miércoles de esta semana (ver recuadro).
A Petro, además, le van a entregar a su arribo un documento –probablemente el lunes o el martes– con el balance de los temas que necesitan más atención en la primera fase de su gestión para evitar que se conviertan en focos de inconformidad social, tal como le sucedió a su antecesor en medio de la pandemia.
El informe se ha construido en varios frentes y promete ser un insumo fundamental para la primera fase del Ejecutivo, con las líneas que necesitan acción –a juicio del Pacto Histórico– urgente para poner a marchar la administración de izquierda, como los recursos del Estado.
Más allá de las cuentas nacionales, que durante décadas han dado a pérdidas, en el radar hay cuestiones sociales que han hervido a fuego lento por años, en una olla de presión que en cualquier momento puede estallar, como ya le sucedió a los recién ascendidos presidentes de países vecinos de la región como Chile, Ecuador y Perú, de los que dos (Gabriel Boric y Pedro Castillo) son de izquierda.
El programa de reactivación económica, que lleva a una pronta reforma tributaria para incrementar el recaudo, y la violencia también tienen un renglón en ese cronograma de preocupaciones para que la inconformidad social deje de crecer.
Inflación: el hueco en los bolsillos
Petro aterriza este lunes en Colombia a menos de un mes del día cero de su gobierno y con el vaticinio de que la inflación de julio marcará a dos dígitos. Apenas hasta junio, el índice de precios al consumidor interanual estuvo en 9,67%, según el reporte que entregó el Dane, un dato que deja ver que cada vez se necesitan más pesos para hacer una compra.
La inflación aprieta las cuentas de los hogares y, cuando el dinero no alcanza, las necesidades se hacen más evidentes. Empero, el incremento en los precios no es exclusivo de Colombia, y mucho menos responde únicamente a un efecto Petro, sino que encuentra sentido en una tendencia internacional que pasa por la subida del costo de vida en Estados Unidos, la guerra en Ucrania, la escasez de contenedores para el comercio internacional y hasta la subida global del dólar.
Gustavo Petro aterriza en Colombia con un dólar a $4.388, casi $700 por encima del precio que tenía la divisa cuando partió a su paseo a Europa, un incremento que se sentirá de a poco en los precios de los alimentos y en el comercio en general.
Los problemas de la inflación, de la devaluación del peso y la escalada de la divisa estarán a cargo del ya designado ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, un economista que llega desde la academia a administrar las cuentas nacionales. Sus gestiones, sin duda, serán determinantes para que a Petro no le estallen las bombas de tiempo.
El tic-tac de los precios de la gasolina
Entre todos los rubros que suben, hay uno que genera especial preocupación: el de los combustibles. El gobierno Duque dice que dejará el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC) saneado hasta marzo de 2023 por un saldo en rojo que tiene esa arca común de $14,1 billones, un vacío que equivale casi al monto de la última reforma tributaria que sacó el mandatario saliente.
Si esa cartera no se resuelve, el valor de la gasolina que cancelan los usuarios subirá, afectando el transporte público, de alimentos (en especial al gremio camionero), a los propietarios de vehículos particulares y, en general, a las cadenas de suministros.
El componente del gremio de transporte suscita especial atención. De por sí, ese sector ha rechazado la iniciativa de reactivar las vías férreas para transportar las mercancías de forma más sostenible y no en automotores dependientes de un derivado del petróleo.
Incluso, en mayo ese gremio consideró salir a paro por los hechos de violencia que afectaron las rutas transportistas, de cuenta de los enfrentamientos entre frentes del Clan del Golfo por la disputa del poder tras la extradición de Dairo Antonio Úsuga David, alias “Otoniel”, a Estados Unidos.
El desborde de la inseguridad y la cocaína
Ese mes fue tal el recrudecimiento de los enfrentamientos entre grupos armados que los combates paralizaron una parte del país, dejaron a los camiones parqueados en las carreteras y las centrales de abastos subieron los precios de los alimentos por el desabastecimiento.
Los problemas de seguridad van más allá de la Segunda Marquetalia, sobre la que debe confirmarse si su cabecilla alias Iván Márquez murió –o no– en combates en Venezuela. Ya Petro le ofreció un cese del fuego bilateral al ELN ante la posibilidad de la apertura de una mesa de negociación con ese grupo armado. Pero los grupos ilegales también están en las urbes.
Algunos de los más fuertes entre las 2.005 bandas de crimen organizado son “los Pachenca”, “la Oficina”, “el Mesa”, “los Costeños”, “la Local”, “la Cordillera” y “los Mexicanos”, quienes se disputan rutas de microtráfico, las extorsiones, la violencia urbana y participan en la siembra de cultivos ilícitos.
En ese punto entra otro factor que pone a Colombia en los ojos del mundo y condicionan la seguridad en los territorios. El país tiene 143.000 hectáreas sembradas con cultivos ilícitos, capaces de producir 1.228 toneladas métricas de cocaína que son enviadas de manera ilegal a otros países, especialmente Estados Unidos y a Europa.
Las participaciones de esas plantaciones se incrementaron durante el último año en Antioquia, Córdoba y Bolívar, a pesar de que la tendencia nacional fue a la baja. Tras el empalme, aún está por definirse la minucia de la estrategia antidrogas del nuevo gobierno que ya tiene clara una bandera: no habrá fumigaciones con glifosato, aunque dependerá del ministro de Defensa aún por designar.
Justo en esos cultivos se centra la atención de las mafias, que están en medio de una reacomodación de su poderío territorial por los vacíos que dejó el Clan del Golfo y las disputas entre las disidencias de las Farc y el ELN, un tema que será crucial en la agenda Colombia-Venezuela una vez se restablezcan las relaciones diplomáticas.
La violencia ha sido una bomba de tiempo que en 2022 ha apagado la vida 99 líderes sociales y 23 firmantes del Acuerdo de Paz, según Indepaz.
Las dudas con la salud y la Educación
La cereza del pastel sale del frasco de sus propias promesas de campaña. Las deficiencias en el sistema de salud, las brechas educativas en las zonas rurales y las deudas de quienes encontraron en el Icetex una sombrilla para poder costearse un estudio profesional alentaron las movilizaciones sociales que se han registrado desde 2019.
En esos asuntos el presidente electo centró sus promesas de campaña, que requerirán un incremento en el recaudo del gobierno para poder cumplir el objetivo de gratuidad en la educación superior, solventar los saldos en rojo de los usuarios del Icetex y hasta reformar el sistema de salud.
Esas dos últimas tareas estarán a cargo de los ministros designados Alejandro Gaviria (Educación) y Carolina Corcho (Salud). Gaviria, quien ya estuvo en la cartera de sanidad durante casi todo el periodo de Juan Manuel Santos, aterriza en esa oficina ya con discordias con una parte del movimiento estudiantil y de los sindicalizados de Fecode, que critican que un “neoliberal” maneje ese Ministerio.
Y en la cartera de Salud la polémica Corcho debe apaciguar los cuestionamientos a su propuesta de eliminar las Entidades Prestadoras del Servicio de Salud (EPS) y conseguir que su reforma de la salud sí pase por el Congreso.
Gustavo Petro traza un gobierno de ambiciosas promesas que levantan asperezas en otros sectores. En el económico, la mirada está puesta sobre la designada ministra de Ambiente, Susana Muhamad, quien ya dijo a este diario que no habrá ni fracking ni glifosato y que la agenda económica debe articularse a partir de la ambiental.
Del otro lado, José Antonio Ocampo, en Hacienda, habla de entender a los empresarios como aliados y de seguir exportando petróleo. El cruce de declaraciones de Ocampo y Muhamad no es el único entre su gabinete, pues Corcho y Gaviria tuvieron discordias por el manejo de la pandemia.
Así que además de las cuestiones externas, Petro tendrá que evitar que estallen otras bombas: los de las diferencias entre su gabinete .
1
2
3
4
