Si hay una cancha en la que el presidente Gustavo Petro es campeón es la del combate ideológico, del discurso rimbombante y de proponer como político en campaña (así no esté en esos menesteres, sino ejecutando). Y aún más cuando los días buenos escasean en su gobierno y el cerco de derrotas políticas, investigaciones y escándalos de corrupción toca —en mayor o menor medida— la puerta de la Casa de Nariño.
Esta semana que termina fue de espanto para el mandatario: dando tumbos y, como las moscas, de embarrada en embarrada. Dos de sus ministros enfrentaron mociones de censura en el Congreso; el Consejo de Estado tumbó la designación de Andrés Hernández, su exjefe de prensa cuando era senador, como cónsul en México; el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, le reiteró el “no” rotundo a que la primera línea del Metro de la capital sea subterráneo, y nueve senadores le pusieron una lápida que deja virtualmente hundida su reforma a la salud, que le ha costado gobernabilidad y margen de maniobra en el Congreso.
Ante esto, Petro, con menos o más llamas en sus discursos, navegó en medio de esas noticias atacando canales de televisión y rompiendo su palabra de las últimas dos campañas presidenciales.
Le puede interesar: Exministros y exviceministros de Salud piden a senadores votar ponencias radicadas.
Cargó otra vez contra los medios
La segunda semana de marzo para el Jefe de Estado inició con un ataque pasivoagresivo a algunos canales de televisión y cadenas radiales. Lo hizo durante un evento simbólico el lunes 11 de marzo en el edificio de Bellas Artes de la Universidad Nacional en Bogotá.
Allí, dijo que “el momento de privatización hizo que mucha gente se quedara sin estudio, que la sociedad colombiana fuese embrutecida a través de RCN y Caracol y que el único saber que se transmite a la mayoría de la ciudadanía es el que llega a través de las ondas de esas emisoras”.
Luego continuó con la tesis de que el contenido de esos canales y emisoras es un “embrutecedor que va adormilando a la sociedad colombiana y le va haciendo sentir que la muerte es normal, que el genocidio es normal, que la violación de derechos sobre los y las más humildes es normal y no reacciona, no se espeluca y no se pellizca, cuando hoy más que nunca hay que pellizcarse”.
El señalamiento a los medios se hacen constantes, a pesar de los llamados que organizaciones como la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) le han hecho para que no estigmatice a la prensa y que “brindar las garantías para que la prensa investigue, publique y opine sobre este asunto”.
No viernes, sino martes de locos
El 12 de marzo fue un día turbulento para la Casa de Nariño. En la mañana, la Corte Suprema de Justicia eligió a Luz Adriana Camargo como fiscal general de la Nación, a pesar de que Amelia Pérez renunciara a la terna momentos antes de la Sala Plena de la Corte en la que se hizo la elección.
Ante esto, el presidente del alto tribunal, magistrado Gerson Chaverra, dijo que “la presentación de la renuncia acá, en el marco de la Corte Suprema de Justicia, era una renuncia inane”, pues su renuncia debía ser ante el nominador —el presidente de la República— y no ante el elector. Sin embargo, llegó una demanda al Consejo de Estado contra esa elección presentada por Jhon William Castro y Sthefanny Feney Gallo argumentando que la elección debe ser declarada nula porque “transgredió el artículo 249 de la Constitución”.
De todas maneras, se eligió fiscal y cuando los integrantes del Pacto Histórico en el Congreso tiraban voladores de celebración porque significaba el fin total del periodo de Francisco Barbosa y Martha Mancera, la dicha duró poco.
Entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde ocho senadores de la Comisión Séptima rubricaron la ponencia de archivo para hundir la tan defendida y discutida reforma a la salud, que presentó el Gobierno en febrero de 2023. Ese número es mágico, pues representa la mitad más uno de los integrantes de esa comisión —en donde debía discutirse ese proyecto en tercer debate—, con lo cual tendrían los votos suficientes para hundirla.
Y las horas y después de que el exvicepresidente Germán Vargas recriminara por su cuenta de X (antiguo Twitter), la también integrante de esa corporación, la senadora Ana Paola Agudelo (Partido Mira) anunció que apoyará con su voto la ponencia de archivo. Nueve de catorce.
El presidente Petro, aún así, dijo que “para nada vamos a retirarla”, en referencia a esa iniciativa y advirtió que “el Congreso sabe cuál es la consecuencia de hundir la reforma de la salud. El sistema actual no es sostenible. Punto”.
Entre tanto, desde el petrismo empezaron a prever caminos para salvar el proyecto. Uno de estos, según dijo la presidenta de la Comisión Séptima Martha Peralta, serían los impedimentos y las recusaciones a los senadores que firmaron el archivo. Y así parece: el viernes recusaron a los senadores Honorio Henríquez y Alirio Barrera, del Centro Democrático.
Ese movido martes transcurrió y cerró con dos mociones de censura en el Congreso: una al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, en la Cámara de Representantes y otra al ministro de Defensa, Iván Velásquez en el Senado.
A Jaramillo lo cuestionaron por la crisis financiera del sistema de salud y el desabastecimiento de medicamentos; así como hubo denuncias de que su ministerio estaba cayendo en supuestos derroches de recursos por un contrato que pagó una batucada a $30 millones y diez cachuchas a $2,8 millones para apoyar la marcha a favor del Gobierno el 27 de septiembre de 2023.
Entre tanto, a Velásquez lo cuestionaron por las masacres y los asesinatos contra líderes sociales; el control territorial que ejercen grupos como el ELN y las disidencias de las Farc, mientras el Gobierno sostiene diálogos de paz con ellos; el aumento de homicidios, de reclutamiento forzado de menores de edad y de los grupos armados ilegales y las estructuras criminales.
El Metro y la negativa de Galán
A Petro nadie le saca de la cabeza que el añorado y prometido por décadas Metro de Bogotá debe ser subterráneo, como lo planteó su administación cuando fue alcalde de la capital (2012-2015). Esa pelea la dio como candidato presidencial en 2018 y 2022 y como mandatario con la exalcaldesa Claudia López y el alcalde Carlos Fernando Galán.
Pues bien, esta semana el Jefe de Estado insistió en esa idea, al menos en un tramo del trazado. Pero Galán se mantiene y, tras una reunión con el ministro de Transporte, William Camargo, dijo que no se modificará esa obra.
“Esta administración tiene un mandato legal y político de garantizar que la primera línea del Metro avance como está contratada y entre en operación en 2028, y lo vamos a cumplir”, señaló el alcalde.
Viernes de la cereza en el pastel
El inicio del colofón de la semana empezó con una decisión que afectó a Andrés Hernández, exjefe de prensa de Gustavo Petro en el Senado y a quien había designado cónsul en México. El Consejo de Estado anuló su investidura al considerar que no se ajustó a las normativas nacionales sobre nombramientos en cargos diplomáticos en el exterior.
A esto, el presidente escribió en su cuenta de X que “el único funcionario de alto nivel no demandado y que permanecerá en su cargo es el que nombró Duque”.
Pero lo que se vino después fue la cereza en el pastel con el que Petro cerró una semana de tropiezos.
Fue durante un largo discurso que dio desde el lugar conocido desde el paro nacional de 2021 como Puerto Resistencia en Cali. Desde allí, vestido de camisa blanca y de gorra azul, dijo con voz alta que “Colombia debe ir a una Asamblea Nacional Constituyente”, mientras movía de abrriba a abajo su mano con la palma recta mientras la apoyaba en el atril repetidamente.
“Si las instituciones que tenemos hoy en Colombia no son capaces de estar a la altura de las reformas sociales que el pueblo a través de su voto decretó, entonces no es el pueblo el que se va arrodillando, es la institución la que cambia”, agregó el presidente ante el grupo de personas que lo escuchaba cuando caía la noche.
“Fui ingenuo convocando a fuerzas políticas que perdieron, estaban ahí para aprovechar el puesto. Equivocación del presidente por creer que al ganar uno tiene que ser bondadoso”, agregó.
Ante esto, el analista Juan Carlos Flórez opina que esta posibilidad “es una cosa inútil” y que “la mejor salida siempre es gobernar bien, rodearse de los mejores y enfrentar a los corruptos, pero eso es lo que este Gobierno no ha hecho”. Y agregó que con esto “Petro crea un espectáculo para poner a la gente a hablar de eso y no se concentra en por qué su gobierno es un pésimo ejecutor, por qué no se rodea de persona capaces y por qué hizo ciertas alianzas”.
El anuncio/advertencia, sin embargo, tiene mucho trecho que recorrer para ser una realidad. Según la Constitución, la Carta Magna puede ser reformada por el Congreso, por una Asamblea Constituyente o mediante referendo popular. Y para convocarse debe ser aprobada por voto popular, luego de que la Cámara de Representantes y el Senado aprueben una ley para llamar a las urnas y esta sea revisada al detalle por la Corte Constitucional.
De manera que, Petro tendría que contar con el apoyo del Congreso —del que se queja por el estancamiento de sus reformas—, así como pasar el examen en la Corte, la cual en pasadas ocasiones ha dejado sin piso ni peso jurídico proyectos bandera del presidente, como la “paz total”.
Ni los petristas le copian con la Constituyente
Esta pretensión no cayó bien ni siquiera en las filas del Pacto Histórico, así como en círculos académicos y exconstituyentes.
Antonio Navarro Wolf, uno de los presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, expresó que “no luce necesaria una nueva Asamblea Nacional Constituyente en estos momentos”.
El abogado Rodrigo Uprimny opinó que con esto “cierta derecha la verá como el asalto a la democracia” y “cierta izquierda como el inicio de la revolución”. “En ese ambiente polarizado es muy difícil, casi imposible, como lo ha mostrado Chile”, agregó.
El analista León Valencia aseguró que “el ambiente no está para embarcarse en un proceso constituyente” y, por lo tanto, “lo mejor es acudir a las facultades presidenciales para hacer los cambios posibles mediante decretos y directivas y concentrar los esfuerzos en ejecutar el plan de desarrollo aprobado”.
El senador Iván Cepeda reaccionó a esa posibilidad diciendo que sigue “creyendo en la posibilidad de un acuerdo nacional que permita llegar a una salida concertada de los problemas fundamentales del país”.
Entre tanto, el exsecretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, afirmó que esa idea “solo puede terminar en una Constitución regresiva”.
Para leer más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.
35 %
es el porcentajede aprobación del presidente Gustavo Petro, según la última encuesta Invamer.
