El presidente Gustavo Petro esquivó este martes la polémica sobre por qué su Gobierno no condenó ante la Organización de Estados Americanos, OEA, las constantes violaciones de derechos humanos del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Pero, sí puso el espejo retrovisor para advertir que el fallo de La Haya –con el que se perdió soberanía sobre el mar Caribe– mostró que la estrategia de Colombia ante Nicaragua “fracasó estúpidamente”.
De hecho, dijo que para cumplir esa sentencia es necesario negociar con Managua y que, por eso, designó como embajador a León Fredy Muñoz.
“Ahí hay lazos cortados por una estupidez diplomática”, dijo Petro describiendo la relación actual con Nicaragua. Y, a renglón seguido, instruyó a Muñoz para negociar “después de los desastres que los gobiernos pasados han representado por ese tema”.
Petro, incluso, fue más allá y advirtió que la defensa jurídica que se instauró ante La Haya para defender la soberanía en el mar Caribe, y que fracasó, se diseñó con una visión centralista desde Bogotá y que no tuvo en cuenta el punto de vista raizal de los pueblos que habitan en San Andrés y Providencia, los afectados por el fallo de La Haya.
El Presidente aseguró que se buscaron abogados “acostumbrados a los grandes contratos” y que, por eso, no diseñaron una defensa jurídica que salvaguardara los derechos de la población raizal y la soberanía limítrofe de Colombia.
Este palo le cae, aunque no los mencionó, a los expresidentes Andrés Pastrana, Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe e Iván Duque, pues sus gobiernos estuvieron inmiscuidos –desde el inicio del pleito– en el diseño de esa estrategia ante La Haya, en la que Colombia perdió 75.000 kilómetros de mar territorial ante Nicaragua, en noviembre de 2012.
De hecho, el más reciente fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) se dio en abril de este año, nuevamente a favor del país centroamericano. En la sentencia señalaron que Colombia ha interferido “con actividades de pesca e investigación marítima y sobre embarcaciones de Nicaragua”, incumpliendo la primera determinación del tribunal.
El pronunciamiento del presidente Gustavo Petro se dio durante la ratificación de León Fredy Muñoz como embajador de Colombia ante Nicaragua y luego de la tormenta que desató el silencio del Gobierno en la OEA ante las violaciones de derechos humanos del régimen de Daniel Ortega.
Esto último desencadenó críticas de la oposición que llevaron al canciller Álvaro Leyva, varias semanas después, a calificar a Ortega de “violador de derechos humanos”, un señalamiento que puso a tambalear la llegada de Muñoz a la embajada del país centroamericano.
El Gobierno justificó el silencio en “asuntos humanitarios”, debido a que Colombia estaría buscando la liberación de varios presos políticos que están bajo el régimen de Nicaragua.
