La Minga del Suroccidente, que comenzó este lunes su camino desde Caldono (Cauca) hacia Bogotá, es un tema prioritario para el Gobierno, que envió a Cali —donde hizo ayer se registró la primera parada de la marcha— a una comisión de alto nivel, que incluye a 7 ministros, para entablar un diálogo directo con las comunidades indígenas.
Y aunque las dos partes califican a la minga como un acto político, la exigencia de los comuneros de que el presidente Iván Duque los atienda directamente no está entre las posibilidades de negociación que lleva la delegación oficial.
Por eso, desde el Gobierno insisten en que en 2020 se han invertido $250 mil millones en proyectos que apuntan a la reparación de víctimas, de los cuales $1.120 millones son para la reparación colectiva de 28 comunidades indígenas; en el Sistema Educativo Indígena Propio, se destinaron $42 mil millones; y en la construcción de vías que dan acceso a territorios indígenas la partida va en $15 mil millones.
Sin embargo, la Minga, en un comunicado, aclaró que “no perseguimos recursos económicos; el carácter de la minga es netamente político, su finalidad es la defensa de la vida y la paz”.
Puntos que, Gilberto Muñoz, del equipo técnico de la Minga del Suroccidente, dice que se deben trabajar por aspectos como el asesinato de líderes sociales. Añade que la Defensoría del Pueblo, con corte a agosto pasado, ha reportado 63 de estos crímenes en 2020.
La ministra del Interior, Alicia Arango, le respondió que el Gobierno acepta hablar de esos tópicos con una perspectiva política, como lo piden los voceros de la minga. Pero exige que no se use este canal con un fin electoral y que los ministros sean aceptados como interlocutores. Además, que los líderes de la minga, como el nasa Feliciano Valencia, también admitan el diálogo y no acudan a delegados.
