Una vez firmado el Acuerdo de Paz en el año 2016 se estableció un plazo de 15 años para llevar a cabo la implementación de todas las medidas y compromisos contenidos en el Acuerdo de terminación del conflicto con las desaparecidas Farc.
Sin embargo, han pasado siete años y aún no hay avances en el cumplimiento de todos los compromisos. Por eso, este martes el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, anunció que plantearán ante el Consejo de Seguridad de ONU la posibilidad de extender el plazo a más 15 años.
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“Con los rezagos hay que considerar muy seriamente la posibilidad de extender el periodo de implementación de ese plan marco”, dijo el ministro.
La visita a la ONU fue anunciada un par de meses atrás por el presidente, Gustavo Petro, cuando dio a conocer sus intenciones de denunciar que el Gobierno no ha cumplido con las tareas tendientes a implementar lo acordado. Lo cual ha sido documentado por medios de comunicación, firmantes de paz, comunidad internacional y diversos organismos. En efecto, existe un retraso en la implementación y un deterioro de lo alcanzado durante los gobiernos pasados.
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En su visita al organismo internacional, el jefe de Estado planteará cinco líneas sobre las que basará la transformación de la implementación, sin dejar de reconocer que existen obstáculos estructurales que han impedido el efectivo cumplimiento de los acuerdos.
“Tiene mucho que ver con la reforma agraria, con las transformaciones del territorio y el esclarecimiento de la verdad judicial completa. Para lograr realmente que avancemos en la implementación se requiere un nuevo marco estratégico y ese marco estratégico debe incluir los distintos componentes de la Paz Total porque el conflicto en Colombia obviamente ha evolucionado. Allí la implementación del Acuerdo de Paz debe reconocer algunas realidades adicionales que tiene el país”, detalló el canciller.
El Gobierno busca que sean tenidas en cuenta conclusiones estructurales de las manifestaciones sociales del 2021 conocidas popularmente como el estallido social.
“El acuerdo de paz de 2016 en una nueva lectura estratégica nos puede servir para abordar algunos temas del conflicto y la violencia en zonas urbanas marginalizadas. Y eso recogería todo lo que se vio de las aspiraciones de la juventud en el marco de lo que se denominó el estallido social. Y también obviamente las negociaciones que se están dando con grupos o redes criminales urbanas. Todo lo anterior es muy necesario para avanzar en una paz que sea justa y que sea equitativa. Pero lo cierto sí es que en el Consejo de Seguridad obviamente se va a ratificar la voluntad del cumplimiento del acuerdo de paz”, añadió Murillo.
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Cuando Gustavo Petro asumió como presidente de Colombia, los firmantes de paz vieron con ilusión la efectiva implementación de los Acuerdos. Sin embargo, otra ha sido la realidad. Desde entonces vienen denunciando el retroceso de todo lo acordado, fracasos de los proyectos productivos, retraso en la titulación de tierras, aumento de los asesinatos de desmovilizados, eliminación de dependencias esenciales para la verificación y cumplimiento de lo acordado, entre otras denuncias.
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Recientemente, Pastor Alape, firmante de paz y miembro del Partido Comunes, colectividad creada para la participación en política de los desmovilizados, aseguró que les resulta irónico que vieron más avances durante el Gobierno del expresidente Iván Duque que durante el Gobierno del autoproclamado presidente de la Paz, al referirse a Petro.
