Seguramente muchas personas conocen la marca Drogas La Rebaja porque se encontraban con una de sus tiendas en cada esquina de barrio. Hoy está siendo noticia porque, finalmente, se decidió el futuro comercial de la cadena de productos farmacéuticos, que ahora está bajo el control del Estado.
La razón de esta movida data de hace ya tiempo, cuando la justicia comenzó a investigar de dónde salió la plata que se le inyectó a la cadena de droguerías para disparar el negocio. Y fue hace más de seis años que se dio el hallazgo determinante: los activos de la cadena de farmacias Drogas La Rebaja eran producto de actividades ilícitas ligadas con el Cartel de Cali.
Sin embargo, apenas a mediados de este año el Tribunal de Bogotá ratificó su extinción de dominio bajo un fallo de segunda instancia, en el que señaló que pasaría a ser propiedad del Estado. A pesar de esto, se desconocía si el gobierno de Gustavo Petro acabaría definitivamente con la icónica cadena.
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Lo que se acaba de conocer es precisamente esa decisión. Ahora, la compañía de farmacias que fundaron en la década de 1970 los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, quienes fueron máximos capos del Cartel de Cali, seguirá funcionando y será crucial para el plan de reforma al sistema de salud del país que pretende llevar a cabo el Gobierno Nacional.
Así, el Estado se encargará de tomar su control y garantizar su funcionamiento, convirtiéndola en una red nacional pública de droguerías y laboratorios para la fabricación de medicamentos a bajo costo, que estará bajo el servicio del Ministerio de Salud.
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“De esta empresa se busca garantizar su funcionamiento y el empleo de miles de familias colombianas que allí trabajan, además de potenciar una red nacional pública de distribución de medicamentos que tendrá como eje la estructura de esta sociedad, y que en la actualidad es operada por Coopservir a través de un contrato comercial firmado en 2021″, explicó la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
La cadena cuenta con más de 970 establecimientos comerciales en el país, tiene presencia en 198 municipios y genera 6.800 empleos directos. La empresa estuvo hasta 2014 en la llamada Lista Clinton por sus vínculos con el narcotráfico.
