Once años después del feminicidio de Rosa Elvira Cely –ocurrido en el Parque Nacional de Bogotá–, un juez administrativo de Bogotá aceptó la demanda interpuesta por su familia debido a las fallas en la justicia y en las entidades responsables de prevenir y atender el caso.
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En ese sentido, el juzgado 37 del circuito de Bogotá declaró “administrativa y extracontractualmente responsable a la Secretaria de Salud Distrital, al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, al hospital Santa Clara III nivel hoy, la Subred integrada de servicios de salud Centro Oriente ESE y a la Fiscalía General de la Nación por el daño antijurídico causado por los hechos que dieron lugar a la muerte de Rosa Elvira Cely (QEPD)”.
En esta condena, que asciende a los $1.300 millones, dejó como responsable a la Fiscalía por que el feminicida de Rosa Elvira, Javier Velasco, tenía cuentas pendientes por otros crímenes y no se hizo nada al respecto, ya que el hombre permanecía libre y no fue enviado a algún centro psiquiátrico o de detención.
“En el año 2007 Javier Velasco Valenzuela abusó sexualmente a sus hijas menores, proceso que a la fecha de la violación, empalamiento y tortura y posterior fallecimiento de Rosa Elvira Cely, permanecía en averiguación en la Fiscalía”, dice el fallo.
La decisión recalca las fallas graves del ente investigador en este caso que terminó con el feminicidio de Rosa Elvira Cely. “Pese a que Javier Velasco Valenzuela contaba con tres procesos penales en su contra, con un mismo patrón de comportamiento criminal y a pesar de contar con las denuncias, testimonios y el impulso procesal de las víctimas directas, la Fiscalía General de la Nación omitió su deber en la investigación de lo que permitió la conducta de accionar criminal”.
Incluso se conoció en el determinación del juez que “el 17 de febrero de 2003 Javier Velasco Valenzuela asesinó a Dismila Ochoa Ibáñez, (pero) durante la actuación penal la Fiscalía omitió investigar si había existido acceso carnal violento, pese a que la familia de la víctima solicitó investigarlo”.
En lo que respecta a las otras entidades distritales declaradas culpables, se logró establecer que existió una responsabilidad de omisión al no presentar la atención oportuna a las llamas de la línea de emergencia que hizo Cely el día de su asesinato y que facilitaron el crimen.
En ese sentido, el juez ordenó reparar a la hija, la mamá y la hermana de Rosa Elvira por más de $1.300 millones por daños morales, materiales y en la salud. La Fiscalía tendrá que asumir gran parte del valor de la indemnización.
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