El multimillonario caso de Odebrecht, conocido como uno de los escándalos de corrupción más grandes del país y del continente, dio un giro inesperado con el que el fiscal estrella del expediente, Daniel Hernández, resultó siendo investigado por, presuntamente, trabar los trámites administrativos para impedir la captura de varios de los implicados.
Tras más de un año de investigaciones, en el que la justicia dio pocos detalles de cómo avanzaba ese caso de corrupción, la Fiscalía General de la Nación anunció que le imputará cargos al fiscal Hernández y a otros nueve procesados, entre los que se encuentran tres brasileños, dos españoles y un uruguayo.
Todos ellos vinculados a una o varias de las cinco líneas de investigación que adelanta el ente acusador para esclarecer el envío y recepción de coimas a cambio de favorecer a la constructora en varias de las obras más importantes del país.
Según la entidad, “se encontraron méritos suficientes para vincular formalmente a otros presuntos involucrados en las maniobras usadas para intentar ocultar los dineros que la constructora habría destinado para pagar dádivas”.
¿Un fiscal corrupto?
El fiscal Daniel Hernández no solo es uno de los más reconocidos del país por su papel investigando Odebrecht, sino que estuvo al frente de otras investigaciones de alto impacto como el caso del empresario Carlos Mattos y Hyundai, las chuzadas al Acuerdo de Paz y la narcofinca del exembajador Fernando Sanclemente.
Tras 15 años de experiencia en la justicia, esta se convierte en la primera investigación en la que pasa al banquillo a responder por sus presuntas actuaciones corruptas.
Según las indagaciones, Hernández habría recibido de un juez de control de garantías siete órdenes de captura contra presuntos implicados en el entramado de corrupción de Odebrecht, tres de ellas contra los brasileños Mauricio Marangoni Marangoni, Eder Paolo Ferracuti y Amilton Hideaki Sendai.
Luego de eso, el fiscal habría hecho una solicitud defectuosa con esas tres últimas órdenes de captura y “omitió darles trámite legal”.
Esto último, sumado a que “tampoco pidió inmediatamente la expedición de notificación azul de INTERPOL para ubicar en otros países” a los ciudadanos brasileños, habría permitido que los tres implicados huyeran del país y no fueran localizados de manera oportuna.
Pero el expediente contra el fiscal no termina ahí. Según el ente acusador, Hernandez habría intimidado en las instalaciones del Búnker de la Fiscalía, en Bogotá, a Otto Nicolás Bula –uno de los testigos claves del caso Odebrecht– y le habría reprochado por su intención de querer servir como testigo contra otras personas vinculadas.
Por todo esto, la Fiscalía le imputará los delitos de amenazas a testigo y prevaricato por omisión, dos cargos que podrían costarle penas de hasta 12 años y 9 meses de prisión, respectivamente.
Los otros imputados
El exsubgerente de estructuración del Instituto Nacional de Concesiones, David Villalba; y los brasileños Amilton Hideaki y Manuel Ricardo Cabral –representantes legal principal y suplente, respectivamente de la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S– serán imputados por el delito de interés indebido en la celebración de contratos.
Según la Fiscalía, para garantizar esa adjudicación la constructora habría pagado 6,5 millones de dólares al exviceministro de Transporte y entonces director del INCO, Gabriel Ignacio García. En ese sentido, García habría usado su cargo “con pleno conocimiento y voluntad para favorecer a concesionaria”.
Así mismo, el ente acusador imputará los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos a los ciudadanos brasileños Luiz Antonio Bueno y Amilton Hideaki, en su condición de director superintendente y director de ingeniería de Odebrecht en Colombia; y a los ciudadanos españoles José Díaz y Juan José Lago Novas, director gerente y director técnico, respectivamente, de la empresa DCS Management.
Por último, el ciudadano uruguayo Andrés Norberto Sanguinetti Barros, como presunto responsable de los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito de particulares.
