El fiscal general, Francisco Barbosa, también criticó con fuerza la decisión del Gobierno de decretar un cese al fuego con grupos armados ilegales como el Clan del Golfo, porque -a su juicio- eso derivó en un atentado “contra la institucionalidad y el orden público”. Dijo, incluso, que frenó el aparato judicial.
Barbosa advirtió que se “hizo una suspensión de operaciones militares y policivas en el territorio nacional, sin verificación y sin limitación geográfica. Eso llegó a una situación de inoperatividad de la Fuerza Pública”.
El fiscal precisó que el levantamiento del cese al fuego con el Clan del Golfo es muestra de que el presidente Petro reconoció su error. Además, dijo que por cuenta del cese de hostilidades más de 300 órdenes de capturas no se han podido llevar a cabo. ¿La razón? La imposibilidad de que el Ejército y la Policía puedan entrar a zonas rurales. Incluso, fue más allá y aseguró que, por esa misma decisión, otras 3.600 peticiones para poner tras las rejas a homicidas quedaron sin ejecutar en varias zonas.
“En el marco de esas decisiones desacertadas del manejo del orden público de Colombia, hoy estamos en una situación de caos y de imposibilidad de hacer ejercicio de la acción judicial llevando al país a tener más de 365 órdenes de captura sin materializar por parte de nuestra Fiscalía, porque no existe posibilidad de entrada a zona rural de las Fuerzas Militares y de Policía”, aseveró el fiscal desde Medellín, donde realizó este miércoles una jornada de rendición de cuentas de sus tres años de gestión.
Por otro lado recordó que los problemas de orden público en algunas regiones los había “advertido hace dos meses. Quemaron ambulancias, quemaron peajes. Un paro minero patrocinado por el Clan del Golfo. Esto es lo que también está ocurriendo en Caquetá, Cauca, el Meta, como denunciaron los gobernadores”.
Finalmente, el jefe del ente acusador criticó que “ahora los máximos responsables de delitos de lesa humanidad tienen una pena entre 6 y 8 años, si ya cumplieron los ocho años se van para la calle, así hayan cometido ese tipo de crímenes. Pablo Escobar estaría feliz con esta ley de sometimiento, el Cartel de Cali estaría feliz con esta ley de sometimiento”. Y preguntó: “¿qué pensarían Rodrigo Lara y Enrique Low Murtra frente a estas leyes? Están ensuciando la dignidad de este país”
El que le está poniendo freno a la paz total al parecer es el mismo Gustavo Petro. Así lo dio a entender este miércoles el fiscal Francisco Barbosa al denunciar que le quieren meter por lo menos siete “micos” al Plan Nacional de Desarrollo (PND) que, paradójicamente, terminarían beneficiando a corruptos y narcotraficantes. La razón, según advirtió, es que se reducen los requisitos de contratación con el sector público bajo el concepto de “economía popular” y se abre la puerta a que capos controlen proyectos de sustitución de cultivos de uso ilícito.
Estas alertas las dejó consignadas en un documento que radicó ante el Consejo de Política Criminal, el cual hizo público desde Medellín, donde realizó una jornada de rendición de cuentas por sus tres años de gestión. De hecho, como los más de 300 artículos del PND ya se discuten en el Congreso, pidió que sus posturas sean escuchadas en próximos debates.
Por su parte, desde Barrancabermeja (Santander), Petro –sin responder los reparos– sostuvo que Barbosa debería “pedirles la verdad” a los implicados en la corrupción con los bienes incautados a la mafia, “en vez de callarlos”.
El eje de las preocupaciones del fiscal es que el relajamiento de los controles para contratar termina facilitando la entrega de recursos a a dedo, lo que –de paso– fomentaría la criminalidad. Aquí es clave, según él, el concepto de economía popular que tanto “cacarea” Petro, porque al ser tan voluble no se le pueden poner límites.
Y eso, explicó, hace que se puedan ejecutar proceso contractuales de hasta $166 millones sin control previo, lo que al multiplicarse por todo lo que puede hacerse en el país sería un enorme foco de corrupción: “Es meter en un sifón los recursos”.
Las alarmantes irregularidades que encontró también tienen que ver con la falta de control al repartir el presupuesto y la violación a los parámetros de transparencia pública, lo que desencadenaría en delitos como la celebración indebida de contratos por el que hay 2.600 condenas.
Contratación “popular” sin controles
La primera preocupación para el fiscal Barbosa tiene que ver con el artículo 82 del PND, en el que se plantea que se le van a dar facultades a las entidades para que puedan contratar de manera directa con personas naturales. Es decir que hasta $165 millones pueden pasar sin ningún requisito y es ahí donde se le abre la puerta a la corrupción. En ese sentido, alertó por el riesgo de que aparezcan figuras que se aprovechen de ese “mico”, lo que se traduce en que “estos son los sifones donde meten recursos y desparecen miles de millones de pesos”. Este punto se relaciona con la política criminal, en el sentido de que es una de las “grandes dificultades para investigar delitos como celebración indebida de contratos o sin cumplir requisitos”.
Se puede colar cualquier corrupto
El artículo 83 elimina el requisito de tener el registro único de proponente que hoy se impone a través de Colombia Compra Eficiente. Esto, de acuerdo con Barbosa, abre la posibilidad a que cualquier persona o entidad se presente para contratar, así tenga una sanción. De hecho, alertó que este “mico” permitiría que alguno de los 2.600 condenados por corrupción vuelva a morder recursos públicos. “Se está dejando un margen muy amplio de reglamentación, especialmente si se considera que esta facultad abarca la flexibilización de otros requisitos”.
Se interviene la ley de transparencia
Según el estudio que realizó la Fiscalía, el artículo 289 modificaría la ley de transparencia y le terminaría dando facultades a cabildos indígenas y negritudes para que contraten de forma directa. La razón es que al ser actores que carecen de experiencia contractual pueden ser fácilmente manipulables por inescrupulosos. “¿Cómo le vamos a decir que contraten si, por ejemplo, eso no tiene nada que ver con la cultura propia de un pueblo indígena?”, agregó.
No hay claridad en la modalidad de contratación
Otra de las preocupaciones tiene que ver con la transparencia en las modalidades de contratación que plantea el PND, a través del Fondo de Vida y otro más del Ministerio del Deporte. La razón es que hoy no existen y, al crearlos con este articulado, no se tienen reglas específicas de protección de los recursos que van a manejar. Incluso, alertó que serían focos de contratación directa, que, sumado a las alertas anteriores, abren la puerta a desfalcos. “Necesitamos transparencia en el uso de recursos, porque puede existir incertidumbre al momento de investigar delitos asociados a la contratación directa”, resaltó. Incluso, advirtió que esto fomentaría la celebración indebida de contratos.
Se vuelve a meter el narcotráfico
El fiscal denunció que cada vez que el Gobierno presenta un proyecto le meten un artículo relacionado con narcotráfico, y el PND no fue la excepción. Según Barbosa, en el Plan los narcos podrían controlar recursos entregados bajo el concepto de “comunidad”, pues se altera lo establecido en el programa de sustitución de cultivos que se conoce como PNIS. La razón es que, actualmente, estos giros se le hacen es a familias y al ampliar el término cualquiera puede meterse. “Hay que hacer una reconversión, pero pongan familias no comunidades, no abran un boquete. Eso es como una especie de banquete de recursos sin control”, enfatizó.
Manipulación de indígenas y negritudes
Barbosa también reclamó que el artículo 32, en el que se establecen mecanismos para la gestión del catastro multipropósito, indica que los operadores de estos procesos sean indígenas y raizales que podrían contratar de forma directa para obtener recursos de la actualización. Y, como en el punto anterior, al no tener experiencia, pueden ser permeados por corruptos. “Van a terminar encontrando caminos para engañar a la comunidad”, añadió y ratificó que “hay que cuidar que no les tumben la plata”.
Golpea la independencia judicial
El artículo 8 del PND expresa que el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) podrá definir los roles de cada entidad, incluida la Fiscalía, frente al informe final entregado por la Comisión de la Verdad. Para Barbosa, es necesario hacerle un llamado al Gobierno para que tenga en cuenta que el ente investigador hace parte de la rama judicial, por lo tanto, el Dapre no puede asignarle funciones. “Ese artículo se debe suprimir. La Fiscalía no puede estar dentro de esos lineamientos porque hace parte de la rama judicial”, concluyó.
“Más de 300 órdenes de captura no se hicieron”: Fiscal Barbosa
El fiscal general, Francisco Barbosa, también criticó con fuerza la decisión del Gobierno de decretar un cese al fuego con grupos armados ilegales como el Clan del Golfo, porque -a su juicio- eso derivó en un atentado “contra la institucionalidad y el orden público”. Dijo, incluso, que frenó el aparato judicial.
Barbosa advirtió que se “hizo una suspensión de operaciones militares y policivas en el territorio nacional, sin verificación y sin limitación geográfica. Eso llegó a una situación de inoperatividad de la Fuerza Pública”.
El fiscal precisó que el levantamiento del cese al fuego con el Clan del Golfo es muestra de que el presidente Petro reconoció su error. Además, dijo que por cuenta del cese de hostilidades más de 300 órdenes de capturas no se han podido llevar a cabo. ¿La razón? La imposibilidad de que el Ejército y la Policía puedan entrar a zonas rurales. Incluso, fue más allá y aseguró que, por esa misma decisión, otras 3.600 peticiones para poner tras las rejas a homicidas quedaron sin ejecutar en varias zonas.
“En el marco de esas decisiones desacertadas del manejo del orden público de Colombia, hoy estamos en una situación de caos y de imposibilidad de hacer ejercicio de la acción judicial llevando al país a tener más de 365 órdenes de captura sin materializar por parte de nuestra Fiscalía, porque no existe posibilidad de entrada a zona rural de las Fuerzas Militares y de Policía”, aseveró el fiscal desde Medellín, donde realizó este miércoles una jornada de rendición de cuentas de sus tres años de gestión.
Por otro lado recordó que los problemas de orden público en algunas regiones los había “advertido hace dos meses. Quemaron ambulancias, quemaron peajes. Un paro minero patrocinado por el Clan del Golfo. Esto es lo que también está ocurriendo en Caquetá, Cauca, el Meta, como denunciaron los gobernadores”.
Finalmente, el jefe del ente acusador criticó que “ahora los máximos responsables de delitos de lesa humanidad tienen una pena entre 6 y 8 años, si ya cumplieron los ocho años se van para la calle, así hayan cometido ese tipo de crímenes. Pablo Escobar estaría feliz con esta ley de sometimiento, el Cartel de Cali estaría feliz con esta ley de sometimiento”. Y preguntó: “¿qué pensarían Rodrigo Lara y Enrique Low Murtra frente a estas leyes? Están ensuciando la dignidad de este país”.
