Los abogados del último secretariado aseguraron que la imputación no lograba evidenciar el delito y la aparente sistematicidad de los comandantes guerrilleros para ordenar la esclavitud de los secuestrados.
El último secretariado de las Farc presentó un recurso con el que pretende declarar nulo el apartado del auto en el que la Jurisdicción Especial de Paz les ratificó la imputación por el delito de esclavitud. En un documento de 114 páginas, la defensa de los exFarc argumentó las razones para solicitar la nulidad de esa imputación.
“Solicitamos respetuosamente al despacho (...) Declarar la no configuración del crimen de lesa humanidad de esclavitud por no encontrarse probados los supuestos contextuales relacionados con la cosificación del cautivo, inexistencia de conocimiento e intención de esclavización del secuestrado”, se lee en el documento conocido por EL COLOMBIANO y que ya fue radicado por la defensa ante la Sección de Reconocimiento de la JEP.
La decisión de apelar se conoció 38 días después de que la misma Sección emitió un auto en el que dejó en firme la imputación por esclavitud al último secretariado de las Farc.
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En el documento de la JEP se reafirmó que el secretariado habría permitido el surgimiento y consolidación de una política de guerra que terminó por esclavizar a los secuestrados.
“Las víctimas fueron forzadas a realizar trabajos (...) Había amenazas de muerte o de atentar contra la integridad en el caso de no realizar los trabajos”, se lee en el Auto 003 de 2024 de esa jurisdicción.
Por este caso están vinculados los excabecillas Rodrigo Londoño, Pastor Alape, Joaquín Gómez, Mauricio Jaramillo, Julián Gallo, Pablo Catatumbo y Rodrigo Granda. Todos ellos han reconocido su responsabilidad y participación en los delitos de secuestro. Pero también se han mostrado reacios a aceptar que los rehenes fueron esclavizados.
La defensa de la última cúpula de las FARC señaló que en la reciente imputación no se logró probar cómo se configuró la esclavitud de los secuestrados y si hubo una sistematicidad en los hechos.
“Como consecuencia de tal declaración, (solicitamos) eliminar la imputación por esclavitud a los comparecientes aquí seleccionados y en su lugar mantener la imputación de trabajos forzados a quienes se les compruebe la existencia de estos en el periodo en el cual ostentaron mando como comandantes de Bloques o Comandos Conjuntos”, se lee en la solicitud radicada por los excombatientes.
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Hasta ahora, la Sección de Reconocimiento de la JEP había asumido que los exFarc ya habían reconocido su participación en el delito de exclavitud. Incluso, aseguraron que para el segundo semestre de este 2024 se conocerían las primeras sanciones. Con el recurso, la Jurisdicción deberá hacer un nuevo análisis y entregar otra respuesta.
“Si las Farc insiste en que nunca cometieron el delito de esclavitud, pues tendrán que demostrarlo en juicio. Pero, si en ese proceso se evidencia su culpabilidad, vendrían sobre ellos penas que van entre los 15 y 20 años en prisión”, explicó el profesor de Problemas Colombianos, Mauricio Montoya.
El juego político
De fondo, el último Secretariado de las Farc tendrá que evaluar si está dispuesto a librar una batalla en juicio para tratar de sacar en limpio su imagen.
Es que una condena por esclavitud supone un riesgo reputacional para el futuro del partido Comunes.
En los contextos de conflicto es “común” que se cometan retenciones ilegales de rehenes, sin embargo, la esclavitud y la tortura son tan execrables que hasta el Derecho Internacional Humanitario y el Estatuto de Roma le dan un tratamiento diferencial a este delito.
Una sentencia en contra por esclavitud –así la sanción sea en el escenario restaurativo– es un riesgo reputacional frente a la comunidad internacional y ante los militantes que logró consolidar desde que se convirtieron en partido político.
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