La experta internacional delegada por la ONU para analizar la implementación del acuerdo de paz, Antonia Urrejola, dio un panorama poco alentador al dar a conocer un adelanto de sus principales hallazgos.
Entre sus conclusiones, aseguró que la Fiscalía General de la Nación –liderada en ese entonces por Néstor Humberto Martínez– sí obstaculizó el proceso de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, en el caso del excomandante de las Farc Jesús Santrich.
Urrejola presentará un informe más extenso en marzo de 2024 ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
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En su intervención señaló que hay un contexto político desfavorable para la implementación, pues “un sector no menor de la sociedad colombiana estaba abiertamente contrario al acuerdo de paz y actores importantes cuestionaron las facultades y competencias de la JEP y de la labor de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición”.
En este mismo sentido, apuntó que no se tomaron las medidas necesarias inmediatamente para garantizar el despliegue estatal donde las FARC tenían presencia.
Esto, como se ha demostrado, derivó en la una expansión territorial de las disidencias. Colprensa le pidió profundizar en este punto, a lo que respondió que es una realidad que “durante el gobierno Santos se hicieron esfuerzos, pero falta muchísimo trabajo”.
“Uno de los problemas sigue siendo la ocupación de los territorios, me refiero no solo a la ausencia de presencia militar, sino a la institucionalidad, y eso implica también al sector privado”, dijo.
Solo cuando todos los anteriores trabajen en conjunto habrá oportunidades de empleo para la población.
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No se ha podido proteger a los firmantes
Adicionalmente, indicó que el Estado no ha podido prevenir el riesgo y se han materializado al menos 400 homicidios de firmantes de paz. “A este panorama se suma la impunidad que me atrevería a caracterizar como una impunidad estructural frente a los autores intelectuales de los asesinatos, amenazas y hostigamientos”, agregó.
Pero, a su vez, deja claro que la responsabilidad de protegerles no recae únicamente sobre la UNP y que no se trata de “tener más camionetas blindadas”, sino de garantizar la seguridad, sobre todo en los territorios más aislados, de la mano de las autoridades locales y nacionales.
En relación con la seguridad jurídica de los firmantes, señaló que ha recibido testimonios de muchos de ellos, quienes aseguran que “no saben de su realidad judicial, impidiendo el acceso a garantías del acuerdo, a servicios y a empleos” e incluso han sido retenidos por tener vigentes órdenes judiciales pese a recibir en el pasado una amnistía.
“El manejo adecuado de las notificaciones para asegurar la garantía de los derechos de los firmantes debe ser una prioridad del Estado”, insistió. Esto lleva a otro inconveniente y es lo que denominó descoordinación estatal.
“Estoy convencida de la inaplazable necesidad de que exista una sola instancia estatal de alto nivel que lidere la implementación del acuerdo, concrete el diálogo entre las diferentes políticas públicas de justicia transicional y asegure la coordinación institucional e interjurisdiccional”, dijo.
Por otro lado, señaló que la implementación del capítulo étnico y de género quedó rezagada.
Lo positivo del informe
Del lado bueno, destacó a puesta en marcha del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, así como la publicación del informe de la Comisión de la Verdad, que demuestra que a la violencia del conflicto armado se le sumaron otras violencias.
Dicho lo anterior, enlistó al racismo, clasismo y al patriarcado como las más predominantes. Sin embargo, insiste en que “es fundamental que, a pesar de los obstáculos, la sociedad colombiana reconozca que la mayoría de firmantes siguen comprometidos”.
