El excomandante paramilitar Salvatore Mancuso, recién extraditado a Colombia y quien busca la libertad condicionada, tiene ciertas restricciones, según lo dictaminó la juez de Justicia y Paz, la magistrada Luz Marina Zamora, quien ya le ha concedido en dos ocasiones la libertad condicional al recién deportado.
A pesar de que aún quedan dos audiencias pendientes para determinar si queda en libertad o no (en un juzgado de Barranquilla y en Bogotá), se prevé que Mancuso se someta a condiciones estrictas debido a su papel en los crímenes cometidos durante el conflicto armado.
Mancuso, quien fue deportado de Estados Unidos el pasado 27 de febrero, enfrenta un proceso para obtener la libertad condicional en Colombia.
La magistrada Luz Marina Zamora ha señalado que “la libertad a prueba que entrará a gozar Salvatore Mancuso, con ocasión de este proceso acumulado, está sujeta a previa suscripción de diligencia de compromiso”, explicó Zamora.
Entre las limitaciones está la prohibición de acudir a varios departamentos donde Mancuso perpetró múltiples crímenes con las AUC durante el conflicto armado.
“Esa restricción en su caso concreto tiene en cuenta no solo el rol que tuvo Mancuso en las Autodefensas Unidas de Colombia, donde está documentado que fue uno de sus fundadores, líderes y comandantes”, dijo la magistrada.
Entre estas regiones están Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, César, Magdalena, Norte de Santander y La Guajira. Además, de los municipios de San Pedro de Urabá, Necoclí, Ituango, Arboletes y Apartado. Sin embargo, Mancuso podrá transitar en estos territorios en calidad de gestor de paz.
Estas restricciones se basan en el extenso historial delictivo de Mancuso, quien enfrenta acusaciones por más de 1.150 crímenes cometidos por las extintas Autodefensas Unidas de Colombia en los departamentos de Magdalena y Cesar entre los años 1996 y 2006. Según había determinado un Tribunal de Barranquilla, en estos departamentos se cometieron homicidios, desplazamientos y desapariciones forzadas.
Además, se le imputan más de 4.071 hechos violentos que dejaron 6.552 víctimas en Antioquia, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Santander y Sucre.
Asimismo, en el departamento de Norte de Santander, se conocieron que allí funcionaban unos hornos que habrían sido usados por las AUC para incinerar a sus víctimas, en zona fronteriza con Venezuela.
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La justicia colombiana también lo vincula a múltiples masacres como la de Pichilín en Sucre, la masacre de Tasajera y El Salado en Bolívar, y otras más.
“Se considera pertinente de oficio solicitar al director de la UNP que proceda a realizarle de manera inmediata un estudio de riesgo a Salvatore Mancuso Gómez, aunque esté privado de la libertad (...) para que, con base en el resultado, desde el instante en que se materialice su libertad, se le garanticen sus derechos fundamentales a la vida e integridad personal en debida forma”, concluyó la magistrada.
De acuerdo con la Procuraduría, estas restricciones se enmarcan en “los derechos de los millares de víctimas directas e indirectas que fueron sujetos pasivos de esa tragedia humanitaria al ser revictimizadas”.
