Olmedo López, el director de Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), dialogó con EL COLOMBIANO y reveló que tras asumir su cargo en mayo denunció ante la Fiscalía a tres personas que al parecer estafaban a proveedores con la promesa de mediar ante la entidad para supuestamente acelerar los pagos.
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López detalló que este caso que llevó ante la Fiscalía podría relacionarse con el maletín que se halló en abril en las instalaciones de la Ungrd y que salpicó a Diego Enrique Vargas, quien para le época era el subdirector de la entidad, bajo el mando del entonces director (e) Luis Fernando Velasco, hoy ministro del Interior.
Además, el funcionario detalló que van más de 1 millón de damnificados por el invierno y aseguró que la entidad que dirige está preparada para reaccionar ante cualquier incendio forestal que se registre en el país.
¿Cuál fue la situación al interior de la entidad con terceros que se ofrecían de intermediarios?
“Desde el 8 de junio presenté ante la Fiscalía una denuncia contra varios particulares externos que al parecer estaban estafando a proveedores de la Ungrd y la Fiduprevisora ofreciéndoles un supuesto servicio de intermediación con el que prometían que se acelerarían los pagos pendientes de las entidades, ya que el proceso de pago se estaba demorando entre tres y cuatro meses para hacerse efectivo”.
¿Esa red de intermediarios tiene relación con el caso del maletín con dinero que salpicó al exsubdirector, Diego Enrique Vargas?
“Podría existir una relación porque había funcionarios de la entidad que le recibían a los contratistas documentos para revisar y priorizar los pagos. Eso se prestaba para que se dieran situaciones de lentitud en los escritorios y para que externos llamaran a los acreedores y proveedores a decirles que intermediarían para que hubiese celeridad en los pagos. Y se prestaba para que se dieran las estafas”.
¿Entonces Vargas tendrá que responder ante la Fiscalía?
“Él explicó en la prensa que el maletín le pertenecía a un amigo suyo. La Fiscalía tendrá que hacer las investigaciones correspondientes para determinar si fue así. También le corresponderá la identificación de los externos que al parecer cobraban comisiones para facilitar los pagos a los contratistas de la entidad”.
¿Cuántas personas estarían salpicadas en esta red de estafa?
“Llevé a la Fiscalía los casos de tres personas que al parecer estaban haciendo este ejercicio de estafa externamente con nuestros proveedores”.
Y además de la denuncia en Fiscalía, ¿qué hizo la entidad para solucionar esa intermediación?
“Creé un grupo élite de fiscalización y pagos. Así se quitó de alguna manera el manejo directo que tenían los supervisores sobre la autorización de pagos, haciendo que los proveedores radiquen directamente sus facturas en la entidad. Esto permitió bajar de entre 90 y 120 días los pagos a solo 15 días. Nos reunimos con 91 contratistas y nos comprometimos a pagarles en los próximos 15 días los primeros $151.000 millones de facturas que venían retrasadas”.
Hablemos sobre prevención del riesgo, ¿cuáles son los pronósticos meteorológicos en el país?
“Vamos a tener unos tiempos prolongados y un comportamiento complejo en el clima. En los meses de septiembre y octubre tendremos incremento en el calor especialmente en el norte de Colombia, pero no sucederá así en el mismo periodo de tiempo en el departamento de Nariño, donde, por el contrario, habrá lluvias. En el mes de noviembre en todo el país lloverá desde La Guajira hasta el sur y desde diciembre hasta abril, o quizás mayo, tendremos una temporada moderada de calor”.
¿Hay algún plan de prevención de incendios forestales para evitar tragedias como las ocurridas en Canadá y Hawái?
“Estamos trabajando articulados con el general Luis Carlos Córdoba, comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, y vamos a fortalecer el convenio con ellos para atacar los incendios forestales que se registren en todo el país. Lo haremos con la ayuda de los helicópteros Black Hawk UH-60 con sistema Bambi Bucket (sistema especializado para llevar el agua) que sirven para apoyar a los hombres en tierra de los cuerpos de bomberos y la Defensa Civil que están en todo el territorio nacional”.
¿Qué implicará ese fortalecimiento del convenio con la FAC?
“Ese convenio permite el acompañamiento y la llegada de agua cuando sea necesario a los bosques, incluyendo las partes altas. También para llevar y trasladar unidades a territorios complejos como lo hicimos en este año, trasladando desde Rionegro (Antioquia) hacia Providencia el helicóptero con el sistema Bambi Bucket. Igualmente dispusimos de unidades de Bomberos, del Ejército y la Policía Nacional para atacar el incendio forestal en Providencia”.
¿Eso quiere decir que el país está en capacidad para atender graves incendios forestales?
“Sí. El Sistema Nacional para la Atención y Prevención de Desastres en Colombia es muy fuerte y trabaja articuladamente. La cabeza del sistema es la Dirección de la Ungrd y por eso nosotros nos encargamos de convocar a los Puestos de Mando Unificados (PMU), a los que asisten todos los equipos nacionales que tenemos una articulación maravillosa”.
¿Y funciona para la prevención de tragedias por deslizamientos y avenidas torrenciales?
“Sí. La articulación con las comunidades y los sistemas de alerta temprana nos permitieron, por ejemplo, que una avenida torrencial muy superior a la de Quetame (Cundinamarca), que nos llenó de luto, nos dejara cero víctimas en El Tarrita, en Ábrego (Norte de Santander) en junio”.
¿Cuántos damnificados ha dejado el invierno y cuáles son los departamentos más afectados?
“En Colombia hemos tenido este año situaciones de lluvia prolongada que nos han dejado 1.054.000 personas damnificadas. El 54 % de esos damnificados está en los departamentos de Sucre, Córdoba y Bolívar, en especial por las inundaciones en el sector de Cara e’ Gato, en La Mojana, ocasionadas por el desbordamiento del río Cauca”.
¿El Gobierno dará una solución definitiva a esa problemática?
“La solución definitiva será la inversión completa que estamos haciendo en el territorio, que creo que va a durar más, va a superar el periodo del presidente Gustavo Petro. Hoy tenemos asignados $1.8 billones y podemos contarle al país que estamos interviniendo Cara e’ Gato para lograr su cierre. Este cierre estará acompañado por la inundación controlada del Canal de la Esperanza, si no lo inundamos, las obras en Cara e’ Gato no van a durar. Es necesario que el río Cauca vuelva a tener ese tipo de zonas de descanso”.
Háblenos de reasentamiento de viviendas que el Gobierno realizará en Lloró, en el Chocó...
”En el corregimiento de Boraudó entregamos el programa de reasentamiento y obras de recuperación hidráulica para materializar las soluciones de vivienda para las familias damnificadas por el desbordamiento de los ríos Atrato y Andágueda en 2020. Será un reasentamiento con obras por valor de $32.000 millones que corresponden a la construcción de 300 viviendas en un sitio seguro a 800 metros de distancia del río”.
¿Y qué trabajos harán frente a las inundaciones en el corregimiento El Valle de Bahía Solano?
“Invertiremos $20.000 millones en el sector de Miraflores para la recuperación de la memoria de su río, que fue intervenido en el pasado para crearle un nuevo cauce. Inundaremos un valle que está en la parte alta del corregimiento, donde habitualmente el río entraba a descansar en un manglar de unos 300 metros y haremos intervenciones de protección de la orilla con los contenedores para volver a mitigar la erosión”.
Carlos Mario Zuluaga, contralor general (e), anunció un proceso sancionatorio contra usted por ineficiencia en la reconstrucción de Mocoa, ¿qué responde?
“Cuando la Contraloría me cite estaré presente atendiéndola de manera oficial. No soy quien para calificar las decisiones del contralor general”.
Pero, ¿defiende sus acciones en la reconstrucción de Mocoa?
“Sí. Al revisar las obras me encontré con que se iban a construir 400 viviendas en lugar sin licencia de construcción porque el constructor la dejó vencer y no la renovó. Por esa razón no se pudieron seguir construyendo viviendas. Procedimos con nuestros técnicos e ingenieros junto a los técnicos de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia (Corpoamazonia) y empezamos a definir cuántas viviendas se podían construir en el espacio que se tiene y definir un nuevo lote para construir cerca de 500 viviendas que quedarían faltando”.
