La violencia contra la mujer sigue una situación que mantiene en alerta a las autoridades, sobre todo por el incremento de las cifras respecto a denuncias por amenazas y hechos cumplidos. Recientemente, la Defensoría del Pueblo reveló que solo entre enero y febrero de este año, se reportaron 1310 casos de violencia en contra de las mujeres en el país.
De estos casos, 59 corresponden a mujeres que sobrevivieron a un intento de feminicidio y nueve, a mujeres víctimas de feminicidio.
“A pesar de toda la inversión en materia de prevención, las mujeres continúan enfrentándose a operadores judiciales y policivos que ponen en duda el relato de las víctimas, factor negativo que desincentiva la denuncia”, afirmó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
A los ataques violentos concurrentes contra las mujeres, se suma la poca efectividad de la justicia para proteger y avanzar en las investigaciones. Esta es una problemática advertida por otras entidades y autoridades.
“Una barrera central, principalmente en casos de feminicidio, es el vencimiento de términos, que genera la libertad de incluso agresores capturados en flagrancia o que se entregaron a las autoridades. Motivo por el que desde nuestra Delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género hacemos un trabajo importante de incidencia en esos casos, justamente para lograr interrumpir el vencimiento de términos y dar garantías judiciales a las víctimas”, añadió el Defensor.
Hoy por hoy, el país no ofrece mecanismos o herramientas para que las mujeres en estado de alta vulnerabilidad busquen ayuda o denuncien a sus agresores. El común denominador es que permanezcan en relaciones abusivas o ambientes de recurrente amenaza.
“Hay escasa implementación de servicios de casas refugio, casas albergue, servicios hoteleros o subsidios monetarios, lo cual constituye una de las principales barreras que enfrentan las mujeres, sobre todo aquellas con riesgo feminicida, situación que las deja desprotegidas y en muchos casos deban regresar con el agresor”, advierte la Defensoría.
El departamento de Atlántico es uno de los que más reporta casos de mujeres víctimas de alguna violencia. Allí, con corte a diciembre de 2023, había funcionando -únicamente- siete casas refugio. A nivel nacional, más del 60 % de departamentos carece de este tipo de estrategia necesaria, después de más de diez años de expedición de la ley que las exige. En lo relacionado con las casas albergue o casas de acogida, están en funcionamiento 11 en todo el país.
A las alertas de la Defensoría, se suman la Fiscalía y Procuraduría con los 24 casos de mujeres víctimas de feminicidio en lo que va de 2024. La violencia intrafamiliar sigue siendo el delito más cometido contra mujeres, según un informe de la Fundación Paz y Reconciliación.
“En cuanto a los departamentos que más casos de violencia intrafamiliar reportaron en el año, se tiene en primer lugar a Bogotá D.C. con 32.530 casos, de los cuales el 59,4% corresponde a víctimas femeninas; seguido de Antioquia con 15.941 casos, de los cuales el 74,8% afectó a las mujeres; Cundinamarca, con 8.979 casos y un 72,8% de víctimas femeninas; Valle del Cauca con 8.664 casos y 75,7% de víctimas femeninas; y Atlántico con 4.310 casos de los cuales 75,2% fueron mujeres”, dice un aparte del informe.
Por último, la Defensoría advirtió que en muchos de los casos, los funcionarios incurren en acciones negligentes revictimizando a la denunciante.
“Como Defensoría, en el trabajo permanente que hacemos en los territorios, nos seguimos encontrando con servidores públicos que no conocen o no aplican la norma, que siguen permeados por estereotipos de género. Por eso el reto es mayor: debe haber un fortalecimiento de la presencia institucional, sanciones ejemplarizantes, no seguir justificando las violencias y que la institucionalidad en su conjunto rechace cualquier forma de agresión contra las mujeres en Colombia”, concluyó, Camargo Assis.
