Este lunes, tras el asesinato de otro concejal, los corporados del país tendrán un cara a cara con Petro en Bogotá.
Este fin de semana el país fue sacudido por otro crimen contra un concejal. Ocurrió en Jamundí (Valle del Cauca) y con Jhon Fredy Gil ya son tres los dirigentes asesinados en lo que va solo de este mes. La situación de seguridad cada vez más crítica, así como sus condiciones laborales y políticas, serán expuestas este lunes durante el congreso de los más de 12.000 corporados de todo Colombia, donde tendrán un cara a cara con el presidente Gustavo Petro.
Gil fue acribillado por sicarios el sábado mientras departía en un restaurante. Su situación no dista de lo ocurrido con los concejales de Tuluá Eliecid Ávila y Carlos Londoño –ambos del Partido Conservador–, quienes en diferentes hechos fueron ultimados, al parecer, por delincuentes de la banda La Inmaculada.
La situación en Tuluá es de tal calibre que la Alcaldía de la población no tuvo de otra que suspender cualquier evento masivo hasta julio próximo ante la oleada de criminalidad, que sigue ensañada con los liderazgos sociales y políticos. No es para menos.
Solo el año pasado, según cifras de la Misión de Observación Electoral (MOE), en Colombia hubo 748 agresiones registradas contra líderes políticas, sociales y comunales. Es decir, al menos dos cada día. En el caso de los concejales o candidatos, hubo 64 hechos violentos entre amenazas, asesinatos o atentados. En 2024, hasta febrero pasado, se contabilizan 117 agresiones.
“Nos sentimos solos, abandonados por parte del Gobierno”, reclama en diálogo con EL COLOMBIANO Felipe Delgado, director ejecutivo de la Confederación Nacional de Concejos y Concejales de Colombia (Confenacol), que celebrará su asamblea anual este lunes en Bogotá.
Desde allí le plantearán al presidente Petro el difícil panorama que enfrentan para ejercer su labor política y de vigilancia. Según Delgado, la tarea de control político en los municipios se ha traducido en coerción, ataques contra sus vehículos y hasta tiros en sus viviendas.
“La situación de los concejales en este momento es muy grave. Llevamos en un solo mes tres asesinatos. El período pasado más de la mitad de los concejales del país estaban amenazados. La Unidad Nacional de Protección solamente ha prestado asistencia a 150 concejales de más de 5.000 solicitudes. El 90 % de los concejales hoy son nuevos, porque la mayoría no postuló su nombre de nuevo ante el temor que persiste”, explica.
En medio de la crisis hay un asunto que sigue siendo transversal: la política de paz total y la desconfianza creciente en ciertos territorios porque termine aprovechada por los armados para intensificar su actuar y burlar al Gobierno. “Vamos a seguir viendo muertes si el Gobierno Nacional no atiende”, advirtió la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, región donde han sido asesinados los tres cabildantes en lo corrido de abril.
“Necesitamos mucho más apoyo, porque realmente si no intervenimos rápidamente y con toda la contundencia la zona rural de Jamundí, pero además hacer un plan integral de seguridad del Pacífico, pues vamos a correr el riesgo en el Valle del Cauca de que lo que ha acontecido en otros departamentos del suroccidente colombiano acontezca acá y nosotros no vamos a permitir eso”, agregó.
Para Delgado, es un hecho que varios grupos armados se han fortalecido a expensas de la paz total y muchos no le están copiando al Gobierno, que insiste en medidas como los ceses al fuego. “Se les ha dado un espacio para fortalecerse y no le están caminando al Gobierno en un proceso que, de buena fe, se está haciendo a través del presidente”.
De allí que la cita de este lunes, en la que estará también el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, sea la oportunidad para reclamar garantías y exigir medidas para atajar la violencia rampante.
