Si bien marcha a buen ritmo y en sus tiempos el proceso para elegir al nuevo fiscal General de la Nación, en la Corte Suprema de Justicia se da por hecho que la escogencia del remplazo de Francisco Barbosa podría extenderse hasta febrero, o incluso abril de 2024. De por medio hay intensos debates, estratégicos movimientos y, por supuesto, marcados intereses.
Esta semana, el alto tribunal publicó las hojas de vida de las candidatas ternadas al cargo por parte del presidente Gustavo Petro: las juristas Ángela María Buitrago, Luz Adriana Camargo y Amelia Pérez Parra. Sus currículums quedaron a consulta de la ciudadanía para observaciones y comentarios hasta el 14 de noviembre.
Superada esta fase, el 23 de noviembre las candidatas serán escuchadas en desarrollo de una audiencia pública. Allí, por espacio de 10 minutos, Buitrago, Camargo y Pérez –justo en ese orden–, podrán responder preguntas de los magistrados. Finalmente, el 7 de diciembre, según el cronograma del proceso, comenzarían las sesiones de deliberación y votación para escoger a la sucesora de Barbosa.
Sin embargo, justo en esa etapa –que en lo formal parece la final–, comienza la verdadera elección. No es un secreto que alrededor del proceso están en juego los intereses de cada uno de los 23 magistrados frente a sus investigaciones y casos, así como la palomilla de contar con aliados estratégicos en la Fiscalía General. De allí que la puja esté lejos de resolverse en semanas.
Por si fuera poco, las sesiones de deliberación arrancan el 7 de diciembre, es decir a solo dos semanas del inicio del periodo de vacancia judicial, que se extenderá hasta el 10 de enero de 2024.
Inclusive, como dijo una fuente al interior del alto tribunal a este diario, hay cierta camaradería y respeto por el periodo del actual fiscal –que concluye en febrero–, por lo que difícilmente habrá afán para la elección. “Que se conozca el nombre definitivo sin que antes haya concluido su periodo este o cualquier otro fiscal sería un agravio”, explicaron a EL COLOMBIANO.
Al margen de las discusiones internas, en juego también entra otro factor de alto calibre e inédito en este tipo de procesos: sería la primera vez que, en medio de la elección de un fiscal cuya terna se presenta desde Palacio, el hijo de un presidente esté enfrentando un proceso penal.
Se trata de Nicolás Petro Burgos, a quien en agosto le imputaron lavado de activos y enriquecimiento ilícito de servidor público. Lo anterior, en medio de una supuesta trama de coimas y dineros ilícitos que habrían llegado a la campaña del Jefe de Estado.
La cuota de Velásquez
Si bien el mérito, la trayectoria profesional y la relevancia de los casos que han asumido cada una de las ternadas es un factor decisivo, también median otras circunstancias y hechos que podrían inclinar la balanza a favor o en contra de algunas de ellas.
Por ejemplo, aun cuando el gobierno Petro insiste en la independencia con la que gozará el próximo fiscal, es innegable la cercanía de Luz Adriana Camargo con el hoy ministro de Defensa, Iván Velásquez. Ambos se desempeñaron como magistrados auxiliares de la Corte y, posteriormente, Velásquez se la llevó como una de sus más cercanas colaboradoras en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
De hecho, por su rol en ese organismo, tanto Velásquez como Camargo quedaron en la mira de la Fiscalía de ese país en enero pasado por supuestamente dar vía libre a acuerdos de cooperación con directivos de Odebrecht. Lo anterior, en el marco de la investigación de ese caso de corrupción en Guatemala.
Lo cierto es que ese proceso, así como la cercanía con Velásquez, hacen que Luz Adriana Camargo sea vista con lupa entre los magistrados. De hecho, al menos siete de ellos que fueron denunciados por el ministro Velásquez no votarían por ella.
No hay que pasar por alto además que la jurista entró a la terna a última hora luego de que Petro retiró el nombre de Amparo Cerón, considerada cercana al exfiscal Néstor Humberto Martínez.
De acuerdo con fuentes al tanto de la movida en la Corte Suprema que pidieron no ser nombradas, una de las ternadas que parece comenzar a sumar apoyos sería Amelia Pérez, quien retornó al país en 2012 luego de nueve años de exilio en Canadá por ser una de las fiscales más amenazadas del país. “Es la menos radical”, explicaron. Finalmente, en el partidor también figura Ángela María Buitrago, a quien le reconocen dentro del alto tribunal sus investigaciones frente a las desapariciones forzadas en la toma del Palacio de Justicia. No obstante, algunos no dejan de mirar con recelo su defensa en los estrados del periodista Daniel Coronell, quien enfrenta varios litigios con el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
La suma de todos estos factores, cómo los analicen los magistrados y de qué manera entren en juego, son apenas un abrebocas de lo que se viene frente al proceso de elección del nuevo fiscal. Resultará elegida quien cuente con el voto de al menos dos terceras partes de la Sala Plena del alto tribunal, es decir, 16 magistrados.
Sin embargo, por cuenta de una reforma a su reglamento, la Sala puede elegir ya no con la totalidad plena de todos los magistrados (es decir, los 23), sino con las dos terceras partes que en el momento de la votación estén activos. No es un detalle menor si se tiene en cuenta que en abril de 2024 concluyen su período cinco magistrados, con lo cual quedarían solo 18 togados.
Inclusive, no se puede descartar que los magistrados terminen devolviendo la terna. Para la muestra un botón: en 2010, pese a que la Corte hizo 17 salas plenas, resolvieron devolver la terna.
Cada debate promete ser extenso y sesudo, por lo que el proceso parece lejos de resolverse. “La Corte no parece tener afán en esta elección. A la larga siempre se han demorado en este tipo de procesos y hasta se han quedado fiscales encargados, algunos hasta por 1 año”, precisó una fuente dentro del alto tribunal.
