La finca El Ubérrimo –de 1.500 hectáreas– propiedad del expresidente Álvaro Uribe, es la génesis del nuevo capítulo de discordias entre Gustavo Petro y el exmandatario colombiano.
El precandidato más opcionado en las encuestas sostuvo –sin nombrar a Uribe, pero lanzándole una pulla– que si llega a la Casa de Nariño implementaría un impuesto al patrimonio, gravando los “activos improductivos”.
“El 80 % de la tierra fértil de Colombia, que no produce alimentos ni nada, simplemente es una posesión que pertenece a 3.000 personas. Eso es un patrimonio, obviamente de ellos, nadie los va a expropiar (...) pero tiene que pagar un impuesto”, dijo en un debate del Pacto Histórico de la revista Semana. Según él, en Bogotá algunos pagan más por los impuestos de la casa que lo que pagan los de las grandes haciendas.
La reacción de Uribe no se hizo esperar. Desde las 5:00 a.m., a través de Twitter, arremetió contra el candidato, señalándolo de “vago, enredador, fantoche de mansiones y atuendos, que no ha producido más que crímenes, incitación a la violencia, y contratos corruptos pagados con bolsas de billetes”. Dijo que a Petro le duele que trabaje en el sector agropecuario y no tenga “dineros escondidos ni en el exterior”.
El episodio es un nuevo round de una pelea de octubre, cuando el izquierdista propuso que el Estado le comprara a Uribe sus tierras “improductivas”, llamándolo “gran terrateniente”.
Santiago Valencia, senador del Centro Democrático, opina que estas nuevas declaraciones “ponen en riesgo la propiedad privada” e impiden cuidar la industria del agro.
Del otro bando, Iván Cepeda, senador del Polo Democrático, manifiesta que “no se puede responder con calumnia ni con epítetos como hizo el expresidente Uribe”, a una discusión “plenamente justificada” que el Pacto Histórico plantea en plena campaña.
Las tierras llegan al debate de cara a 2022, pero en medio de una puja de Petro y Uribe. Como lo dice Mauricio Velásquez, profesor de Economía de la U. de los Andes, “este asunto se usa electoralmente, pero no se ejecuta en el Gobierno. La izquierda habla de reforma agraria contra los terratenientes sin pensar en las capacidad del Estado y el riesgo de aumentar la violencia, y la derecha rechaza los impuestos sin dar una discusión de fondo sobre la importancia de modernizar el campo y fortalecer los municipios”.
La propuesta, explica el coequipero de Petro, Gustavo Bolívar, es actualizar el catastro rural, porque esas tierras pagan cifras “ínfimas de dinero” en comparación a su tamaño. Sin embargo, aclara que no se cobrarían impuestos “exagerados” a los propietarios.
Por el contrario, el senador Alejandro Corrales, del Centro Democrático, plantea eliminar los gravámenes y trazar líneas de crédito: “Esto no se trata de repartir las tierras, sino de permitir que los jóvenes puedan adquirirlas”.
El lío de los bienes baldíos
En cuestiones de tierra, hay dos fenómenos relevantes: una subutilización en más de 15 municipios de seis departamentos y una sobreutilización en otros 27 de ocho entidades territoriales, de acuerdo con la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra).
El 25% de los propietarios tienen el 95% de los campos productivos disponibles. En contraste, el 64% de las familias de tradición campesina carecen de acceso a la propiedad del suelo rural. Asimismo, Oxfam señala que el 1% de las actividades están concentradas en el 81% de la tierra.
Milton Valencia-Herrera, del Observatorio de Tierras, apunta que el catastro de Colombia está desactualizado: mientras el Estado tiene conocimiento de la distribución de las zonas urbanas, en el ámbito rural hay espacios en los que las delimitaciones y los nombres de los propietarios son una incógnita.
Pero esa disparidad no se resuelve con impuestos. “Hay que tener claro quiénes son los legítimos dueños y devolverles la tierra. Hay zonas de las que se desconoce cuál es la capacidad de pago de sus propietarios”, apunta Mauricio Rodríguez, profesor de Economía U. del Rosario.
Este round, por ahora, terminó. Pero la puja Petro-Uribe queda abierta para 2022, con un asunto que toca los bolsillos de miles de colombianos e incidirá en las urna
