Para el presidente Gustavo Petro ya no es tiempo de balconazos sino de marchar. Este miércoles 7 de junio el mandatario saldrá a las calles a sumarse a las protestas de los sindicatos que se citaron para enviar un mensaje de apoyo del sector social a las reformas que el mandatario no ha logrado tramitar.
Las marchas caen en una semana crítica para el Gobierno en el Congreso porque faltan 12 días para que terminen las sesiones ordinarias y ninguna de las reformas que se propuso sacar adelante este semestre ha sido aprobada. Además, acaban de pasar los que pueden haber sido los días más críticos de los diez meses de su Gobierno por el escándalo de las chuzadas que sacó de Palacio a su mano derecha, Laura Sarabia, y al ahora ex embajador de Colombia en Caracas, Armando Benedetti.
Las sesiones extras en el Legislativo son casi un hecho, pero el problema no es el tiempo, sino la negativa de los partidos a apoyar las reformas y de la oposición a asistir a los debates. Estas jornadas que empiezan son las últimas oportunidades de Petro para aprobar sus proyectos, porque en cuestión de semanas la política nacional entrará formalmente en campaña para las regionales y –a partir de ahí– la atención principal estará en las urnas y no en el Capitolio.
El problema del presidente es que la reforma a la salud que radicó en febrero apenas se la aprobaron en primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara y tiene el pendiente de pasar por una segunda discusión en la plenaria y otras dos en el Senado.
Ni la llegada al Ministerio de Salud del médico Guillermo Jaramillo aceleró ese trámite y ahora la bancada del Pacto Histórico en la Cámara está haciendo cuentas para que sí haya quorum para las votaciones.
Sí, quorum, porque ya la cuestión sobrepasa cuántos votos a favor tiene: si los opositores no ocupan sus sillas, no se pueden llevar a cabo las diligencias legislativas. Ya los de Cambio Radical, entre ellos el senador David Luna, anunciaron que no regresarán al recinto hasta que el Gobierno le dé garantías a la oposición. Los opositores no suman para tumbar los proyectos, pero sí restan cuando de tener quorum decisorio se trata.
Ya el petrismo no es mayoría
Las otras dos que están atascadas son la reforma laboral y pensional. Radicadas en marzo por la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, no han pasado ni el primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara –la misma que se demoró para tramitar el articulado de la salud– y su aprobación depende de que el presidente vuelva a cocer su coalición echa retazos.
Las estadísticas dan cuenta de que necesitará aguja e hilo para unir pedazos del Congreso. Solo el 37% de los escaños del Senado y 28% de los de la Cámara (ver gráfico) están ocupados por congresistas afines al Gobierno, del Pacto Histórico, la Alianza Verde o grupos minoritarios como los que ocupan las curules de paz y que le apoyan. A simple vista, no tiene la mitad más uno de los votos tramitar sus proyectos.
A Petro se le dañaron las cuentas cuando los partidos Conservador y La U se declararon en independencia, poniendo el 35% de los asientos del Senado y 53% de la Cámara en el centro de la balanza: pueden inclinarla a cualquier lado. El resto están en la oposición.
La primera puntada para unir esas grietas sería la aprobación de la Jurisdicción Agraria, que está pendiente del octavo debate en el Senado, y del articulado que reconoce al campesino como sujeto de derechos, que va para el octavo examen en la Cámara. Ambos están anclados en los Acuerdos de Paz y el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, está confiado de que están a punto de ser aprobadas.
De Velasco depende que las negociaciones legislativas para el resto de los proyectos se den, especialmente en un escenario en el que las decisiones de los organismos de control están dejando al Pacto Histórico sin figuras de peso político como los exsenadores Roy Barreras o César Pachón, y tienen a otros en vilo como el senador Wilson Arias.
La bancada de Gobierno y la oficina que dirige Margarita Cabello –quien fue ministra de Justicia de Iván Duque– están enfrentados. El tono de la discusión se elevó a un punto que los del petrismo le pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitir medidas cautelares para que los organismos de control dejen de tumbarle congresistas.
Sin alianzas con los tradicionales y con las curules de sus congresistas más reconocidos tambaleando, al Gobierno le tocará recomponer su bancada. En palabras del senador de la Alianza Verde, Ariel Ávila, “si el Gobierno de Petro no rearma ya la coalición legislativa, se van a hundir todas sus reformas”.
El presidente puede marchar kilómetros, pero el poder de decisión sigue estando en el Congreso y no en la calle, así quiera lo contrario.
