El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo reveló “un panorama de riesgo, amenaza e inseguridad” para las personas que ejercen liderazgos sociales o se dedican a la protección de los derechos humanos.
La coyuntura descrita por la Defensoría se sustenta en que el año pasado, entre enero y diciembre, fueron asesinados 181 líderes, lideresas y personas defensoras de derechos humanos en Colombia. De ese total, 160 fueron hombres y 21, mujeres.
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Esos 181 crímenes sucedieron en 123 municipios repartidos en 25 departamentos. El 44% del total se concentró en ochenta de esos municipios. Cauca, con 36 casos; Antioquia, con 21, y Nariño, con 17, fueron los departamentos en los que más se presentaron asesinatos.
Los cálculos de la entidad indican que, en promedio, cada dos días fue asesinado un o una líder social. “Cada vida perdida es una tragedia para sus familias, las comunidades y la defensa de los derechos fundamentales”, expresó el defensor del pueblo, Carlos Camargo.
Para el órgano de derechos humanos se trata de una realidad “descarnada” que se acentúa en las regiones “donde arrecia el conflicto armado interno”. Sin embargo, significa una disminución del 16% en comparación con el 2022, cuando se registraron 215 asesinatos.
El sector más afectado fue el comunal, algo que coincide con otros reportes, como el de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, que pudo constatar unos 25 casos de integrantes de Juntas de Acción Comunal.
La Defensoría, por su parte, documentó 37 homicidios de líderes comunales, la misma cifra de líderes indígenas que fueron asesinados. Además, hubo 36 asesinatos de líderes comunitarios, 13 de líderes campesinos y diez de liderazgos afrodescendientes.
Los liderazgos de víctimas fueron apagados por las balas en nueve ocasiones, dos más que las veces en las que asesinaron a líderes de la comunidad OSIGD-LGBTIQ+. Asimismo, hubo siete homicidios de activistas de derechos humanos.
Abril fue el mes con más crímenes, pues se presentaron 19 casos. En junio y julio, cada uno, hubo 18 episodios, y en marzo el órgano defensoría identificó 17 asesinatos.
“Es evidente que debemos redoblar nuestros esfuerzos para proteger a los defensores de derechos humanos en Colombia. No podemos permitir que el miedo y la violencia silencien las voces valientes que luchan por un país más justo y seguro”, afirmó el defensor Camargo.
Al hacer un sumatorio de los asesinatos presentados entre 2016 y 2023, la Defensoría del Pueblo remarcó que 1294 líderes y lideresas fueron asesinados en el país, siendo el 2022 el año con más episodios, seguido por el 2020, cuando se documentaron 182 homicidios.
De acuerdo con Camargo, es esencial construir estrategias focalizadas en “los contextos de alta vulnerabilidad” en los que los liderazgos sociales ejercen su labor, sobre todo en Cauca, Antioquia y Nariño, así como en los municipios donde hubo más asesinatos.
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“También hay que contemplar un trabajo fuerte en los lugares donde los actores armados ilegales se disputan los corredores estratégicos de economías ilícitas”, concluyó el titular de la Defensoría del Pueblo.
