Los 33 rectores de la Red de Instituciones Técnicas, Tecnológicas y Universitarias (REDTTU) anunciaron que respaldarán una iniciativa del Ministerio de Educación que busca cambiar la forma en que se financia la educación superior pública en el país.
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Ante esto, el ministro Daniel Rojas señala que el acuerdo busca modificar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 (que regula la educación pública) con el objetivo de garantizar recursos estables para estas instituciones.
Por su parte, los rectores de la REDTTU hablaron de la necesidad de modificar esos artículos para abordar la problemática de financiamiento que enfrentan las entidades públicas de educación, incluidas las Instituciones Técnicas, Tecnológicas y Universitarias.
El artículo 86 de esa ley señala que los presupuestos de las universidades nacionales, departamentales y municipales estarán constituidos por aportes del Presupuesto Nacional para funcionamiento e inversión, por los aportes de los entes territoriales y por los recursos y rentas propias de cada institución.
Así mismo, que recibirán al año aportes de los presupuestos nacional, y de las entidades territoriales, que signifiquen siempre un incremento en pesos constantes, tomando como base los presupuestos de rentas y gastos.
Entre tanto, el artículo 87 indica que el Gobierno incrementa para esas instituciones un porcentaje no inferior al 30 % del incremento real del Producto Interno Bruto (PIB).
“Podemos tener una asociación muchísimo más expedita con las ITTU en los propósitos puntuales que tenemos en estos dos años de Gobierno: ampliar cobertura y regionalizar la educación superior pública. Este es un pacto que debemos asumir juntos como sociedad para enfrentar los desafíos que nos impone la realidad”, afirmó el ministro.
Así mismo, el presidente de la RedTTU y rector de la IU Digital de Antioquia, Jasson Alberto de la Rosa, expresó que “como Red llegamos a la Colombia rural profunda y dispersa con programas pertinentes y relevantes, lo que nos permite avanzar en la cobertura educativa, con más de 185,000 estudiantes en el territorio”.
En este sentido, Rojas aseguró que en los próximos días presentarán ante el Congreso el proyecto de modificación a la Ley 30 de 1992.
Otra de las demandas del sector educativo público sobre el financiamiento es que, desde que se expidió esta ley, las universidades oficiales han incrementado sus plantas, sus sedes y, de paso, el número de estudiantes. Por consiguiente, sus gastos se han incrementado y los recursos que le llegan no son suficientes para mantener, entre otras cosas, la infraestructura de las instituciones públicas.
De hecho, desde hace más o menos seis años las instituciones de educación superior públicas arrastran un déficit fiscal que oscila entre los 15 y los 18 billones de pesos. Una cifra mayor a lo que cuesta la primera línea del Metro de Bogotá.
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