La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de investigación disciplinaria contra nueve funcionarios y exfuncionarios del Gobierno Nacional, que estuvieron al frente del cambio de modelo de salud del magisterio.
Según el documento que sustenta la decisión, los investigados son la exministra de Educación, Aurora Vergara; la ministra de Trabajo, Gloria Ramírez; el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; dos miembros directivos del Fondo Nacional del Magisterio (Fomag); el expresidente de la Fiduprevisora, Mauricio Marín; el superintendente de Salud, Luis Carlos Leal; y el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo.
Le puede interesar: MinSalud pasó de decir que modelo de los docentes era ‘piloto’ de la reforma a la salud a decir que “no tiene nada que ver”
Los integrantes del Consejo Directivo del Fomag son los representantes de Fecode, Georgina del Carmen Arroyo y Christian Rey Camacho, así como el vicepresidente del Fomag, Magda Lorena Giraldo.
Según los argumentos de la Procuraduría, el cambio en el modelo de salud generó “en la población afiliada insatisfacción por las barreras de acceso y falta de continuidad y oportunidad en los servicios de salud”.
Así mismo, enlistó lo que encontró el informe preventivo de las actuaciones realizadas que hizo la procuradora delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social.
En ese sentido, también habló sobre el manual tarifario que implementaron para este régimen de salud, del cual se encontró que “presenta valores por debajo de lo establecido para el régimen común”.
En tercer lugar, indicó que la Administradora de Recursos del Sistema de Salud (Adres) y la Fiduprevisora “no concretaron finalmente la posibilidad de suscribir un acuerdo, como lo había indicado previamente la Fiduprevisora”. Para el ente de control, esta situación “supone una desarticulación interinstitucional y falta de comunicación entras las entidades”.
Entre tanto, se evaluó la capacidad de la Fiduprevisora para poner en operación el modelo de salud y halló que “el limitado tiempo” que tuvo esa entidad para hacer la contratación en salud y “atender una población de más de 800 mil afiliados en el territorio nacional (...) no es coherente con las aclaraciones de voto y observaciones que se presentaron en las reuniones” entre directivos del Fomag, en las cuales referían dudas estructurales sobre ese modelo y su operación.
Conozca: Petro defiende a su nuevo MinEducación de las críticas de Fajardo: “Prefiero al profesor que dice palabras groseras”
En quinto lugar, la Procuraduría cuestionó que al 1 de mayo de 2024 la Fiduprevisora “no contaba con la capacidad para tener una red robusta para atender a los afiliados”. A raíz de esto, se encontró que los pacientes con tratamientos que requerían continuidad “no pudieron acceder a los servicios por barreras administrativas generadas por la falta de diligencia en la elección y posterior contratación de las IPS (instituciones prestadoras de servicios de salud)”.
Al respecto, la delegada consideró que “no se garantizaron los derechos fundamentales de los afiliados a la dignidad humana, vida y salud, al iniciar un proceso de contratación sin las previsiones propias que debe tener cualquier contratante”.
Por último, el ente de control disciplinario abordó la circular que emitió el Fomag para que las IPS atendieran a los afiliados del Magisterio y sus afiliados sin autorización mediante el pago por evento a la tarifa SOAT.
Ante esto, expresó que eso “podría generar un espacio para la corrupción por la falta de seguimiento y monitoreo, además que este pago por evento corresponde a la tarifa más alta”.
“Se va a generar un ineficiencia en el gasto, un aumento de la facturación, un descontrol en el riesgo financiero y la pérdida de confianza dada la inexistencia de un manual tarifario definido”, aseguró el informe.
Para leer más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.
