Por lo menos 200 líderes del sector educativo, reunidos por Diálogos de Futuro y Connect (CUEE Bogotá Cundinamarca), enviaron una carta abierta al Congreso de la República y a la ministra de Educación Nacional, Aurora Vergara Figueroa, para expresar su profunda preocupación por el estado actual de la educación superior en el país.
En la misiva, se destaca el acuerdo alcanzado el pasado 5 de junio por la Comisión Primera del Senado en relación con el proyecto de la Ley Estatutaria de Educación, que ahora parece estar en peligro.
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Los firmantes de la carta, que incluyen rectores, exministros, empresarios y representantes estudiantiles, solicitan que se respete el acuerdo original logrado con el consenso de diversas bancadas y el Ministerio de Educación.
Este acuerdo, aseguran, es esencial para la construcción de un proyecto de ley que responda a las necesidades educativas del país. “Lo acordado, incluía garantías necesarias: el respeto absoluto a la autonomía universitaria, el reconocimiento de la coexistencia de instituciones oficiales y no oficiales en un sistema mixto equilibrado, como pilar determinante para la ampliación de cobertura, el fortalecimiento permanente de la calidad y pertinencia de la educación, el reconocimiento de la educación terciaria, así como el derecho de las personas a adelantar diferentes trayectorias educativas a lo largo de la vida”, se lee en la carta.
Según los firmantes, la nueva propuesta del Gobierno Petro presenta riesgos significativos como las intervenciones políticas, es decir, se impone la elección directa de directivos universitarios, lo que podría minar la autonomía universitaria. Otro riesgo es el desconocimiento del sistema mixto, ya que se ignoran las instituciones no oficiales que complementan la educación superior.
Y, por último, la invisibilización de la educación terciaria, en otras palabras, la omisión de este nivel educativo que es clave para la equidad y la adaptación a los retos actuales.
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Un aspecto crucial que subrayan los líderes educativos es la falta de garantías de financiación adecuada para la implementación de la ley. “No se puede perder de vista la viabilidad fiscal de la ley, así como el estudio juicioso de los recursos necesarios para su desarrollo. Se señala una falta de garantías de financiación adecuada y sostenible para su implementación, lo que podría llevar a su fracaso práctico por falta de recursos”, recalcaron los firmantes de la misiva.
Según el laboratorio de economía de la educación de la Universidad Javeriana, se estima que la expansión de cobertura estatal hasta 2025 requeriría una inversión adicional de aproximadamente $41 billones anuales. Este monto supera significativamente la capacidad financiera actual y representa un desafío enorme para el país.
“Este cálculo incluye únicamente cobertura para edades de 0 a 21 años y subestima costos asociados a mejoras de calidad, infraestructura nueva, dotaciones y formaciones adicionales para docentes, entre otros”.
La carta finaliza con un llamado urgente al Congreso y al Gobierno para que escuchen y respondan a las expectativas de todos los colombianos respecto a la educación superior. La aprobación de la nueva ponencia, tal como está, podría generar una gran frustración y socavar los esfuerzos previos de consenso.
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Los firmantes esperan que esta carta reciba la atención necesaria y se tomen medidas concretas de manera inmediata para asegurar un futuro prometedor para la educación superior en Colombia.
