El gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego completará en poco más de dos meses dos años de Gobierno, es decir, la mitad de su mandato constitucional. En medio de su Presidencia, el país ha vivido varias crisis, salidas en falso y hecatombes que han influido en su gobernabilidad. Sectores como la salud, la economía o la atención de los más vulnerables han quedado en jaque por cuenta de decisiones y medidas que no dejan de tener impacto en la sociedad.
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Una reciente muestra de ello es lo que ocurre con varias entidades promotoras de salud (EPS) que no han tenido de otra que pedir su liquidación debido a dificultades financieras, así como los casos de presunta corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), cuyo exdirector, Olmedo López, admitió que la desviación de recursos asciende a $380.000 millones. Se trata de dineros que deberían estar destinados para la atención de los menos favorecidos y quienes enfrentan los embates de los desastres naturales.
Recién este lunes, la EPS Sura, que cuenta con 5.42 millones de afiliados y con más de 30 años de existencia, radicó ante la Superintendencia Nacional de Salud su “desmonte progresivo”, ya que el patrimonio para atender las obligaciones con los usuarios se había agotado, y los llamados de emergencia al Gobierno Nacional no fueron atendidos con profundidad.
“Radicamos la solicitud de autorización para el retiro de EPS Sura del Sistema General de Seguridad Social en Salud, a través de un programa de desmonte progresivo”, dijo Juana Francisca Llano Cadavid, presidenta de Suramericana.
La dirigente afirmó que la decisión la tomaron después de evaluar todas alternativas posibles que impidieran caída en picada de una de las EPS, que es considerada una de las más grandes del país.
“Es la suma de muchas circunstancias” que nos superan como compañía. Hoy tenemos un sistema de salud con un gran logro social, por supuesto, y es un derecho fundamental a la salud que otorga coberturas ilimitadas pero con recursos limitados. Hoy estamos viviendo más, es decir, nos estamos envejeciendo más. Hoy tenemos un perfil epidemiológico distinto, con nuevas enfermedades, y también más tecnologías en salud, evidentemente hay mayor consumo de salud, incluso por sanos. Esto no solo pasa en Colombia, esto es un tema a nivel global y nuestro sistema de salud hoy no reconoce esto y no está suficientemente bien financiado”, dijo Llano Cadavid a EL COLOMBIANO.
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Esto, explicando que la consecuencia de una intervención es que ya la gestión de la compañía queda en manos del interventor; es decir, a responsabilidad del Estado.
De acuerdo con la Contraloría General de la República, solo 5 EPS cumplen con todos los requisitos exigidos por la ley, las cuales son EPS Salud Total, Comfachocó, Captresoca y EPM Salud.
Ecopetrol: Los choques que ha tenido Petro con Ecopetrol se vieron reflejados desde el inicio de su mandato y, de hecho, en un reciente trino dijo que “usaron a Ecopetrol como una caja del crimen y la política”.
También aseguró que “los hallazgos en Ecopetrol son profundamente alarmantes: por decenas de miles de millones de dólares han salido recursos de la petrolera para financiar personas, paramilitares y la política. Ecopetrol es el escenario del gran desfalco de la Nación, encubierto permanentemente por órganos de control y sin investigación penal”.
Sin embargo, semejantes declaraciones lo pusieron a chocar con tres expresidentes de la compañía: Javier Gutiérrez, Juan Carlos Echeverry y Felipe Bayón, quienes a través de una carta en la que calificaron las afirmaciones del jefe de Estado como “falsas y temerarias”.
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“Ecopetrol ha sido reconocida por sus sólidas prácticas de gobierno corporativo, cumplimiento, ética, transparencia, control interno, gestión de riesgos y sostenibilidad, con notables calificaciones en radares y mediciones nacionales e internacionales, entre los que se cuentan el Índice de Sostenibilidad del Dow Jones”, argumentaron.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD): recientemente destaparon un presunto escándalo de corrupción sobre carrotanques que tenían como finalidad suministrar agua a La Guajira, tarea que no se realizó como lo había esperado el Gobierno.
Entre los involucrados están Olmedo López (exdirector de la UNGRD) Sneyder Pinilla (ex subdirector de la UNGRD) y demás funcionarios que ocupan grandes cargos en el gabinete de Petro.
La Corte Suprema de Justicia citó a declarar al ex subdirector Sneyder Pinilla dentro de la investigación que ese alto tribunal adelanta por los presuntos hechos de corrupción que salpica además a los presidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle, señalados de recibiri supuestas coimas para el trámite de reformas.
Otro cuestionamiento desde que inició este Gobierno fue el rumbo de los medios públicos, que pasaron de tener vocación estatal a gobiernista. Pero además, en medio de las peleas entre la exgerente Nórida Rodríguez y el cuestionado exconcejal y actual gerente, Hollman Morris, se conocieron varias irregularidades en contratos. Información que no concuerda, contratos a dedo sin los requisitos y experiencia y denuncias de acoso laboral, entre otros cuestionamientos.
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Tema SOAT
Otro de los fracasos más recordados fue el anuncio del Gobierno de disminuir en un 50 % la compra del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), para motos con cilindraje menor a 200 centímetros cúbicos, taxis y buses de servicio público; pues los expertos catalogaron la medida como populista, ya que pondría en riesgo la economía y beneficiaría a quienes registran mayores accidentes.
Antes de la medida, que estipulaba un descuento para que algunos vehículos adquirieran el Soat, la evasión en motos era del 62,5 % y, a mayo de 2023, pasó a ser de 59,5 %.
En el primer semestre del año 2023 se registraron 513.327 víctimas de accidentes de tránsito que recibieron atenciones en salud. De estas, 69,4 % (356.010), estuvieron asociadas a una póliza Soat, según cifras de Fasecolda.
Explicaron en un informe de la Revista Motor que: “No solo las motos siguen poniendo la gran mayoría de vehículos sin Soat del país, que según la misma entidad en la actualidad representan el 47 % del parque automotor activo, sino que a pesar de la campaña de reducción del costo en la tarifa del 50 %, no solo no se reversó la tendencia, sino que aumentó el número de motos sin la póliza”.
Otro caso de presunta corrupción también salpicó a Nicolás Petro, hijo del mandatario, quien en una entrevista dijo “yo no lo crié”, tras destaparse ciertas acciones en las que Nicolás habría recibido dinero indebido de la campaña a su padre cuando se presentó a las elecciones presidenciales.
El fiscal Mario Burgos explicó en el caso que tanto Nicolás como su exesposa Daysuris Vásquez “ocultaron, encubrieron, administraron y dieron la apariencia de legalidad a gruesas sumas de dinero que fue un monto inalcanzable”.
Todo esto después de que se destapara la olla podrida y salieran salpicados varios miembros de la familia presidencial, donde se logró comprobar la compra de una camioneta Mercedes Benz de placas GZA 927 de más de 200 millones de pesos el cual fue puesto a nombre de una amiga de Vásquez quien trabajaba con la Gobernación del Atlántico, Blanca Isabel Gutiérrez.
Con una fallida “paz total” y en una “potencia de la vida” donde se mueren soldados en el Cauca producto de bombardeos, Petro llegó al poder para “subsanar” los problemas de fondo que tiene el país y hasta el momento no se ven resultados debido a los constantes cambios de funcionarios en el Gabinete Presidencial, en las Fuerzas Militares, y con el anuncio del ELN en tomar sus propias cobijas y “continuar” con los diálogos por otro lado.
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Con información de Colprensa*
