El juicio al expresidente Álvaro Uribe por soborno a testigos y fraude procesal fue suspendido hace dos semanas por orden del magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Ramiro Riaño Riaño, en una decisión ampliamente cuestionada por las víctimas del proceso.
Riaño determinó que el juicio debía permanecer suspendido mientras se resuelve una tutela presentada por la defensa de Uribe, que solicita el cambio de la jueza del caso, argumentando que esta ha actuado con falta de imparcialidad.
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Lo llamativo es que, después de ordenar la suspensión, el magistrado se declaró impedido para resolver la tutela, alegando un posible conflicto de intereses. Explicó que tiene un vínculo indirecto con Luis Eduardo Montealegre Lynett, quien actúa como víctima en el proceso y fue fiscal general de la Nación en el mismo periodo en que su esposa trabajó como fiscal local.
En un escrito fechado el 14 de febrero, Riaño explicó que, una vez se tomó la decisión de suspender las audiencias de juicio en contra del exjefe de Estado, las víctimas suscribieron un memorial rechazando esa determinación. Entre los firmantes de ese documento se encuentra Montealegre, por lo que consideró que la relación entre ambos podría configurar un conflicto de interés que afectaría su imparcialidad.
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Su decisión de declararse impedido solo después de frenar el juicio ha generado fuertes críticas, ya que, según los denunciantes, debió apartarse antes de tomar una determinación de tal magnitud.
Por este motivo, el exfiscal Montealegre lo denunció ante la Fiscalía General, solicitando que se le investigue por la presunta comisión del delito de prevaricato por acción.
“Desde la demanda de tutela se decía que yo era una de las víctimas del proceso. Entonces la pregunta que yo me hago es porque razón si según el magistrado existía una causal de impedimento, porque no la declaró inmediatamente y esperó a decretar una medida cautelar que favorece al expresidente”, explicó Montealegre.
