La crisis de orden público en Colombia no se limita a Catatumbo; en otras regiones, cientos de familias siguen en riesgo por los combates entre grupos armados ilegales. Recientemente, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta de riesgo inminente para el sur del Valle del Cauca.
La alerta del organismo advierte que existen “evidentes riesgos de vulneración y violación de derechos humanos” para los habitantes de los cascos urbanos y zonas rurales de los municipios Pradera y Florida, en el sur del Valle del Cauca.
Explica que las situaciones de riesgo surgen por la disputa del territorio entre las disidencias al mando de ‘Iván Mordisco’ y la disidencia independiente Frente 57 Yair Bermúdez.
Entre las afectaciones a la población se destacan el reclutamiento forzado, desplazamiento, desapariciones, confinamiento y restricción a la movilidad, entre otros.
“Las mujeres han sufrido mayores riesgos de violencias basadas en género, y las y los menores de edad están siendo susceptibles de reclutamiento forzado y otras formas de utilización en el desarrollo del conflicto armado. Entre tanto, la comunidad firmante de paz ha sido blanco de violentos ataques directos, producto de amenazas y presiones para que se vinculen a las filas de ambos grupos”, se lee en el documento.
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Con la alerta, la Defensoría busca que se tomen acciones urgentes para prevenir una situación similar a la que vive actualmente la región del Catatumbo, donde hace dos semanas estalló una guerra entre el ELN y las disidencias, provocando el desplazamiento masivo más grande en la historia de Colombia, con más de 50 mil personas forzadas a abandonar sus hogares.
