Luego de que el gobierno de Gustavo Petro expidió el decreto en el que se materializa el recorte de $12 billones en el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2025 –lo que afecta la financiación de proyectos clave y diferentes entidades–, este martes desde el Parlamento anunciaron un debate de control político al Ministerio de Hacienda.
Las miradas están puestas en el Consejo Nacional Electoral (CNE), que alertó por un recorte en un 56.75% en el presupuesto asignado para la entidad en 2025, lo que representa la totalidad del componente electoral.
En particular, según la autoridad electoral, la falta de recursos compromete la realización de las elecciones atípicas del 2025, así como las elecciones de Consejos Municipales de Juventud. Sin embargo, están en riesgo también las actividades preparatorias para las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2026, en lo relativo a testigos electorales, auditorías, escrutinio general y todo el componente tecnológico que garantiza la transparencia de las elecciones.
Frente a ello, el representante de oposición Christian Garcés (Centro Democrático) manifestó que citarán a debate de control político al ministro de Hacienda, Diego Guevara, para que concurra a la Comisión Tercera de la Cámara a dar explicaciones por el recorte.
“No pueden quitarle recursos al CNE para entorpecer el funcionamiento de una entidad que tiene carácter constitucional y que debe ser autónoma e independiente”, sostuvo el congresista, quien reclamó que detrás de la determinación hay una supuesta represalia ante la investigación que ese organismo abrió contra la campaña del hoy presidente por presunta violación de topes electorales.
“Es una presión indebida y retaliación de este Gobierno por la formulación de cargos a Petro y su campaña por violar los topes de financiación electoral. Pido intervención de la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría por el potencial prevaricato en que está incurriendo el ministro”, agregó Garcés.
En su pronunciamiento, el CNE advirtió que no hubo criterio de proporcionalidad frente a otras entidades para la decisión del aplazamiento presupuestal y tampoco de razonabilidad en atención a la autonomía de ese organismo. Por ello, anunciaron que solicitarán al Gobierno replantear el aplazamiento o interpondrán medidas jurídicas, al tiempo que pedirán acompañamiento de los órganos de control.
“El Consejo Nacional Electoral advierte que la restricción de recursos a la autoridad electoral afecta la realización de elecciones libres, justas y transparentes. Esta decisión presupuestal afecta gravemente la democracia de nuestro país”, precisó el organismo.
En el decreto expedido por el Ejecutivo se evidencia que el Ministerio de Hacienda fue la cartera que sufrió más recortes, con $3,6 billones. Le siguen el Ministerio del Trabajo con $2,8 billones; la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) con $1,2 billones; el Ministerio de Defensa con $0,7 billones; el Ministerio de Igualdad con $0,6 billones; el Ministerio del Interior con $0,3 billones; el Ministerio de Vivienda con $0,3 billones; y el Ministerio de Salud con $0,21 billones.
En la lista de obras cuyos recursos no están asegurados también aparecen la primera línea del Metro para Bogotá (se le recortarán $770.300 millones), el Metro Ligero de la Calle 80 en Medellín ($497.600 millones), el Regiotram de Occidente ($345.735 millones) y la Troncal de Transmilenio por la Calle 13 ($328.500 millones).
Asimismo, los sistemas de transporte masivo de ciudades como Ibagué, Neiva, Armenia y Popayán, quedaron en el aire para este año.
