Estefanía Montoya desmintió que fuese obligada a entregar parte de su salario, alegando que los pagos eran préstamos personales entre amigos. Los chats han generado una investigación de la Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia.
En medio de la tormenta política que enfrenta el representante David Racero (Pacto Histórico), a quien Procuraduría y Corte Suprema de Justicia investigan por presunta solicitud de dinero a su equipo legislativo, este lunes se pronunció Estefanía Montoya, exintegrante de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), quien figura en los chats que evidenciarían las aparentes irregularidades.
Montoya se desempeñaba como asesora de la UTL de Racero y aparece en un chat en diciembre de 2019 en el que le dice a su jefe: “Cada mes me pagan $8.158.000. Le doy a Yidis $3.500.000. Yo tomo $4.300.000. Quedan $358.000”. Ante ello, el representante respondió “OK. Tenlo ahí”. A ello se suma la consignación de recursos a la tarjeta de crédito del congresista.
Ante la polvareda, la exasesora divulgó un comunicado en el que enfatizó en que “nunca” durante su paso por la UTL de Racero “hubo una conducta indebida, ninguna exigencia monetaria, ningún tipo de constreñimiento o exigencia”.
Ratificando su desempeño profesional y la confianza que dice aún poseer, aseguró que el chat divulgado por el periodista Daniel Coronell en su más reciente columna corresponde a “un pantallazo descontextualizado” y que es falso que estuviese obligada a transferir parte de sus ingresos.
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“Entre nosotros, y atendiendo a cuestiones privadas del ámbito de la amistad, hubo ocasiones en las cuales nos prestábamos dinero de manera temporal, tanto él a mí como yo a él, como alcanza a evidenciarse en los chats interceptados que fueron publicados. No existe ningún asomo de duda sobre el carácter lícito de esos recursos e, insisto, en ningún momento obedecieron a un acuerdo irregular o menos a una exigencia de su parte (sic)”, explicó Montoya.
Montoya llamó la atención por la filtración de conversaciones privadas, advirtiendo que tienen el propósito de “hacer daño a un proyecto político pasando por encima de las personas y poniendo en entredicho el profesionalismo o el carácter de quienes se han esforzado por dar lo mejor de sí en el servicio público”.
Con todo, dijo entender que el escenario público está bajo un ejercicio constante de escrutinio y de vigilancia: “En ningún momento rehuiré al deber ético de dar explicaciones. Espero que toda la información tenga la oportunidad de ser aclarada, y que el país tenga la oportunidad de conocer la verdad lejos de intencionalidades políticas o de la intención de dañar a las personas”.
La exasesora aseguró que conoce a Racero desde hace más de 15 años y que se conocieron cuando realizaban estudios de posgrado en la Universidad Nacional. “Lo considero una gran persona, un líder político comprometido y, sobre todo, un buen amigo. Desde antes, entonces y ahora, compartimos con él una visión común de país y hemos dedicado nuestras vidas a lograr que ese proyecto se convierta en una realidad para todos”, manifestó.
Destacó además que trabajó “hombro a hombro” con Racero cuando este se desempeñaba como subdirector de Juventudes de la Secretaría Distrital de Integración Social en tiempos de la Alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá. Sin embargo, precisó que renunció hace poco más de un año, “cuando mis proyectos académicos y mis perspectivas profesionales me llevaron a otros horizontes”.
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En su columna, el periodista Daniel Coronell también se refirió al caso de Leonardo García, quien estaba asignado como conductor de Racero, pero que terminó atendiendo un negocio particular del representante en época de pandemia.
“El representante Racero dice que el asistente legislativo solo fue al Fruver para llevarlo a él y que tal vez algún día ayudó levantando alguna caja. A juzgar por lo que vi, quizás se refiera a una caja registradora”, escribió Coronell.
Además, según las denuncias reveladas por el periodista Daniel Coronell, el expresidente de la Cámara de Representantes (2022-2023) pidió contratos en el Sena en el departamento del Cesar, como lo muestra una conversación por WhatsApp publicada por el periodista.
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Frente a todo ello, la Corte Suprema de Justicia confirmó la apertura de una investigación al representante por los supuestos abusos contra su equipo de trabajo. Lo propio hizo la Procuraduría, que abrió una indagación preliminar.
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