El director del Centro de Memoria Histórica, Darío Acevedo, aceptó el siguiente diálogo con EL COLOMBIANO para dar su versión –tras varios meses de silencio– sobre los señalamientos que han recaído en su contra, en torno a una supuesta censura a trabajos de reconstrucción de memoria del conflicto que, incluso, lo tienen respondiendo ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Asegura que esta instancia no debería estar investigando lo que hace su entidad, pero pide que se le brinden garantías. Además, afirma que sectores académicos y políticos, como el del senador del Polo Iván Cepeda, obstaculizan su trabajo. “Hay una intolerancia muy dañina”, advierte.
¿La JEP accedió a las comunicaciones del Centro?
“Todavía no, porque hicimos uso al derecho de apelar la medida y estamos esperando la respuesta. Si ellos insisten, correría un plazo de siete días para esa intervención”.
¿Hay un tiempo legal para responder la apelación?
“Con ellos no se sabe, es algo indeterminado. Por ejemplo, cuando hicimos la primera apelación sobre el primer auto, de mayo de 2020, la vinieron a resolver de manera firme a principios de febrero de este año. Uno no sabe”.
¿Cuál es su versión: hubo o no censura?
“No es fácil de explicar, en pocas palabras, porque es algo que viene de muy atrás. Para poder comprender hay que mirar que hay presiones externas sobre el Centro de parte de algunas organizaciones políticas, de otras que trabajan con la memoria de las víctimas y de algunos políticos, en especial la acción del senador Iván Cepeda. Él comenzó citándome a un debate de control político que nunca concluyó; luego, me denunció en la Procuraduría, donde tampoco se ha avanzado aunque ya di mi versión libre. Después, se dirigió a la JEP, en diciembre de 2019, pero solo hasta mayo de 2020 me enteré cuando le decretaron medida cautelar a la colección ‘Voces para transformar a Colombia’.
¿El proceso no ha tenido más avances?
“Es que esta es la primera gran exposición que hizo el Centro en la Feria del Libro, en Bogotá; luego se hizo en Medellín y después, en 2019 ya siendo yo director, en Villavicencio y en Cali. Entonces, se inicia un proceso de indagación de la JEP. A mí no me han citado todavía, pero la situación se agravó porque son dos salas de la JEP interviniendo: la de Ausencia de Reconocimiento, presidida por el magistrado Gustavo Salazar, y la de Apelaciones, presidida por Eduardo Cifuentes, quien también es presidente de la JEP”.
¿Cómo aparece una orden para acceder a las comunicaciones del Centro?
“Iván Cepeda lo que pretendía en primera instancia era que intervinieran nuestras comunicaciones y acciones en terreno con las comunidades, sobre el supuesto de que yo era un peligro para las víctimas. Además, que se expidiera una medida cautelar sobre la exposición. La Sala de Reconocimiento solo concedió la medida cautelar sobre la exposición. En la apelación que hicimos, resuelta en febrero de este año, no solo nos negaron lo solicitado, sino que iniciaron un proceso autónomo desde la JEP para intervenir nuestras comunicaciones”.
¿Trata de decir que usted es el perseguido?
“Hay toda una presión de parte del senador Cepeda que se suma a la campaña que hay desde antes de que yo me posesionara, que tiene distorsiones y de aseveraciones infundadas. El senador tiene derecho a denunciar y yo a defenderme. Pero todo se trata de una posición de acoso político por mi forma de pensar”.
Sus denunciantes dicen que usted intentó censurar la memoria de las víctimas...
“Para entender esto hay que recordar que la exposición sufrió modificaciones, por razones de espacio, en la medida de que fue itinerante. En Bogotá fueron 1.500 metros cuadrados; en Medellín, bajó a 700; en Villavicencio fue una cosa muy pequeña, de 40 metros. Y en Cali fue de 400 metros. Eso implica reacomodamiento, supresión o separación de unas piezas. Pero esto, en ningún momento, implica censura o afectación a la memoria de las víctimas”.
¿Tomará medidas contra la JEP o contra Cepeda?
“Por ahora no, porque no es mi estilo. Espero tener todas las garantías, aunque considero que la JEP, en este caso, no tenía competencia legal y que un proceso de esta naturaleza debería ser llevado por la Procuraduría”.
En la academia llaman a este tipo de polémicas “disputa por la interpretación del pasado”. ¿Esa “disputa” es la que estamos viendo?
“Eso es natural y no nos debe asustar. El pasado es de alguna manera como el presente: controversial; en especial, cuando se aborda desde el punto de vista político. La sociedad no es homogénea”.
¿Fluyen el diálogo del Centro con la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda o la misma JEP?
“Nuestra relación con la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad es cordial; me he reunido varias veces con el padre Francisco de Roux para hablar de algunos temas e intercambiar información. Hacemos lo mismo con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Pero con la JEP, desafortunadamente, estamos en este lío que nos ha provocado problemas. No nos parece que la JEP haya tenido un estilo fraterno, amistoso o interinstitucional”.
¿Siguen rotas las relaciones con organizaciones que se apartaron del trabajo conjunto con el Centro, como ‘Las Madres de Soacha’?
“Cuando ellas decidieron apartarse ya llevábamos un trabajo muy avanzado, que apuntaba a la publicación de un libro de relatos de ellas; estábamos a punto de terminarlo. Desafortunadamente, la propaganda negativa que se ha hecho desde diversos sectores contra nosotros afectó esa relación. Nosotros intentamos mantener esa relación, las llamamos y finalmente no se pudo reanudar el diálogo. Yo he ido a muchas partes donde se ha presentado esta prevención, pero he logrado hablar con la gente y al final se dan cuenta de que no tengo una marcación política. Yo no hablo de mis puntos de vista políticos, ideológicos o religiosos en el Centro de Memoria con nadie”.
Con las organizaciones que trabajan temas de memoria de la Unión Patriótica también ha tenido choques...
“En este momento no tenemos un trabajo con ese partido propiamente dicho, no hay una iniciativa, pero no porque los lazos estén rotos, sino porque no ha habido forma. Entendemos que las afectaciones producidas en el marco del conflicto armado se dieron también contra movimientos políticos y que el más afectado, y se lo digo claramente de acuerdo con los hechos históricos, fue la Unión Patriótica”.
¿Invita al senador Cepeda a través de esta entrevista a que se tiendan puentes de diálogo?
“No tengo problema. Incluso, yo quisiera un debate más académico, pero el veto es tan grande que, ni siquiera, me han invitado a universidades públicas en las que este sector o quienes se han opuesto a mi gestión tienen alguna influencia. Es que a mí no me invitan a debates académicos, simplemente me fusilan y chao”.
¿Hay un veto desde la izquierda para impedir su trabajo y delinear una sola narrativa sobre la memoria del conflicto?
“No puedo llegar hasta esa afirmación, porque, además, ellos también son un universo muy grande. No es lo mismo hablar del Partido Comunista, que de otros movimientos de izquierda como el Polo; no es lo mismo hablar del Eln que de las Farc, aunque todos coinciden en algunas cosas. Pero sí hay un ambiente para responsabilizar fundamentalmente al Estado de todos los conflictos que han ocurrido en el país en las últimas décadas y a una figura etérea como la burguesía o el bipartidismo”.
Entonces, ¿dice que la izquierda lo está persiguiendo?
“No diría que persiguiendo, pero sí obstaculizando y no ha facilitado el debate académico”.
A usted lo identifican con la derecha. ¿Será por eso que, como usted afirma, obstaculizan su participación en este tipo de debates?
“Puede ser por eso. Hay una intolerancia que viene desde ahí, que se me hace perversa porque impide el debate. Incluso, a anteriores directores del Centro les he dicho que discutamos, pero solo he recibido tiestazos y tomatazos. Hay una intolerancia muy dañina que impide el debate, que sí me gustaría darlo porque tengo puntos de vista que no he podido exponer”
