El polémico contrato para expedir pasaportes va de pelea en pelea. Y este lunes el secretario general de la Cancillería tomó una vía que encendió más la discusión del proceso licitatorio. Por medio de tres resoluciones finalmente se le adjudicó la licitación de casi 600.000 millones a la firma Thomas Greg & Sons. Ante la decisión, el presidente Gustavo Petro señaló la diligencia como una “traición”.
Pero todo el lío se remonta al año pasado cuando la misma Cancillería publicó un pliego de condiciones definitivo para ganarse la licitación y la única firma que cumplía con todos los requisitos era Thomas Greg & Sons (TGS), una empresa familiar que ha manejado ese mercado de impresión de visas y pasaportes durante los últimos 17 años.
Ante ese panorama, el resto de oferentes se mostraron disgustados porque las condiciones parecían favorecer directamente a TGS. Esos presuntos favorecimientos quedaron bajo la lupa de la Procuraduría.
Sin embargo, y aun con esas indagaciones de por medio, la Cancillería decidió continuar con la licitación y estaba a punto de adjudicarse, pero suspendió la licitación a menos de 24 horas del momento decisivo y la declaró desierta.
En parte esa decisión se habría tomado porque el presidente Gustavo Petro condenó la actuación de entregar licitaciones a un único proponente y contra TGS no había más empresas en el proceso. Ahí se desató una pelea inconciliable entre TGS y el Gobierno. Ninguno de los dos ha querido ceder en sus pretensiones.
“La misma empresa que hoy saca los pasaportes es la que los sacaba en el pasado gobierno, pero no permitiré licitaciones dirigidas a un proponente. O compiten o compiten (...) Las licitaciones con un proponente se declaran desiertas y se inicia de nuevo el proceso”, dijo el mandatario en ese momento.
Tras la declaración desierta hubo un ambiente de preocupación por el desabastecimiento de los documentos, por lo que la Cancillería respondió con una urgencia manifiesta y decidió extender el contrato a Thomas Greg para continuar con el servicio por lo menos por un año.
Ese contrato temporal por un valor de 198.894 millones de pesos tiene una vigencia hasta el próximo 2 de octubre de 2024. Para ese momento, el Gobierno debió acudir a Thomas Greg & Sons y firmar una prórroga de un año ante la posibilidad de un traumatismo frente al suministro de este documento, que es vital para viajar al exterior.
Sin embargo, esa prórroga no bajó los ánimos de la pelea, por el contrario, fue la antesala de una batalla jurídica con una millonaria demanda de por medio. Ante el fallido proceso, la firma demandó al Estado por $117.000 millones por lo que calificó como “ausencia total de ánimo conciliatorio” de la Cancillería.
Y es que sí se trató de conciliar pero la audiencia terminó sin buenos resultados. En el pasado mes de diciembre, la empresa –que se vio afectada tras declararse desierta la licitación– no aceptó la conciliación parcial e insistió en exigirle al Estado una indemnización.
Lo cierto es que la conciliación ha tenido distintos tropiezos. Por un lado, la renuncia de Martha Lucía Zamora como directora de la Agencia de Defensa Jurídica de la Nación, a la que se le sumó la de Germán Calderón España, quien representaba al fondo rotatorio de la entidad. En su reemplazo se designó al abogado Ernesto Matallana Camacho.
Precisamente, Zamora y Calderón España se fueron de sus cargos luego de proponer una conciliación con Thomas Greg & Sons que el canciller –suspendido– Álvaro Leyva insiste en que no se dé, a pesar de las advertencias de los abogados de una demanda millonaria de esa firma contra el Estado, que tendría todas las de perder en los tribunales.
En medio de la polémica y el escándalo desatados por ese proceso, y con una demanda millonaria encima, el suspendido canciller Leyva abrió un nuevo proceso licitatorio por 416.000 millones de pesos.
Pero esa nueva licitación también recibió críticas y reparos de parte de los participantes, quienes publicaron un documento en el que presentaron sus observaciones a los pliegos anunciados.
Durante todo ese tiempo y frente a todas las decisiones que se tomaron, la Procuraduría estuvo encima.
Tanto así que el pasado 24 de enero la Procuraduría decidió formular pliego de cargos y suspender por tres meses al canciller, Álvaro Leyva. La decisión del órgano de control ocurre en medio del proceso disciplinario que se lleva en contra del funcionario por las posibles irregularidades que habría cometido al declarar desierta la licitación de los pasaportes en Colombia.
De acuerdo con la investigación –iniciada el 20 de septiembre de 2023– el suspendido canciller Leyva habría cometido una falta grave al declarar desierta la licitación 001 de 2023 (fabricación de los pasaportes) porque tomó la decisión sin tener fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos. De ese modo, habría vulnerado los principios que rigen la contratación estatal.
“En segundo lugar, el organismo de control profirió cargos al ministro por supuestamente decretar la urgencia manifiesta durante el desarrollo del trámite contractual, sin que, al parecer, existieran causales para adoptar esa determinación”, añadió la Procuraduría.
La Procuraduría también explicó que la suspensión del canciller se tomó para evitar que el funcionario siga incurriendo en las mismas faltas disciplinarias que hoy le señalan. Sin embargo, Leyva tardó casi dos semanas en acatar la decisión. En su defensa, el canciller dijo que no se apartaría de su cargo hasta que el presidente Petro designara al funcionario encargado.
El pasado 8 de febrero, el embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, fue nombrado por el presidente Gustavo Petro como canciller encargado. Y llegó pisando fuerte. Una de sus primeras decisiones fue adoptar medidas sobre el proceso licitatorio 023 de 2023.
Como primera disposición, Murillo decidió reasignar la competencia administrativa sobre la licitación de pasaportes, los trámites presupuestales, jurídicos y en general, de todo el proceso a la Secretaría General del ministerio.
En segunda instancia, el canciller encargado ordenó “suspender la apertura del proceso licitatorio para su revisión, así como la de más de 550 observaciones realizadas a los prepliegos por parte de 19 interesados”.
Después de la suspensión de esa licitación, EL COLOMBIANO conoció que la Cancillería habría estado analizando dejar el contrato a la inexperta Imprenta Nacional para evitar el proceso licitatorio. Esa firma tendría que aliarse con un viejo conocido para Colombia: la multinacional mexicana Accesos Holográficos, cuyos negocios con la Fábrica de Licores de Antioquia, FLA, terminaron mal.
Este lunes, sorpresivamente, José Antonio Salazar, el secretario general del Ministerio de Relaciones, publicó las resoluciones del proceso de licitación de la elaboración de pasaportes, para anunciar que el contrato fue adjudicado a la firma Thomas Greg & Sons.
Esa decisión derivó en que el presidente Gustavo Petro declarara insubsistente a Salazar. El secretario aclaró que seguirá en el cargo en tanto se resuelva un recurso de reposición en contra de la declaratoria de insubsistencia. “Es el resultado de cumplir con la Constitución y la ley”, concluyó Salazar.
