Sigue el debate jurídico alrededor de la libertad del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso. Primero una jueza de Justicia y Paz le concedió el beneficio, más adelante un magistrado de esa misma jurisdicción especial, pero de Barranquilla, se la negó y ahora la decisión pasó a manos de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en donde deberán emitir la última palabra.
Lo más reciente, fue la decisión que tomó el magistrado de Justicia y Paz de Barranquilla cuando se abstuvo de revocar las 33 medidas de aseguramiento que mantienen preso a Mancuso, basado en los 34 mil crímenes de guerra y de lesa humanidad que aún tiene pendientes por resolver.
Adicionalmente, para el magistrado la resolución que misionó a Mancuso como gestor de paz es inconstitucional, ambigua, imprecisa y crea sospecha de impunidad e indulto.
Frente a esto, la defensa del excomandante paramilitar interpuso el recurso de apelación argumentando que el magistrado se extralimitó en sus funciones y usurpó funciones del legislativo al opinar sobre una resolución creada y autorizada por el Gobierno Nacional. Mancuso a su vez se mostró inconforme y en su alegato, mientras argumentaba por qué sí debe quedar en libertad, criticó al magistrado y advirtió que el fallo en su contra tiene tintes políticos y no jurídicos.
“El magistrado está excediendo sus funciones vinculadose a un debate jurídico para poner entre dicho la autoridad del presidente para nombrar gestores de paz, el magistrado se está entrometiendo en tema de paz del Presidente de la República, su disertación deja de ser jurídica y la convierte política. El magistrado sólo debía pronunciarse sobre las órdenes de captura, nada más. Su decisión denota sesgo y estigmatización hacia las personas que cometimos delitos de lesa humanidad, o sea que no podemos cumplir funciones de gestores de paz. Este tipo de cosas pretenden impedir que cumpla con lo dispuesto respecto a mi compromiso con las víctimas, la paz y la reconciliación”, dijo el exparamilitar.
Y es que para el magistrado la resolución que lo convirtió en gestor de paz no es específica, no tiene límites de tiempo y lugar, tampoco define las funciones claras de Mancuso en la construcción de la paz y aún más grave los efectos del beneficio son los mismo de un indulto.
A lo que Mancuso replicó: “no estamos pidiendo indultos, ni amnistías porque he cumplido con todas mis obligaciones, he pagado dos veces el monto de mi condena. Aquí lo diferente es que se hace interpretación de la ley por llamarme Salvatore Mancuso y por eso levantan las medidas en mi caso. Viola mis derechos que no se me hayan levantado las medidas”.
La Fiscalía, que inicialmente había apoyado la libertad del excomandante criminal, esta vez se presentó con un postura contraria, solicitó que se mantenga en firme la privación de la libertad. En igual sentido lo hizo la delegada de la Procuraduría General.
Ahora como en el Tribunal de Barranquilla no se accedió al pedido de Mancuso y su defensa, el caso pasa a una última instancia a la Corte Suprema de Justicia. Será ese alto tribunal el que tome una decisión definitiva.
Ahora, en tanto haya una decisión de fondo, Salvatore Mancuso deberá seguir privado de la libertad en la Picota de Bogotá, sin ningún beneficio en su calidad de gestor de paz.
