Las amenazas habrían sido contra Sara Enit Morales, vocera de la corporación Rosa Blanca Colombia.
En diciembre de 2024, una denuncia por parte de Sara Enit Morales, vocera de la corporación Rosa Blanca Colombia, fue enviada desde la Procuraduría Segunda Delegada para la investigación y el juzgamiento penal. En ella, Enit aseguraba que Sandra Ramírez, senadora del partido Comunes, la habría amenazado en noviembre de ese mismo año.
Las amenazas estarían directamente relacionadas con el trabajo de Enit, puesto que la corporación de la que es vocera se encarga de liderar la lucha contra el abuso sexual de menores por parte de excomandantes de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), de la cual Sandra Ramírez hizo parte.
Las denuncias recogidas por la corporación son, en su mayoría, relatos de niñas, niños y adolescentes inmersos en el conflicto armado. “Los relatos de las víctimas nos permiten acercarnos desde sus voces a una realidad que durante décadas han padecido los territorios del país y perpetúa las condiciones de desigualdad, menoscaba los proyectos de vida de los más jóvenes, vulnera la transmisión de las tradiciones culturales”, explica el sitio web de Rosa Blanca.
Casi al mismo tiempo de que se dio a conocer la denuncia de Enit, un testimonio de una víctima del conflicto salpicó a la senadora Ramírez.
En la mañana del 31 de marzo, Deisy, víctima del conflicto armado, declaró en Caracol Radio: “¿por qué no nos defendió siendo ella mujer? (Ramírez). Ella misma ordenaba sancionarnos. Yo me acuerdo de todo eso. No solamente señalo a la Senadora Sandra Ramírez, sino a todos los comandantes de las FARC. Todos los que nos dan cátedra de moral en el Congreso nos abusaron muchas veces. Para ellos las menores de edad eran muy apetecidas”.
Al respecto, en la denuncia, la vocera Enit mencionó que, de hecho, las presuntas amenazas de Ramírez tendrían origen en un proceso de la Jurisdicción Especial para la Paz en la que la senadora está involucrada. El proceso tiene que ver con delitos cometidos contra las infancias en el marco del conflicto armado.
Según lo relatado por la vocera, el 27 de noviembre de 2024 se encontraba en las instalaciones del Congreso de la República, cuando se cruzó con Ramírez. En ese momento, la senadora de Comunes la llamó por su seudónimo (‘Selena’), y le dijo: “que había escuchado lo de la denuncia a Geovany y que eso estaba bien bien, porque ahora más que nunca necesitaba el esquema de seguridad”.
Morales interpretó el comentario como “una advertencia intimidatoria”. Según el fallo emitido por la Corte Suprema, las supuestas amenazas fueron “derivadas de su participación (de Ramírez) en el macrocaso No. 07, adelantado por la 48 Radicación n.°01256 Jurisdicción Especial para la Paz, en el que, según afirma, ‘denunció a comandantes, incluso a miembros de la organización que hoy son congresistas’”.
El 25 de marzo, la Sala de Instrucción de la Corte escuchó a Sara Morales. Allí, la vocera pudo ampliar su denuncia y exponer su caso. Con los detalles de los hechos y su declaración, la corte inició una investigación previa y ordenó la práctica de varias pruebas, entre esas está obtener la lista de ingresos registrados entre las 8:00 y las 9:30 de la mañana de aquel 27 de noviembre.
Otra de las pruebas a recoger por pedido de la Corte es la de recolectar la decisión proferida en noviembre de 2024 por la Jurisdicción Especial para la Paz a través de la cual imputó a seis exintegrantes del Secretariado de las FARC-EP por crímenes de guerra (entre ellos reclutamiento forzado de menores de edad).
Una vez la Corte tenga todas las evidencias pedidas, citará a Ramírez para que de su declaración de los hechos.
