La Sala Plena de la Corte Constitucional declaró este jueves como urgencia nacional el estudio de las demandas que se surten en contra de la Ley de Presupuesto aprobada en el Congreso, en la que se incluye la ley de garantías. La decisión fue tomada tras la ponencia del magistrado Jorge Ibáñez y con una votación 6-3.
Los 6 magistrados que compartieron postura fueron Jorge Ibáñez, Alejandro Linares, Gloria Stella Ortiz, Paola Meneses, Antonio J. Lizarazo y Cristina Pardo. Los 3 en contra fueron Diana Fajardo, Alberto Rojas y José Fernando Reyes.
En total, eran 30 las demandas que alegan que hubo ilegalidad en la aprobación de la reforma legal que suspendió la ley de garantías durante el 2022 y que fue aprobada de cara a las elecciones de Congreso y Presidencia que se realizarán este semestre. De estas, ya se rechazaron 12.
La modificación a la ley de garantías permite la suscripción y celebración de convenios interadministrativos con las entidades territoriales para la ejecución de programas y proyectos correspondientes al Presupuesto General de la Nación, bajo el control especial de la Contraloría, durante los cuatro meses anteriores a la elección presidencial.
Se trata del artículo 124 de la Ley 2159 de 2021, que decretó el presupuesto para este año y la modificación se realizó “con el propósito de promover la reactivación económica”. No obstante, gremios empresariales y opositores expresaron su preocupación por los casos de corrupción que se pueden dar con la celebración de esos convenios.
