Eran las 8:16 de la mañana cuando comenzó en Valledupar el primer juicio en la historia de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). En el banquillo de los acusados estaba el coronel retirado Publio Hernán Mejía, excomandante del Batallón de Artillería No. 2 La Popa, que tiene encima una acusación por su posible responsabilidad en 72 ejecuciones extrajudiciales.
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El coronel (r) llegó a este punto luego de insistir en que era inocente de los cargos que le imputó la Sala de Reconocimiento y Verdad. Este martes –y ante la presencia de las víctimas– volvió a asegurar que no tenía responsabilidad.
“La guerra sin principios es simplemente barbarie disfrazada de estrategia. El hoy acusado ha gozado de todas las garantías en este proceso que además no se construyó pensando en dar beneficios a los victimarios”, dijo Samuel Serrano Galvis, fiscal de Unidad de Investigación y Acusación de la JEP cuando escuchó que el coronel no aceptaba los cargos.
El fiscal Serrano Galvis leyó los nombres de las 72 víctimas. Muchos de los asesinados pertenecían al Pueblo Kankuamo.
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El coronel Mejía, se lee en el escrito de acusación, es señalado de idear, diseñar y ejecutar un plan criminal que consistía en asesinar civiles y presentarlos como bajas en combate.
“Estaba motivado por darle a la sociedad una falsa percepción de seguridad y con el que pretendió consolidar la imagen de ser el mejor oficial del Ejército Nacional”, se lee en el expediente.
Mejía al parecer, junto a otros miembros del Ejército, tenía una alianza con el frente Mártires del César del Bloque Norte de las AUC.
El coronel también es señalado de sostener combates reales con grupos guerrilleros y ejecutar a combatientes que se encontraban heridos y con las armas depuestas.
“Una palabra muy recurrente era que el batallón era una máquina de guerra y que el batallón debía ser una máquina de guerra. Que íbamos a obtener los resultados de operaciones que el batallón no había tenido”, dijo Heber Hernán Gómez, teniente coronel retirado que acompañó a Mejía en la Popa y que fue testigo de los crímenes.
Si Mejía no logra probar su inocencia, se expone a una pena que puede llegar hasta los 20 años en prisión. Los fiscales de la JEP pedirán la máxima pena.
La magistrada del caso, Reinere Jaramillo, dio por terminada la audiencia a las 6:12 de la noche. Habían pasado 10 horas.
La audiencia continuará el jueves 19 de septiembre a las 8:00 de la mañana. Será la oportunidad para que la defensa del acusado aplique el contrainterrogatorio. También participarán otros testigos citados a juicio.
