El ente abrió una noticia criminal tras las denuncias por presunta corrupción. La firma Force aparece salpicada.
El ventilador que prendió el exviceministro y general en retiro Ricardo Díaz alrededor de presuntos hechos de corrupción en el Ministerio de Defensa ya comienza a surtir sus primeros efectos. Este lunes, la Fiscalía General anunció que abrió una noticia criminal para investigar “si se configuraron o no delitos y quiénes serían sus autores y partícipes”.
Justamente, una de las líneas de investigación en la que pondría la lupa el ente acusador serían las presuntas irregularidades en materia de contratación que destapó el exfuncionario y que salpican, entre otros, a la familia del exembajador Armando Benedetti.
Previamente, en una entrevista con la Revista Semana, el general (r) –quien lideraba el Viceministerio para la Estrategia y la Planeación–, alertó que “la corrupción y los intereses económicos continúan y están desestabilizando al Ministerio de Defensa”. Inclusive, señaló que hay “permisividad” por parte del ministro Iván Velásquez.
En esa línea, llamó la atención por aparentes dádivas y supuestas presiones en materia de contratación para favorecer a determinados oferentes. En su entrevista, el general (r) Díaz salpicó a dirigentes del más alto nivel, como la Primera Dama, Verónica Alcocer; el expresidente Juan Manuel Santos; el asesor en temas empresariales del presidente Gustavo Petro, Juan Fernández, y Ángela y Camilo Benedetti, empresarios y hermanos del exembajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti.
Justo sobre los Benedetti la Fiscalía pondría la lupa en sus primeras indagaciones. De acuerdo con el exviceministro, “un grupo de personas a través de un oficial retirado del Ejército” le ofreció $700 millones a cambio de favorecer la adquisición de 3 helicópteros. El oficial, dijo Díaz, era el coronel Eduardo Mejía. “Él se me acercó, me dijo que trabajaba en conjunto con el señor Camilo Benedetti, hermano del embajador”.
En ese testimonio el exfuncionario también vinculó a Camilo Torres Méndez, a quien identificó como directivo de la empresa Force, “que ha tenido varios cuestionamientos en contratación con las Fuerzas Militares desde 2020”. En efecto, al revisar la documentación alrededor de esa compañía se evidencia que Camilo Benedetti aparece como socio de Force Improvemen LLC, de origen extranjero –fue creada en 2016 en Florida, Estados Unidos– y con sucursal en Bogotá.
Al ponerle lupa a esa compañía en el sistema de contratación estatal –Secop– este diario encontró al menos 3 contratos con diferentes entidades, entre ellas, el propio Ministerio de Defensa, por valor de más de $10.200 millones firmados entre 2020 y 2021. No deja de ser inusual que la razón social de Force le permitía contratar para suministrar granadas, simuladores de tiro y hasta termómetros.
“Puede decirse que es anormal que una empresa tenga un objeto social tan amplio, lo que no significa que esto sea ilegal. En este caso, se observa que hay una sucursal que está operando negocios en Colombia de una empresa constituida en Estados Unidos. En todo caso, eso no significa que esa sucursal no tenga que estar subordinada a las decisiones de la sociedad constituida en Florida”, explicó a EL COLOMBIANO el abogado Santiago Murillo Gómez, especialista en derecho comercial y societario, e integrante de la firma Estrategia Legal CDS.
Quizá uno de los contratos que más llama la atención fue el suscrito con el Ejército en 2020 por valor de $4.307 millones para el suministro de granadas de 120 mm. Si bien finalmente Force se hizo al millonario proceso, la otra compañía que se encontraba en puja, la firma francesa Hansacol Trading, reclamó y aseguró que fue descalificada del proceso sin justa causa.
La empresa alertó por aparentes irregularidades en el cronograma del proceso y alegó que “no se revisó de manera detallada y concienzuda” sus documentos técnicos, por lo que fue rechazada. De hecho, varias de las alertas alrededor de por qué no cumplía técnicamente con los requisitos Hansacol fueron formuladas por la propia Force a través de un documento de junio de 2020. Por todo esto, el caso fue denunciado ante la Contraloría.
En este contexto hay que recordar que en 2017 el periódico The New York Times publicó una fotografía que data de 2010 en la que aparece Camilo Benedetti acompañado del hijo del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Se informó que el hermano del exembajador, actuando como representante de la firma Yun Capital, hizo las veces de facilitador para una reunión entre Trump Jr. y el expresidente Juan Manuel Santos para el desarrollo de proyectos.
El periódico estadounidense informó que Benedetti resultó salpicado en los Papeles de Panamá, pues “utilizó el bufete de abogados Mossack Fonseca para establecer una ‘oficina virtual’ que hacía que su empresa pareciera una empresa física”. Lo anterior, en el marco de las maniobras para “proteger activos o minimizar impuestos”.
Retomando con Force se evidencia otro contrato, esta vez por $5.685 millones en 2021, para adquirir un simulador móvil de tiro para los sistemas de artillería del Ejército. Extrañamente el contrato fue adjudicado de forma directa “por no existir pluralidad de oferentes”. Incluso, fue necesaria una prórroga debido a dificultades aeroportuarias.
Finalmente, se cuenta un último contrato por $216 millones para suministrar termómetros infrarrojos para atender la pandemia del covid-19 en Cundinamarca. El contrato se celebró en 2020 con la Secretaría de Salud del departamento y fue escogida Force por hacer la oferta de menor valor: 500 termómetros cada uno a $433.826.
Ahora la Fiscalía, seguramente de la mano de la Contraloría, está llamada a revisar toda esta contratación y verificar si hubo o no irregularidades que terminarían afectando al círculo más cercano del exembajador Benedetti, quien también libra su propia defensa judicial, pero ante la Corte Suprema de Justicia.
