Pedro* tenía 10 años y vivía en Medellín cuando fue víctima de abuso sexual varias veces, presuntamente a manos de su papá. El Instituto Colombiano de Bienestar (ICBF) supo de su caso y designó a un equipo de Defensoría de Familia para verificar la situación. Entonces comenzó su proceso de restablecimiento de derechos, que consta de seis pasos, y que podría culminar en una entrega en adopción. El niño no tiene a más personas que se hagan cargo de él, su mamá no está y su familia cercana no tiene cómo ocuparse de su crianza.
El caso de Pedro hace parte de los 5.807 procesos que abrió el ICBF en Antioquia a causa de violencia de toda clase en contra de menores de edad; y su caso hace parte de los 5.159 que figuran en la base de datos de procesos de restablecimiento de derechos que abrió el ICBF porque superan el plazo de 18 meses permitido por la ley para ese procedimiento.
La anterior es una de las señales de alarma que encendió la Contraloría, al ponerle la lupa al Programa Nacional de Adopciones, en cabeza del ICBF, consignadas en el informe macrosectorial 2021, cuyo corte es a diciembre de 2020.
Los departamentos peor diagnosticados por el ente de control en ese sentido son Guainía, con 52 % de los casos sin definir; Antioquia con 44 %, Risaralda con 38 % y Casanare, 35 %. Por el contrario, en Antioquia, Casanare y San Andrés se registraron más familias solicitando una adopción que la cantidad de menores declarados en condición para ser acogidos por una nueva familia.
Ese rezago, cuestiona el ente de control, significa un riesgo muy alto para los menores, “que en algunos casos podría llegar a convertirse en una revictimización por parte de la institucionalidad, toda vez que estarían perdiendo la oportunidad de materializar su derecho a tener una familia, bien sea con su propia familia biológica, extendida o a través de una familia adoptiva”.
Ahora bien, 2.370 niños, niñas y adolescentes fueron declarados en adoptabilidad entre 2018 y 2020, menos del 2 % de los que estuvieron en procesos de restablecimiento de derechos en ese período. Para este año, 4.144 de los recibidos esperan ser adoptados, aunque 772 encontraron una familia en lo que va corrido de 2021.
Los menores de edad con alguna discapacidad permanente, los mayores de diez años o pertenecientes a un grupo de tres o más hermanos, tienen más dificultades para encontrar quien los acoja; sin embargo, la Contraloría señala que la mayoría de los niños en adopción no tienen ninguna de las características mencionadas, por lo que no hay razón ni explicación para la demora en su proceso, y resalta en el informe que los mecanismos de adopción, que suman más de veinte pasos, son demasiado lentos.
Por otra parte, durante los dos años mencionados, se iniciaron 113.581 procesos por distintos tipos de violencia en contra de menores de edad y más de la mitad fueron por violencia sexual, acoso o explotación, desnutrición, abandono y negligencia. Con base en esto, la Contraloría considera que los programas de prevención y las políticas son insuficientes.
Información extraña
Entre los datos revisados por la Contraloría, hay inconsistencias en algunos documentos. Por ejemplo, halló casos de fallos de adopción con fecha anterior a la de apertura del proceso de restablecimiento de derechos, algo imposible dentro del modelo del ICBF.
Este diario consultó al ICBF y la entidad expresó que respondería hoy al informe. Las páginas están abiertas a su respuesta.
