Una investigación de la Fiscalía en contra de las finanzas ilícitas del Clan del Golfo dejó en la palestra a la reconocida abogada Consuelo Ibeth Parra Velandia, quien fue capturada y en pocas horas obtuvo su libertad, en medio de una controvertida audiencia de control de garantías.
El caso comenzó el pasado miércoles, cuando el CTI y el Ejército arrestaron a siete personas, presuntamente implicadas en una trama de lavado de activos y enriquecimiento ilícito con los bienes del Clan.
Además de Parra, en la redada cayeron Diego Guerrero Mariño, Yine Arlet Barrantes Bustos, Cristian Uribe Álvarez, Wilson Muñoz Ávila, Andrea Ballestas Caro y Sergio Páez Pedraza. También se realizaron 18 allanamientos en distintas ciudades y embargaron 320 bienes valorados en $300.000 millones.
El enredo surgió al día siguiente en la audiencia de garantías, ante el Juzgado 56 Penal Municipal de Bogotá, que declaró las capturas ilegales, argumentando que se había vencido el plazo de 36 horas entre las detenciones y la diligencia de legalización de las mismas. También expuso que por la hora en que los procesados fueron llevados al estrado, no podía continuar la diligencia, pues sobrepasaría su turno laboral, que terminaba a las 5:00 p.m.
La fiscal del caso, adscrita la Dirección de Lavado de Activos, apeló y expuso que “la conclusión que queda de haber escuchado una decisión así, es que la señora juez simplemente está inconforme porque la Fiscalía la hizo trabajar por fuera de su horario laboral”. La apelación será resuelta por un juez de segunda instancia, y mientras esto sucede, todos quedaron libres.
¿Quién es la famosa abogada?
Parra se inició en el mundo de la justicia como agente del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía en Villavicencio, a principios del 2000, pero se retiró para trabajar con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Desplegó sus conocimientos en Derecho en favor del bloque Centauros, que delinquía en los Llanos Orientales. En sus filas conoció a dos de sus futuros clientes: los comandantes paramilitares Daniel Rendón Herrera (“don Mario”) y Dairo Úsuga David (“Otoniel”).
Fue tal su compenetración, que en 2005 se desmovilizó como integrante del bloque. Varios de sus antiguos compañeros del CTI quedaron asombrados cuando la vieron en la lista de los reinsertados.
Fuentes judiciales señalaron que en 2012 asumió la defensa jurídica del extraditado Diego Murillo Bejarano (“don Berna”), el antiguo inspector de las AUC, quien desde su lugar de reclusión en EE.UU. aceptó participar en las versiones libres de la ley de Justicia y Paz.
Durante esas sesiones, en las que recibió la asesoría de Parra, “don Berna” confesó su participación en crímenes de alto impacto, como los asesinatos del humorista Jaime Garzón, el abogado Jesús María Valle y 12 agentes del CTI de Medellín; así como los secuestros de los políticos Piedad Córdoba y Guillermo Valencia Cossio, cometidos entre 1995 y 2003.
Según fuentes judiciales, el Gobierno de EE.UU. le suspendió la visa en 2013, por lo que no pudo seguir representando a “don Berna” en el exterior. Después lideró la defensa de “don Mario”, durante un par de audiencias en las que cooperó con la Fiscalía, confesando crímenes cometidos durante su jefatura financiera en el bloque Centauros.
A medida que aumentaba su fama en el gremio judicial, también lo hacía su transformación física. Algunos colegas señalaron que se hizo un cambio extremo, quedando muy distinta a la imagen de su reseña de reinsertada.
En 2017 se convirtió en la asesora del Clan del Golfo para los acercamientos de paz con el Gobierno de Juan Manuel Santos, que finalmente se suspendieron cuando llegó al poder Iván Duque.
Por esa época también fue la defensora de Carlos Tuberquia (“Nicolás”), el subcomandante del Clan, quien delató a varios de sus excompañeros, entregó armas y bienes, en el marco de un proceso de cooperación judicial, antes de ser condenado a 20 años y extraditado en 2022.
Según fuentes de Inteligencia, cuando “Otoniel” fue enviado a una cárcel estadounidense ese mismo año, la abogada perdió el respaldo de una línea de mando dentro de la organización y el nuevo jefe, Jobanis Ávila (“Chiquito Malo”), la mandó a amenazar.
Incluso le habría cobrado una millonaria suma de dinero por los bienes que había entregado su defendido “Nicolás”. Por tal motivo, Parra tuvo que pedir escoltas.
Tras la decisión de la juez 56 de garantías, ella y los demás procesados están a la expectativa de la apelación. Su defensor Iván Cancino sostuvo que ella es inocente.
