La avalancha de recusaciones contra varios senadores de la Comisión Séptima, en cuyas manos está el futuro de la reforma a la salud, promete dejar en veremos una vez más el debate citado para este martes.
Si bien hoy nueve de los 14 integrantes de la Comisión permanecen firmes en apoyar una ponencia de archivo –lo que implicaría el hundimiento del proyecto–, algunos fueron recusados por supuestos conflictos de intereses que los apartaría de la discusión.
Según la denuncia, interpuesta por el senador petrista Wilson Arias (Pacto Histórico), supuestamente las organizaciones políticas a las que pertenecen algunos de ellos “recibieron más de $640 millones en donaciones de empresas extranjeras y dueñas de EPS (entidades promotoras de salud) en año electoral”.
Detrás de la avalancha de las recusaciones estaría una estrategia de sectores gobiernistas para que la votación de la ponencia de archivo ya no sea con los 14 senadores, sino que se logre apartar a algunos y solo se decida con 10, lo que daría mayor margen de maniobra al Ejecutivo, según contaron fuentes a EL COLOMBIANO.
En este contexto sobresale otra célula legislativa clave: la Comisión de Ética del Senado. Tal como lo establece la Ley 5 –que regula el funcionamiento del Congreso–, las recusaciones deben ser resueltas por ese organismo, que será el llamado a determinar una eventual causal de impedimento de algún congresista que lo obligue a apartarse de un debate.
En medio del crispado ambiente político, atizado por la polarización y resistencia que genera la reforma a la salud, desde ya las miradas están puestas en la conformación de esa comisión y en la imparcialidad de sus integrantes.
Quien la preside es nada menos que la senadora Isabel Cristina Zuleta, del Pacto Histórico, una de las congresistas más incondicionales al gobierno de Gustavo Petro. Justamente, la senadora ya citó para el próximo jueves 4 de abril una sesión para comenzar a resolver las recusaciones. El vicepresidente de la Comisión es el conservador Miguel Ángel Barreto.
A esta célula legislativa pertenece además Martha Isabel Peralta Epieyu, otra senadora del Pacto y quien preside justamente la Comisión Séptima. De hecho, la recusación que pesa en su contra es una de las que figura de primera en el orden del día de la sesión de la Comisión de Ética.
En el ramillete de congresistas se cuenta además el conservador Carlos Andrés Trujillo, considerado el puente que en su momento permitió unir a los godos con el Gobierno al punto de que el partido se declaró oficialista, aunque después migró a la independencia.
Adicionalmente, el paisa Juan Diego Echavarría (Partido Liberal), cercano al exsenador Julián Bedoya, quien es considerado aliado de Petro. Finalmente, en el ala gobiernista de la Comisión se cuenta Imelda Daza Cotes, del partido Comunes (antes Farc).
Sin embargo, en ese órgano legislativo también se destacan férreos opositores al Ejecutivo, arrancando por el senador Jota Pe Hernández, de la Alianza Verde, así como Andrés Felipe Guerra (Centro Democrático) y Carlos Abraham Jiménez (Cambio Radical).
Por último, en la independencia figuran el senador John Jairo Roldan (Partido Liberal) y Julio Elías Chagüi Flórez, del Partido de la U.
Así las cosas, de 11 senadores de la Comisión de Ética, al menos cinco podrían considerarse de Gobierno. En la oposición apenas tres y en la independencia –que sin duda serán los llamados a inclinar la balanza–, sobresalen los tres restantes. Es decir, en manos de Miguel Ángel Barreto, John Jairo Roldan y Julio Elías Chagüi definir si las recusaciones tienen lugar o no.
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