En una tienda de barrio, una libra de arroz se puede conseguir por $1.520, pero, por la misma libra la Gobernación de Arauca pagó $3.241. Una botella de aceite de un litro vale $6.570 y, sin embargo, la entidad desembolsó $10.407 por el mismo producto. Algo similar ocurre con una libra de café: mientras que en la tienda cuesta $7.490, en Arauca dieron $13.695.
Las cifras hacen parte de un contrato de la gobernación para “suministro, logística y entrega de kit de ayuda alimentaria”. En total, el contrato tiene un valor de $4.999 millones y beneficiará a 33.437 familias, recibiendo cada una un mercado de $150.000.
Para defender el aumento de los precios de hasta casi el doble en algunos de los productos, la Gobernación explicó que “los costos se elevan porque el operador debe llevar los kits a cada una de las familias del departamento de Arauca”, que tiene 7 municipios.
Sin embargo, esta y otras situaciones han puesto a las entidades de control en alerta. Ayer, la Procuraduría y la Contraloría emitieron un comunicado conjunto en el que informaron que ya están vigilando de cerca los $14,8 billones destinados por el Gobierno Nacional para atender la crisis generada por la pandemia.
A través del pronunciamiento, ambas entidades manifestaron que han puesto la lupa en cómo se manejará ese dinero, en particular, para la compra de mercados con precios superiores a los normales, si se entregan mercados con fines políticos, si hay contratos publicitarios, si los kits no se entregan todos, entre otros.
Señalaron que “están vigilando y garantizando el uso eficiente de los recursos públicos disponibles para mitigar, contener y subsanar los efectos negativos del coronavirus, por lo que sancionarán el mal uso de esos fondos”.
Una alerta cantada
Desde antes de que se conociera tanto el comunicado de la Contraloría y la Procuraduría, como el contrato de la Gobernación de Arauca, ya había preocupaciones sobre la necesidad de vigilar esos recursos.
Una de las primeras alertas la hizo Transparencia Internacional, que señaló que hay cinco riesgos en toda Latinoamérica: transparencia y datos abiertos, administración de los recursos, rendición de cuentas, garantizar la competencia económica y seguimiento al gasto público durante contingencia mayor.
Como le explicó a EL COLOMBIANO Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, en el país “hay muchos riesgos en la medida en que, debido a la emergencia, los controles y los requisitos tradicionales se transforman para darle inmediatez a la gestión pública, lo que hace que el escenario de contratación, que ya traía riesgos, sea mucho más vulnerable”.
Hernández resumió en tres grandes grupos los peligros de corrupción, que se asemejan a los que investigan las entidades de control: primero, que las contrataciones “a dedo” no respondan a las necesidades de la emergencia; segundo, que los precios de lo que se compre se distorsionen, así esto responda a dinámicas del mercado, y, tercero, que no se sepa con quién contrata el Estado.
Colombia Compra Eficiente, la plataforma mediante la cual se realizan contrataciones con el Estado, también ha estado al frente del asunto.
José O’Meara, director de dicha entidad, explicó que se han tomado varias precauciones para controlar y vigilar cómo se mueve la plata. También aseveró que hay sanciones definidas a quienes cometan actos de corrupción.
“Los proveedores que venden bienes y servicios para mitigar la pandemia harán parte de la Tienda Virtual para que las entidades públicas tengan un link de vendedores de todos estos bienes y, a su vez, los empresarios sepan qué entidades están requiriendo dichos productos. Así evitamos esas cadenas de chats donde se dice ‘tengo 50.000 tapabocas a la venta’ y por otro lado a los funcionarios diciendo ‘no conseguimos productos’”, apuntó O’Meara.
La alerta, en todo caso, ya está. Incluso el procurador Fernando Carrillo señaló ayer que están investigando 2.017 contratos ya firmados. Pero solo el tiempo dirá si las precauciones para evitar que la corrupción infectara al coronavirus fueron suficientes.
2.017
contratos están siendo investigados, dijo el procurador Fernando Carrillo.
