Las frecuentes salidas en falso del presidente Gustavo Petro, sus ataques a diestra y siniestra contra la clase política, la oposición y otras ramas del poder, así como las flaquezas de su Gobierno en materia de ejecución y gestión, terminaron pasándole una onerosa factura este semestre legislativo.
El balance para el Ejecutivo en el periodo parlamentario que arrancó el pasado 20 de julio y que se extenderá hasta este jueves –por cuenta de las sesiones extraordinarias para discutir la reforma a la salud–, es cuando menos agridulce; sin embargo, a la hora de hacer la evaluación de fin de año lo que persiste es un dejo de descalabro y zozobra.
No solo terminaron naufragando proyectos del calibre de la reforma política o la tributaria –aún hay que esperar la suerte de la reforma a la salud en su versión 2.0–, sino que Petro terminó enfrascado en una discusión de alto calibre con el presidente del Senado, Efraín Cepeda.
En medio, se terminaron colando proyectos como el del Sistema General de Participaciones (pero que solo operará cuando se apruebe otra ley), el transfuguismo que, según organismos expertos, representa un riesgo para la democracia, mientras que otros, como el de paridad en corporaciones públicas, el que castiga la inasistencia parlamentaria o el que establece requisitos mínimos para ocupar altos cargos del Estado, terminaron hundidos sin pena ni gloria. Este es el balance y el desafío con miras a 2025.
Del “golpe blando” al “golpe parlamentario”
La mejor manera de medirle el termómetro a la relación entre Ejecutivo y Legislativo es repasando los recientes choques entre el presidente Petro y el presidente del Senado. Recién este martes, tras el hundimiento de la reforma política y los reproches del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, Cepeda recordó que el proyecto “llegó tarde para su discusión”, al tiempo que alegó que el Gobierno pretendía aprobar “una reforma a ciegas y que acogiéramos el texto de la Cámara”.
Por ello, lanzó un mensaje frontal a Casa de Nariño: “El Gobierno no puede seguir imponiendo su voluntad ni esperando un arrodillamiento del Congreso. Mientras yo esté en la Presidencia, no lo voy a permitir, porque éste es un poder público absolutamente independiente”.
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En respuesta, Petro acusó a Cepeda de frenar el debate democrático y le pidió no terminar su vida parlamentaria como rémora de la historia: “si quieres ser presidente, no lo busques a través del golpe de Estado: te odiaría el pueblo colombiano”, alegó el mandatario en referencia a la supuesta tesis que ha venido pregonando el mandatario alrededor de la cual una vez destituido, asumiría el presidente del Senado.
No obstante, Petro fue más allá. Al referirse al proceso que avanza en su contra en el Consejo Nacional Electoral (CNE) por presunta violación de topes electorales, indicó que en 2025 se concretará “el golpe parlamentario”, por lo que instó a sus barras bravas a “defender el voto popular”.
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“El año entrante tendremos el golpe parlamentario. Buscaré impedirlo para tranquilidad de la sociedad. Si sobreviene, el pueblo debe estar listo a defender el voto popular”, señaló.
Declaraciones de este calibre llevaron a Cepeda a divulgar un video ratificando que es un demócrata y que “jamás impulsaría un golpe de Estado o cualquier vía de hecho”. Incluso, sostuvo que jamás ha empuñado un arma, ni ha descalificado a otras ramas del poder “por tomar decisiones adversas a mi querer, ni mucho menos interpretar un trámite congresional legal como un golpe de Estado”.
Por todo esto, el presidente del Senado le pidió a Petro mesura y entender que “la separación de poderes existe y la vamos a defender porque no creemos en el unanimismo ni en el mesianismo”.
En el video, Cepeda hizo mención a congresos de países como Cuba, Venezuela o Corea del Norte, advirtiendo que son parlamentos que no se necesitan ni se quieren en Colombia: “necesitamos un Congreso libre, autónomo, con capacidad de decidir sin presiones ni amenazas”.
Su partido, el conservatismo, cerró filas a su alrededor y llamó la atención por una campaña de desprestigio y ataques al Congreso por parte de Petro: “Se han convertido en una narrativa constante, para desviar la atención del país ante graves situaciones como la falta de ejecución del Gobierno, la pérdida de seguridad en las regiones y la difícil situación económica”.
Petro se limitó a responder con un mensaje ante la pulla de Cepeda: “Empuñas las peores armas senador Cepeda. Las armas que permiten que los niños por miles se mueran de hambre”.
Proyectos económicos, el punto de quiebre
Sin lugar a dudas, el trámite de iniciativas de corte económico puso al descubierto las flaquezas del Gobierno en su maltrecha relación con el Congreso. El preludio de la avalancha fue lo ocurrido con el proyecto del Presupuesto General, que establecía un monto de $523 billones, pero que se hundió estrepitosamente por falta de concertación en septiembre.
El presupuesto, que fue sancionado por decreto, naufragó no solo por estar desfinanciado, sino ante la falta de acuerdos y concertación en las comisiones económicas. Además, hechos como un recorte del 77 % en el presupuesto de la Registraduría –es decir, alrededor de $2,5 billones previo al año electoral– levantaron roncha y desencadenaron rupturas irreconciliables.
Aunque la aprobación del presupuesto de regalías para 2025 y 2026 supuso una tregua, las fricciones y fracturas quedaron al desnudo a principios de diciembre, cuando se hundió de manera categórica la reforma tributaria.
La iniciativa, que buscaba recoger $9,8 billones para hacerle frente al desfinanciamiento del presupuesto, recibió los santos óleos por parte de las comisiones económicas. Una vez más, la falta de concertación y los alrededor de $92 billones del presupuesto actual de 2024 no ejecutados terminaron por colmar la paciencia de los congresistas.
Si bien el nuevo ministro de Hacienda, Diego Guevara, atizó los ánimos al asegurar que se negaron “las posibilidades de inversión”, mientras que el director de Prosperidad Social, Alexander López, llegó a condicionar los recursos para obras como el metro de Bogotá, la estocada la dio el propio presidente, quien sostuvo que su Gobierno cortará relaciones con las comisiones económicas.
“Finitó, se acabó, no tienen ya nada más que hablar con nosotros ni nosotros nada qué esperar de ellos (...) ya veremos cómo nos defendemos”, expresó Petro en plaza pública desde Cartagena.
No obstante, los reclamos del mandatario fueron más allá. Desde Barranquilla, calificó de “malditos” a los congresistas que hundieron el proyecto: “Maldito el parlamentario que a través de las leyes destruye la prosperidad de su propio pueblo”, dijo, lo que desató el rechazo de partidos y crispó aún más los ánimos entre Congreso y Casa de Nariño.
“No trataremos de maldito al gobernante que por sus ideas deferentes y creencias pasajeras lleve a Colombia al retroceso, lo cuestionamos y lo derrotaremos en democracia”, manifestó el Partido Liberal, mientras que desde los conservadores advirtieron que Petro se equivoca “cuando trata de llevar un debate tan serio como el futuro fiscal del país, al terreno de las descalificaciones, los argumentos de persecución política y la confrontación social”.
Las otras reformas, en jaque
Aún con la herida abierta del hundimiento de la reforma tributaria, el Gobierno Petro sufrió otro revés al filo del cierre de sesiones ordinarias este lunes 16 de diciembre: también hubo un no a la reforma política que promovía el ministro Cristo.
Aunque el funcionario se puede jactar de haber tramitado con éxito la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) –lo que para algunos sienta las bases de una eventual candidatura presidencial bajo el discurso de la descentralización y la autonomía territorial–, el problema es que solo funcionará cuando se apruebe otra ley, y por otro lado, lo ocurrido con la reforma política deja al descubierto las costuras en la relación con el Congreso.
Se trataba de un proyecto ideado para garantizar la financiación 100 % estatal de las campañas, consagrar listas cerradas con paridad de género y –particularmente– la elección independiente de los magistrados del CNE.
La iniciativa alcanzó su tercer de ocho debates y enfrentaba la esquiva plenaria del Senado, pero por falta de quórum la sesión del lunes se levantó y no hubo debate, lo que implicó el archivo del proyecto.
“La mesa directiva del Senado la puso en octavo lugar. Pasaron ocho horas de sesión plenaria. No fue posible siquiera debatirla. Me parece que es una costumbre que hay que revisar de la mesa directiva. No se permitió siquiera votarla”, reclamó el ministro en alusión directa a Cepeda.
En el entretanto, quedó en veremos la reforma laboral, y de hecho, solo hasta el cierre de sesiones fue radicada su ponencia para tercer debate en la Comisión Primera del Senado. El proyecto permaneció casi dos meses en el congelador tras su aprobación en la Cámara en octubre pasado.
No menos alentador es el panorama para la reforma a la salud, iniciativa para la que el Gobierno citó a sesiones extraordinarias entre martes y jueves. El proyecto avanza en segundo debate en la plenaria de la Cámara. Sin embargo, una avalancha de impedimentos y advertencias de antaño tienen frenada la discusión.
La zozobra es tal que en la sesión de este martes el Ejecutivo echó mano de cuatro ministros –Guillermo Alfonso Jaramillo (Salud), Cristo (Interior), Andrés Camacho (Minas) y María Constanza García (Transporte)– para meterle presión a los congresistas.
“Me voy a reunir con los congresistas para no desbaratar el quórum”, reconoció sin sonrojarse la ministra de Transporte, con todo y que el despacho que dirige no tiene una relación estrecha con el sector salud.
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Para el profesor Yann Basset, director del Grupo de Estudios de la Democracia de la Universidad del Rosario, este tipo de dificultades para el Gobierno se acentuarán a medida que llega el año electoral, pues tanto el oficialismo como la oposición tienen los ojos puestos en las elecciones, y eso impide el margen de negociación.
“No hay mucho qué hacer. El Gobierno está entrando en su último año útil. Está empezando la campaña electoral y los congresistas van a pensar más en su reelección que en asuntos de Gobierno. Por lo tanto, va a ser cada vez más difícil tramitar sus proyectos. A medida que pasa el tiempo se vuelve más difícil para Petro y eso se evidenció con el tema del Presupuesto”, explicó Basset a EL COLOMBIANO.
Transfuguismo se sigue abriendo paso
Al filo del cierre legislativo no pasó desapercibido un proyecto que representa sendos réditos para los actuales congresistas: el que da vía libre al transfuguismo, ideado para que congresistas, diputados, concejales y ediles puedan cambiar de partido por única vez sin sanción alguna.
La iniciativa fue aprobada en el cuarto de sus ocho debates e incluso había sido montada en la reforma política que terminó naufragando; sin embargo, de manera independiente el proyecto sigue su curso.
En un informe divulgado este martes, la Misión de Observación Electoral (MOE) insistió en que este tipo de iniciativas “personalizan la política, debilitan a los partidos y defraudan a los electores”.
El organismo ha reiterado que el transfuguismo no solo debilita la democracia representativa, sino que también pone en riesgo la disciplina partidaria, dificulta la consolidación de un sistema político estable y socava la confianza de los ciudadanos en sus instituciones democráticas.
Pese a esas alertas, la iniciativa sigue a flote. Sus ventajas saltan a la vista: los funcionarios elegidos por voto popular tendrán licencia para cambiar de partido sin renunciar a sus cargos ni incurrir en doble militancia, “siempre que se realice un mes antes del inicio de la inscripción de candidaturas”, recordó la MOE.
Algunos de los que se podrían ver beneficiados con la iniciativa serían los senadores Inti Asprilla, que permanece en la Alianza Verde pero tiene marcada tendencia petrista; Jota Pe Hernández, quien parece más cercano a sectores de centro-derecha; el expresidente de la Cámara, Andrés Calle, que hace parte del grupo de liberales disidentes de César Gaviria y podría migrar al petrismo; o los también representantes Martha Alfonso o Santiago Osorio, de los verdes, que también podrían dar el salto al Pacto Histórico.
El representante Carlos Ardila defendió que el proyecto promueve la libertad política; no obstante, para el profesor Basset es evidente que este es popular para congresistas que “generalmente son muy poco leales a sus partidos”.
