En medio de una controversia de alto nivel entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, varias decisiones tomadas de forma “express” tienen en vilo a la comunidad de colombianos residentes en el exterior, afectando, particularmente, a quienes fueron deportados por la administración de Donald Trump y ahora enfrentan la negativa de ingresar a Colombia por razones calificadas como de “dignidad”.
“Desautorizo la entrada de aviones norteamericanos con migrantes colombianos a nuestro territorio”, posteó el mandatario colombiano, argumentando que el gobierno Trump “debe establecer un protocolo de tratamiento digno a los migrantes antes de que los recibamos nosotros”, informó el mandatario en su red social X.
Horas más tarde, el Gobierno Petro informó que dispuso el uso del avión presidencial para facilitar el regreso de estos connacionales al país y dar cumplimiento al proceso de deportación.
“El Gobierno de Colombia, bajo la dirección del Presidente Gustavo Petro, ha dispuesto el avión presidencial para facilitar el retorno digno de los connacionales que iban a llegar hoy al país en horas de la mañana, provenientes de vuelos de deportación. Esta medida responde al compromiso del Gobierno de garantizar condiciones dignas”, informó Presidencia.
Sin embargo, es importante destacar que en el avión presidencial En caben 54 pasajeros, pero solo en los dos vuelos que había enviado Trump en la mañana de este domingo venían 160 colombianos y son miles los que el presidente norteamericano prometió deportar.
No permitir el aterrizaje del avión con los colombianos deportados, en la madrugada de este domingo 26 de enero, ha sido calificada como una medida de violación a los derechos humanos de estas personas. Ante esta situación, el Gobierno se sintió obligado a aclarar que “de ninguna manera los colombianos, como patriotas y sujetos de derechos, han sido ni serán desterrados del territorio nacional”.
Para atender la situación humanitaria, se confirmó la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) sobre migración en el que participarán representantes de la Defensoría del Pueblo, la Cancillería y la Presidencia de la República.
“Este espacio tiene como objetivo establecer y revisar protocolos que aseguren el trato digno de los colombianos deportados, garantizando que los procedimientos respeten los derechos humanos y la integridad de cada persona.”, añade el Gobierno.
En el cruce de decisiones diplomáticas, Colombia afirma que mantiene “conversaciones activas con el Gobierno de los Estados Unidos, buscando acuerdos que aseguren condiciones mínimas de respeto y trato digno para los compatriotas durante los procesos de deportación, reconociéndolos como sujetos de derechos”.
